Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró acreditar que los empresarios Rafael y Teófilo Zaga Tawil intentarían evadir su comparecencia judicial, un juez federal rechazó el otorgar las órdenes de aprehensión en contra de los dueños de la empresa Tera Realty, que en 2017 recibió una indemnización del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por 5 mil 88 millones de pesos por la recisión de un contrato.
La dependencia encabeza por Alejandro Gertz Manero acusa a los hermanos Zaga Tawil de un presunto fraude al fisco por mil 82 millones de pesos, derivado de dicha indemnización. Pero el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio Norte, Juan Carlos Ramírez Benítez, consideró que el girar las órdenes de aprehensión en contra de los empresarios dedicados a la venta, renta, hipotecas y gestión de propiedades recaería en un acto desproporcionado, toda vez que el delito que se les imputa no amerita prisión preventiva oficiosa.
La historia se remonta al sexenio pasado, cuando en 2015, aún durante la administración de Alejandro Murat Hinojosa al frente del Infonavit, se acordó con Telra Realty, el desarrollo de un programa de “movilidad hipotecaria”, con el que se pretendía que los derechohabientes del Infonavit que así lo requirieran pudieran cambiar de vivienda, sin haber terminado de pagar su hipoteca. Lo cual implicó que en el periodo de transición cuando el hoy gobernador de Oaxaca iniciaba su campaña, y el David Penchyna Grub asumía como director del instituto, se autorizó el pago de 5 mil 88 millones de pesos a los accionistas Zaga Tawil.
Por lo que mayo de 2017, ya en la administración de Penchyna Grub se decidió rescindir anticipadamente el contrato por decisión del del Consejo de Administración del Infonavit, e indemnizar en consecuencia a Telra, lo cual quedó acreditado en agosto del mismo año.
En febrero de este año, el actual director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez reveló que desde enero de 2018, el organismo había presentado una denuncia ante la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto fraude en los contratos con Telra Realty, y con base en la denuncia de ese posible quebranto al organismo fue que la FGR puso en la mira a los hermanos Zaga Tawil, así como a sus socios los empresarios André y Max El-Mann Arazi, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó la información de los principales accionistas del Fibra Uno, y la querella seguida por la Fiscalía de Gertz Manero pidió el congelamiento de cuentas de los empresarios involucrados.
Derivado de la indagatoria que desde principios de marzo llevaba la UIF al respecto, en abril de este año se dio a conocer la denuncia contra los hermanos Zaga Tawil, debido a una serie de transferencias para efecto de que el Infonavit pagara por la rescisión de un contrato a Telra en la que se presumía un presunto fraude al fisco por más de mil 82 millones de pesos.
Ante esta situación, la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó dos acusaciones en razón de contribuciones no pagadas en 2017, cuando se acreditó dicho pago, y particularmente sobre Rafael Zaga, la carpeta de investigación fue iniciada por su probable responsabilidad en la presunta defraudación fiscal de 939.3 millones de pesos por conceptos de IVA e ISR, en relación a dicha operación.
El 10 de febrero pasado, en medio de rumores sobre su supuesta renuncia y la polémica generada en torno a su postura sobre cambiar la tipificación del delito de feminicidio, el fiscal general Alejandro Gertz acudió a la conferencia matutina en Palacio Nacional para entregarle al presidente Andrés Manuel López Obrador un cheque por 2 mil millones de pesos al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.
El fiscal aseguró que la entrega de dicha suma de dinero se derivaba de una “serie de acciones de carácter penal para la recuperación de los bienes de la nación”. Lo cierto es que esos 2 mil millones fue lo que los empresarios El-Mann habrían pagado a la FGR y la UIF como parte de un acuerdo reparatorio a fin de regresar los 5 mil millones de pesos que habían recibido del Infonavit, de acuerdo a los señalamientos públicos hechos por los propios Zaga Tawil al respecto de las presiones y acoso que tanto ellos como sus socios han recibido por parte del titular de la FGR .
Antes de que se desestimara la orden de aprehensión en su contra, Rafael Zaga Tawil, dirigió un oficio al agente del Ministerio Público de la Federación, de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, de la FGR a fin de hacerle llegar los datos de prueba que referentes a las transferencias interbancarias realizadas por el Infonavit a la empresa, que al tratarse de una indemnización por conceptos de daños y perjuicios, refiere el empresario, es un ingreso exento del pago del impuesto sobre la renta.
“El propio Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ha confirmado a esa Fiscalía General de la República que los conceptos plasmados en las declaraciones fiscales correspondientes al ejercicio fiscal 2017, que son materia de la querella presentada en mi contra por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación, son reales, materiales y coinciden con lo expresado en mi declaración que para efectos fiscales consigné ante el Fisco Federal, en el sentido de que sí tienen su origen en una indemnización por daños y por ende son un ingreso exento”.
Bajo el argumento y las pruebas de que el propio Infonavit corroboró los hechos que son materia de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001015/2019, en el sentido de que los pagos realizados a la empresa Telra Reality, S.A.P.I. de C.V., fueron realizados por concepto de indemnización, en la misiva, Zaga Tawil sostiene que la imputación en su contra es “totalmente atípica”, y respecto a la orden de aprehensión en su contra, la cual finalmente ha sido desestimada, sostuvo que se da a sabiendas “de que tengo arraigo a esta Ciudad de México, que me encuentro resguardado en mi domicilio y a que formo parte de un grupo de personas en riesgo o vulnerables ante el virus SARS-COV2”.
En ese sentido, el empresario subrayó que en lo que respecta a su caso, “actué de buena fe y conforme a derecho. Nada va a cambiar la realidad. Yo recibí una indemnización. Solicité confirmaciones de criterio, unas confirmando y otra no, sin ser vinculante”.
Y añadió, “expuse mi punto abierta y previamente al Fisco Federal. No ha lugar a acusar agravio, engaño u ocultamiento, palabras además, ajenas al tipo penal materia del asunto. Me asesoré con tres despachos de primer nivel y se consignó la información total de los ingresos acumulables, y los exentos se declararon como tales. No hay dolo que acusar, y por ello, no hay delito qué perseguir. Y hoy no tengo crédito fiscal alguno”, señala el documento al que ejecentral tuvo acceso.