Aunque el origen de México se basa en la mezcla de razas, creencias y tradiciones, los prejuicios persisten y se remarcan en la región sureste del país. Las cifras nos muestran de cuerpo entero: cuatro de cada diez personas no aprueban que su hijos se casen con personas del mismo sexo y cuatro de cada diez no rentaría una vivienda a una persona con VIH/Sida.
Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, la segregación es marcada sobre personas extranjeras, ancianos, niños, jóvenes, trabajadoras domésticas y personas con diferentes creencias.
La muestra nacional abarca a más de 102 mil personas que fueron encuestadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Poco más de 16 millones de personas mayores de 18 años fueron discriminadas en este país por su arreglo personal, su peso, edad o creencia religiosa. Lo anterior representa la media nacional que es de un 20.2 por ciento de este sector poblacional, según datos de la ENADIS.
Los estados de Puebla, Colima, Guerrero, Oaxaca y Morelos son las zonas donde los encuestados vivieron mayores experiencias de este tipo, entre las causas también se consideran clase social, lugar donde vive, manera de hablar edad y orientación sexual.
Los números demuestran que en el sureste es donde se tiene más resistencia a las uniones del mismo sexo, se practiquen costumbres distintas a las mexicanas, las mujeres están obligadas a ayudar más en el hogar y donde se cree que los jóvenes son irresponsables.
Chiapas, Veracruz y Tabasco son los tres primeros lugares en rechazo a que dos personas del mismo sexo vivan juntas. Lo mismo sucede con el prejuicio de personas que practiquen tradiciones distintas a las mexicanas. En la región del Bajío, en Aguascalientes, Tlaxcala y Zacatecas, están dispuestos a llamar a la policía por ver un grupo de jóvenes reunidos en una esquina.
El estudio también demuestra que las trabajadoras domésticas son el grupo social con mayor vulnerabilidad, pues un 48% no cuenta con prestaciones laborales y 32% trabaja en malas condiciones.