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Jonathan Nácar

Una caída del 20% del valor de los autos usados nacionales, aunado a un desplome del 39 por ciento en ventas en el mercado nacional, además del riesgo de pérdida de empleos para alrededor de dos millones de personas son algunas de las consecuencias que la iniciativa privada advierte sobre la regularización de los llamados autos “chocolate” que este miércoles reiteró el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

“Se van a regularizar porque se usan a veces para cometer ilícitos y no hay un registro; entonces, los vamos a regularizar todos, se va a dar un permiso, se les va a reconocer la posesión del vehículo”, señaló el mandatario al anunciar que el próximo fin de semana firmaría el acuerdo que anunció desde el 27 de junio en Baja California.

Mientras, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores calificó el anuncio —que suma a una veintena de procesos de regularización que se han acumulado desde 1979—, como un golpe al comercio formal al ser “un premio para las mafias”. La Coparmex señaló que la regularización advierte una competencia desleal que impacta “gravemente contra la recuperación de un sector clave para el país”

Tras la confirmación de un nuevo acuerdo en busca de regularizar los autos que han sido importados ilegalmente a México desde Estados Unidos, organismos empresariales advierten un posible uso electoral en busca de votos y aprobación política. 

“Para Coparmex, la regularización de autos ‘chocolate’ anunciada por el presidente representa premiar a la ilegalidad. Es un atentado contra las empresas y los empleos en México en un afán de aprobación política”, subrayó la Confederación Patronal de la República Mexicana.

A través de un comunicado, la organización empresarial advirtió que el acuerdo previsto para firmarse el próximo fin de semana representa una competencia desleal que impacta “gravemente contra la recuperación de un sector clave para el país” como lo es el automotriz. 

Por su parte, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) señaló que además de representar un golpe al comercio formal de automotores, y ante el crecimiento del 84.9% en la importación legal de vehículos usado tan sólo durante el periodo julio-agosto pasado, la puesta en marcha de esta regularización implicaría una caída de alrededor del 20% en el valor de los autos usados nacionales en circulación. 

“Ya sabíamos que es un tema bastante populista en donde lo que pretende (el presidente López Obrador) es ganar votos”, refirió Guillermo Prieto, presidente de la AMDA en entrevista con Imagen Televisión. “Es inadmisible legalizar a contrabando para beneficiar a la mafia que controla el comercio de vehículos”. 

Esta mañana, el presidente López Obrador retomó el tema y refirió que, como parte del acuerdo de regularización, los propietarios de los llamados “autos chocolate” “van a pagar una cantidad no excesiva, justa, porque también hay mucha gente que utiliza esos carros porque no tiene para comprar un carro de agencia y con esos carros llevan a sus hijos a la escuela y llevan a cabo sus actividades”. 

Las declaraciones presidenciales fueron calificadas por la Coparmex como un “cheque en blanco” para la delincuencia, toda vez que el ingreso de estos vehículos representa un acto de evasión fiscal, a través del cual se benefician organizaciones criminales, grupos que promueven la corrupción e incluso la comisión de otros delitos mediante la utilización de esos autos. 

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