Jonathan Nácar
En 2001, con la complicidad de las autoridades encargadas de custodiarlo, se fugó Joaquín “El Chapo” Guzmán de la prisión de Puente Grande, Jalisco. Ante las omisiones de funcionarios y carencias de seguridad, 14 años después, en julio de 2015, el capo burló nuevamente la “máxima seguridad” del penal federal del Altiplano, Estado de México. En respuesta, el Gabinete de Seguridad, en voz del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, garantizó una “transformación profunda” del sistema penitenciario. El cambio nunca llegó. Tras la evasión del líder del Cártel del Pacífico, el gobierno federal presupuestó más de 7 mil 118 millones de pesos para comprar equipos y sistemas de inteligencia, seguridad y vigilancia, que garantizaran la seguridad en los penales federales. El plazo ya se venció. Ya se gastaron el 61% de los recursos. Y se reporta en 0% el avance en estos proyectos.
Es decir, “El Chapo” Guzmán fue capturado por tercera ocasión y recluido en las mismas condiciones de vulnerabilidad y sin las medidas de seguridad planteadas para la prisión de la que logró escapar. Y todavía hasta ahora, ante la ausencia de avances en la mejora de infraestructura y equipo, la población penitenciaria en centros federales cuentan con todas las medidas de seguridad.
Un ejemplo claro de ello, es que la Secretaría de Gobernación a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) obtuvo mil 672 millones para un sistema de información de mando y control único para el C4 del OADPRS, que permitiría integrar el manejo de información de voz, datos, imagen y sonido en tiempo real de todas las prisiones federales del país, una de las fallas que el capo Joaquín Guzmán aprovechó para evadir la prisión del Altiplano.
›Ya se gastaron 86% de los recursos, pero reportan un 0% de avance. Por si fuera poco en diciembre del año pasado se venció el plazo para concluirlo.
De los cuatro proyectos de inversión para mejorar los penales federales de máxima seguridad, que en suma implican los siete mil millones de pesos, uno debió iniciar en julio de 2011, en el que se invertirían 267 millones de pesos para homologar las capacidades de inteligencia del Sistema Penitenciario Federal. El plazo se venció el diciembre pasado y no reporta avance alguno.
Desde abril de 2012 iniciaron las ampliaciones y adecuaciones para atender a mil 340 internos en el Cefereso 9 en Ciudad Juárez, donde estaba recluido Guzmán Loera antes de su extradición a Estados Unidos.
Este proyecto debe concluir en 10 meses, pero después de casi cinco años sólo registra un 29.79% de avance, en el que sólo ha ejercido 67 millones 52 mil 712 pesos, de una inversión total de 2 mil 959 millones 111 mil 707 pesos, de acuerdo con a base de datos de Obra Pública Abierta dada a conocer por la Secretaría de Hacienda.
Un penal que tampoco está terminado es el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Morelos. Para su amueblado, equipamiento hospitalario y mantenimiento se destinaron en 2011 más de 3 mil millones de pesos. En 10 meses se vence el plazo para concluir el proyecto, pero después de casi seis años sólo reporta un avance de 27.29 por ciento.
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