Una persona de 79 años acudió al Hospital General de Querétaro para que le retiraran la vesícula, pero tras una serie de complicaciones médicas perdió la vida; cuando cremaron el cuerpo, personal de la funeraria avisó a sus familiares que encontraron unas tijeras quirúrgicas.
Tras recibir esta información de la funeraria, la familia de la víctima – quien murió en 2016 – acudió a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), sin embargo los representantes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recalcaron que “no hubo negligencia médica” y declararon el caso como “asunto no conciliado”.
Esto llevó a los familiares a buscar el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien en 2018 recibió su queja por violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud.
La CNDH encontró que cuatro personas servidoras públicas del servicio de urgencias, y tres de la especialidad de Cirugía General no brindaron una “adecuada atención médica”, lo que derivó en la pérdida de su vida.
“Este Organismo Autónomo pudo corroborar que el personal médico tratante minimizó, en sus respectivas valoraciones, que la víctima presentaba condiciones de vulnerabilidad al tratarse de una persona adulta mayor con padecimientos crónico-degenerativos, particularidades que lo hacían merecedor de una atención preferente”, se lee en el comunicado de la CNDH.
Por lo anterior emitieron la Recomendación 260/2022 al director general del ISSSTE, Pedro Mario Zenteno Santaella, por violar los derechos a la salud de la víctima.
Personal de la CNDH corroboró que el personal médico que atendió a la víctima realizó una “inadecuada exploración física” y omitió la presencia de una masa a nivel abdominal, lo que derivó en no percatarse del absceso hepático que presentaba.
Reparación del daño
En su recomendación, la CNDH solicitó al director general del ISSSTE la inscripción de los familiares de la victima al padrón correspondiente ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y se proceda a la reparación integral del daño ocasionado.
También pidió asistencia psicológica para los familiares, así como proveerlos de medicamentos gratuitos, en lugares accesibles y por instituciones públicas de todos los niveles de gobierno.
“Se solicita la más amplia colaboración en el seguimiento de la denuncia administrativa que esta Comisión Nacional presente ante el Órgano Interno de Control de ese instituto, en contra de las siete personas servidoras públicas señaladas”, destaca la CDNH.
Además, como una medida para evitar la no repetición, el ISSSTE deberá impartir un curso de capacitación y formación en materia de derechos humanos y emitir un documento dirigido al Hospital General de Querétaro en el que se señalen las medidas adecuadas para garantizar el derecho de todos los pacientes a una atención digna. EJ
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