En el contexto político que hemos vivido en los últimos meses, en el que supuestamente no hemos estado en campaña pero donde todos hacen campaña permanentemente, el debate público comienza a enmarcarse por críticas a las acciones y resultados de gobierno y las consiguientes propuestas alternativas. Temas como inseguridad, educación, salud, desempeño económico, política fiscal, corrupción o el rol de las fuerzas armadas ocupa en gran medida el centro de la agenda pública, por supuesto, cuando los bailes en tik-tok y demás ocurrencias campañeras lo permite.
El tema ambiental se ha mantenido en un segundo plano y es de esperar que no se proponga mucho más allá de las críticas al Tren Maya o la reafirmación de nuestra dependencia a los hidrocarburos. Esto es sumamente preocupante considerando que la reducción sistemáticamente del presupuesto para el sector a lo largo de una década, se ha traducido en destrucción de capacidades institucionales para proteger el medio ambiente, cumplir los compromisos adquiridos en tratados internacionales, contener el impacto de pérdidas y daños catastróficos y garantizar efectivamente el derecho al medio ambiente sano establecido en la Constitución y reconocido como derecho humano universal por la Asamblea de las Naciones Unidas.
La plataforma de los candidatos requiere integrar propuestas factibles en materia ambiental y climática que sean medibles, verificables, reportables y justas para las personas y comunidades. Dejo algunas preguntas que tendrían que responder las candidatas a la presidencia y las alianzas que las postulan:
¿En cuánto van a incrementar el presupuesto anual para el sector? En caso contrario, ¿consideran que con los recortes presupuestales permiten operar una política ambiental y climática efectiva?
¿Cómo impulsar una mejor coordinación en la materia entre los tres órdenes de gobierno?
¿Cuánto dinero tienen pensado dirigir a la investigación científica relacionada con la protección ambiental y los efectos del cambio climático?
¿Van a respetar la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental en sus proyectos de obra pública y cumplir sus conclusiones para prevenir, mitigar y restaurar daños potenciales?
¿Qué acciones piensan implementar para garantizar el cumplimiento de los compromisos de mitigación adquiridos en el Acuerdo de París hacia 2030, el año del fin de su mandato?
¿Cómo van a impulsar programas de adaptación más efectivos y justos ante las consecuencias inevitables y regionalmente diferenciadas del aumento en la temperatura?
¿Qué acciones van a implementar para garantizar seguridad hídrica y alimentaria en todo el país?
¿Incluye su agenda impulsar un modelo de desarrollo ecológico resiliente como lo propone el IPCC? ¿Cuáles son sus ejes rectores, acciones centrales y agenda de implementación gradual?
Después de lo ocurrido en Acapulco, ¿cómo van a impulsar enfoques más eficientes para prevenir riesgos catastróficos, contener pérdidas y daños, reducir la vulnerabilidad a la que está sujeta la población y financiar procesos de reconstrucción y transformación resilientes?
¿Cuál es su agenda para reducir los ataques y asesinatos contra activistas y defensores ambientales y para proteger a las comunidades ante la extensión de organizaciones criminales a los mercados de bienes naturales?
¿Cómo van a proteger a las comunidades y pueblos indígenas ante prácticas extractivas rapaces y actos orientados al despojo territorial?
¿Cómo van a atender y proteger los derechos de los migrantes y desplazados ambientales nacionales y provenientes de otras regiones?
Solo algunas interrogantes que tendrían que estar en el centro del debate de las campañas, respuestas que los ciudadanos tendríamos que exigir.
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