La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) impugnó la primera de cuatro suspensiones definitivas otorgadas por jueces al colectivo #NoMásDerroches.
A través de la dirección General Adjunta de Procesos Contenciosos de la Unidad de Asuntos Jurídicos, la dependencia asumió la representación del presidente de la República.
El pasado miércoles fue presentado el recurso de revisión para la suspensión otorgada el 7 de junio por el Juez Décimo Tercero de Distrito en Naucalpan, Agustín Buenrostro Massieu
Las suspensiones otorgadas al colectivo impiden iniciar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, hasta que no se cuente con estudios normativos, incluyendo el de impacto ambiental.
Y al efecto, expresa los agravios que en su concepto le causa la misma, téngasele promoviendo el medio de impugnación intentado”, señala el documento que da por recibido el oficio.
El recurso de la SCT fue turnado al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito con sede en Naucalpan, Estado de México, “conjuntamente con el original del escrito de expresión de agravios para la substanciación del recurso de mérito”.
Los recursos que ha interpuesto el colectivo para evitar la obra de Santa Lucía argumentan que esta medida cautelar protege tanto el medio ambiente y los bienes que sean considerados patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico ubicados en la zona.
Este recurso también se da luego que jueces federales negaron al colectivo dos suspensiones definitivas, uno de ellos bajo el argumento de que aún no existe ninguna obra en el lugar.
suspensión impgnada
El colectivo #NoMásDerroches ha presentado 147 juicios de amparo a fin de que se revise la legalidad de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, que el proyecto cuente con todos los estudios, dictámenes y permisos en materia ambiental y de seguridad aeronáutica.
Con uno de estos amparos obtuvieron la suspensión definitiva otorgada por el Juez Décimo Tercero de Distrito, aunque esta no prohibe la construcción del aeropuerto y únicamente lo condiciona al cumplimiento de dos requisitos.
El gobierno mexicano necesita el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en el trámite SA-08/2019, para determinar si en la zona existen monumentos arqueológicos que pudieran ser afectados por el nuevo aeropuerto.
También requiere la conclusión del trámite de Manifestación de Impacto Ambiental, que la Secretaría de la Defensa Nacional tramita ante la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental.(Con información de Notimex y Reforma)EM
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