Se han cumplido tres años del triunfo del actual gobierno, cuyas ofertas fundamentales fueron “primero los pobres” y el “combate a la corrupción” en todos sus niveles. No una detrás de otra, sino al mismo tiempo, por lo menos eso entendimos muchos.
En esta ocasión me referiré a la segunda de ellas, porque, a mi juicio, es la de mayor importancia en la cabeza de los ciudadanos, ya que venimos de regímenes muy corruptos que han utilizado el apoyo a los pobres como escudo.
Hace tres años nos encontrábamos con la gran oportunidad de un cambio sustancial por parte de gobierno para combatir de manera frontal este cáncer tan difícil de erradicar, no sólo en México, sino en todo el mundo.
Sin embargo, la realidad que tenemos hasta el día de hoy es bastante incierta, por decirlo con palabras amables, por varias razones que parecen inobjetables, en relación con lo que podríamos haber aceptado a partir de diciembre de 2019.
No hay la menor duda de que el inicio de un nuevo gobierno tan decidido en el tema y con las aspiraciones tan sentidas de la gente, iba a ser objeto de ataques permanentes por parte de los beneficiarios de años de corrupción. En ello se jugaba su legitimidad y, según leemos, pero sobre todo escuchamos, ésta se pierde día con día.
Se podría haber aceptado que, dadas las condiciones que el actual gobierno supuestamente enfrentaba en sus inicios, era necesario apresurar las decisiones, y con ello acelerar la adquisición de bienes, materiales y servicios relativos a la obra pública.
Lo que ya es sospechoso es que se continúe con el esquema de crisis o de necesidad urgente, empleando para ello la suspensión de concursos y la hoy muy famosa asignación directa, como nunca se había utilizado en los regímenes llamados neoliberales.
Adicionalmente, este gobierno ha copiado de los estadounidenses las sanciones de su famosa FCPA (en español, Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero), la cual permite negociar los actos de corrupción a cambio de pagar multas y evitar ir a la cárcel. Para los norteamericanos ha sido uno de los negocios del último siglo, porque les permite obtener recursos de empresas que han corrompido en otros países.
Aquí, las autoridades le han llamado “criterio de oportunidad” y varios miembros del sector privado y público se han acogido a este novedoso procedimiento. No obstante, todavía poco sabemos si se ha obtenido alguna reparación del daño por parte de los corruptos, y ya llevamos tres años.
Creo que el gran problema del gobierno en materia de compras y obras es la opacidad; no sólo hacen decenas de adquisiciones oscuras y obras directas sin justificación alguna, sino que además se protege la información por varios años, impidiendo a los mexicanos saber cómo actúa este gobierno en un tema tan sensible.
Un sencillo ejemplo dado a conocer recientemente a través de las redes es la compra de vacunas chinas por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Dicen, y hasta ahora no han desmentido, que las compraron en Singapur a una compañía que se creó dos días después de haber firmado el pedido por parte México. Esto sería gravísimo en caso de ser verdad, comparable con lo que se hacía en los años del siniestro neoliberalismo.
En la actualidad, decenas de personas están pagando cohecho a servidores públicos de todos los niveles, gracias a las asignaciones directas. Además, la mayoría de ellas están reservadas, cuando menos durante cinco años, lo cual se está convirtiendo en el gran talón de Aquiles del gobierno.
O rectifican, o veremos en la próxima administración pública, sea quien sea quien llegue, las denuncias en contra de los actuales servidores públicos, lo cual será una derrota mayúscula para este gobierno.
En resumen, desde el inicio de las disposiciones legales sobre la transparencia, este gobierno se está convirtiendo en el menos transparente.
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