La desaparición del activista brasileño Bruno Pereira y el periodista inglés Dom Phillips, ocurrida en el Valle del Yavarí en el Estado de Amazonas en Brasil, pone en el centro de la atención internacional la violencia creciente que enfrentan los defensores de derechos humanos ambientales y de las comunidades indígenas. Luego de una semana de haber desaparecido durante un viaje en canoa por el río Itaquaí con el objeto de documentar los problemas de destrucción ambiental y la situación de las comunidades indígenas que enfrenta esa zona de la Amazonía, cada día que pasa se reducen las posibilidades de encontrarlos con vida.
El Valle del Yavarí destaca por la riqueza de su biodiversidad como por su condición de reserva indígena en la cual múltiples comunidades viven aisladas o mantienen muy reducidos contactos con el mundo exterior. Lo cual no ha evitado la penetración de grupos criminales dedicados al saqueo de recursos naturales, la tala ilegal de flora y fauna silvestre. La información disponible hasta el momento, los reportes de las autoridades y las declaraciones de líderes comunitarios, permiten pensar que la desaparición de Pereira y Phillips es responsabilidad directa de grupos criminales asentados en la zona.
De acuerdo con el último reporte de la organización Global Witness, durante 2020 fueron asesinadas 227 personas defensoras del medio ambiente. Muchas de ellas pertenecían a las mismas comunidades locales o pueblos indígenas directamente afectadas en sus derechos, territorios o formas de vida tradicional por la devastación ambiental o la implementación de proyectos de desarrollo. Crímenes que por sus características no se limitan a la violencia individual, sino que representan la amenaza y el ataque a comunidades locales y pueblos indígenas organizadas para defender sus territorios, reclamar reparación ante daño o contaminación y resistir actividades económicas y criminales basadas en el saqueo y la destrucción de ecosistemas.
Colombia, Filipinas y México ocupan el lugar de horror en la lista de asesinatos de activistas y defensores ambientales, con 65, 30 y 29 asesinatos respectivamente. Sin embargo, cada vez es más evidente que los ataques y asesinatos relacionados con la protección al medio ambiente tienden a incrementarse en América Latina, especialmente en países como Nicaragua, Honduras, Guatemala y Perú. Para poner las cosas en perspectiva, de acuerdo con Global Witness, 3 de cada 4 ataques ocurrieron en el continente americano y 7 de los 10 países con más asesinatos se ubican en nuestra región.
De acuerdo con los mismos datos, 23 asesinatos se relacionan con la explotación forestal, 20 con problemas relacionados con el agua, 17 con la minería, 17 con sustitución de cultivos ilegales, 17 con la agroindustria y 12 con problemas de reforma agraria, principalmente. En todos los casos queda de manifiesto que se incrementa la presencia de organizaciones criminales dedicadas a la explotación mercados de flora, fauna y recursos naturales en forma ilegal, aunque operando con la complicidad o al menos negligencia de las autoridades locales.
Si bien los ataques y asesinatos de activistas y defensores ambientales es más que común y creciente en la región, la desaparición de Pereira y Phillips se ha traducido en indignación internacional y en una mayor presión para que las autoridades atiendan e investiguen lo ocurrido en forma expedita al involucrar ahora violencia en contra de un periodista inglés. Pero no todas las víctimas tienen la misma suerte y no en todos los casos se visibiliza la violencia, mucho menos se tiene la disposición oficial a abrir investigaciones y castigar a los culpables.
El crimen ambiental y las prácticas extractivas ilegales están marcadas por la impunidad y los conflictos de interés que involucran lo público, lo privado y la esfera criminal. Si bien nuevos instrumentos regionales como el Acuerdo de Escazú tienen como parte de sus objetivos garantizar la protección y la seguridad de los defensores ambientales, aunque esto no se podrá lograr mientras los Estados no asignen recursos suficientes para proteger el medioambiente, garantizar el derecho a un medio ambiente sano y, especialmente, generar las capacidades institucionales para ello. Estados débiles, sin capacidades institucionales y corrompidos hasta la médula difícilmente podrán articular una respuesta pública efectiva ante la crisis ambiental y la violencia asociada con la explotación ilegal de recursos naturales.