En el prefacio de su nuevo libro Crises of Democracy, Adam Przeworski realiza una serie de reflexiones importantes. Señala el autor que las razones que explican la preocupación generalizada sobre la crisis democrática en realidad son más graves de lo que se desprende de los eventos que cotidianamente observamos. El deterioro de la calidad de la vida pública y el desencanto democrático involucra condiciones políticas, económicas, sociales y culturales muy profundas. Esto implica que, aun cuando algunos de sus efectos más claros no hubieran ocurrido, como el triunfo de Trump o el Brexit, los problemas de fondo estarían ahí y quienes estuvieran al frente de sus gobiernos tendrían que hacer frente a la insatisfacción social.
Este diagnóstico también aplica para el caso mexicano. La degeneración de la vida pública, el descrédito de nuestras instituciones, los muy altos niveles de corrupción e impunidad, así como la insatisfacción con los resultados de las políticas públicas, reflejan problemas políticos, económicos, sociales y culturales profundos. Todo sumado al efecto destructivo provocado por gobernantes irresponsables, negligentes o francamente ineptos.
El triunfo de AMLO en 2018 se explica en parte como resultado de la insatisfacción social con los resultados de la democracia, descrédito de instituciones y el comportamiento irresponsable de la clase política. Digo en parte, porque también es cierto que alrededor de 34% de los electores votaron por AMLO en elecciones anteriores, lo que refleja también que un tercio del país coincide en su propuesta de gobierno.
De haber ganado las elecciones alguna de las otras opciones, los problemas de fondo aún estarían ahí. No sabemos cómo habrían gobernado Anaya o Meade, aunque algunos pueden considerar que tal vez mejor o al menos con una menor incertidumbre que la provocada por el estilo personal de gobernar de AMLO y el sentido discrecional que han tomado muchas de sus decisiones. Sin embargo, no es claro que los síntomas profundos de nuestra crisis hubieran sido atendidos en forma distinta o con mayor efectividad de como ha venido ocurriendo en las últimas dos décadas. Muy probablemente tendríamos un escenario político más predecible y menos turbulento, pero también las inercias, los compromisos y los pactos de impunidad se hubieran impuesto a las soluciones de fondo.
Y esto es algo que nuestra oposición requiere entender y no lo hace. No basta con señalar los errores o decisiones equivocadas del gobierno, necesita definir un programa político que ofrezca soluciones razonables en el mediano plazo para responder a los problemas y condiciones de fondo que están detrás de nuestra crisis democrática. Más allá de posiciones reactivas o discursos críticos, un programa alternativo relevante y viable brilla por su ausencia en la oposición.
Pero lo mismo aplica para el gobierno. Lo que hemos visto en los últimos años ha sido el ascenso de gobernantes que fueron capaces de construir un imaginario alternativo a la política predominante o que tuvieron la habilidad, o la falta de escrúpulos de manipular las emociones y el fastidio ciudadano. Independientemente de ello, quienes gobiernan están obligados a dar soluciones a problemas públicos muy complejos, pero también a atender las causas sociales profundas que explican su propia llegada al poder. Si también fallan, como se comienza a percibir en algunos ámbitos de la política pública, ¿cuál es la alternativa política que queda en el futuro próximo?
Los ciudadanos que votaron por Morena lo hicieron con la esperanza de ver un cambio de fondo en un país marcado por profundas desigualdades, roto por la violencia y la inseguridad, hundido en corrupción e ineptitud gubernamental. El dilema para AMLO es pasar del discurso de la esperanza y de la afirmación de buenas intenciones políticas, a una agenda de reformas institucionales, rendición de cuentas e intervenciones a política pública que permitan alcanzar resultados sociales más justos e incluyentes. Ojalá lo entiendan a tiempo.