A principios de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que cerraría la llave para que organizaciones de la Sociedad Civil continuaran recibiendo recursos y continuar con su trabajo comunitario que se supone es sin fines de lucro. Causó mucho ruido político que el Ejecutivo se haya referido a aquellas Instituciones que trabajan con mujeres maltratadas y a las guarderías que están subrogadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y es que tienen una serie de irregularidades financieras y malos manejos de sus dineros. Cierto, las hay con muchos intereses: políticos, mercantiles, religiosos y hasta bélicos que se esconden en la figura de una Asociación Civil, pero su fin ni siquiera es ayudar a los demás, sino autofinanciarse. Ahora deberán pagar “justos por pecadores”, porque hay otras que trabajan casi en el anonimato y sin reflectores, como el “Ejército de Salvación”, que en las noches busca en los barrios bajos a indigentes, les ofrece cobija, comida y albergue a cambio de nada. O como la “Fundación por un Hogar” que vive de lo que sus mismos directivos aportan ofreciendo comida y albergue gratuito a familiares de niños con cáncer que vienen de provincia a la Ciudad de México a recibir tratamiento. Y muchas más que difunden la cultura de los derechos humanos en zonas indígenas, o trabajan llevando talleres recreativos a internos y sus familias en los reclusorios del país; o las que se dedican a fomentar el deporte entre menores de edad para contrarrestar los efectos de la drogadicción… Tiene la mitad de razón AMLO porque dentro de este mar de organizaciones también hay “pecadores”. Como el que tiene una oficina dedicada a llevar a cabo los trámites notariales y ante la oficinas de Gobierno para quienes quieran crear su propia Asociación Civil. Luego los invita a afiliarse a su red. Esta red es conducida a varios propósitos, por ejemplo a apoyar a un partido político, como Encuentro Social (PES). O a un candidato, como Felipe Calderón. Pero también a bajar recursos para los afiliados desde la Cámara de Diputados, como lo hacía la ex legisladora del Partido Acción Nacional, Rosa María de la Garza Ramírez, mejor conocida como “Rosy Orozco”, quien cobraba un porcentaje para los que quisieran ser beneficiados con recursos gubernamentales que ella misma tramitaba ante sus amigos de SEDESOL. En todos los Estados del país, hay líderes, pastores y laicos de las Iglesias Cristianas Evangélicas que cuentan con una Fundación o Asociación Civil. Ellos trabajan con sus propios recursos llevando a cabo una labor humanitaria con grupos en situación de vulnerabilidad, pero otros creyeron, o los hicieron creer, que dar de alta una Asociación Civil era tener una especie de “monedero electrónico” donde el Gobierno, al ver su “labor humanitaria”, tendría la obligación de depositarles recursos económicos para esos fines y ellos poder desviarlos a canales más religiosos, lucrativos y personales. Así que se afiliaron a una “Red de Soluciones”, encabezada por Aarón Lara que se dedicó a sumarlos al proyecto del PES; a apoyar a Rosy Orozco y a organizar eventos en contra de lo que ha propuesto el partido MORENA en cuanto a los matrimonios entre personas del mismo sexo, la despenalización del aborto y de la mariguana para fines lúdicos y otros actos que “vulneran a la familia natural”: De ello se dio cuenta AMLO y por eso los puso en el rubro de los “pecadores” e “injustos”. En septiembre pasado, cuando era candidato a la Presidencia de la República, después de reunirse con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, López Obrador dijo que se abrirían las puertas de México a organismos internacionales que trabajan a favor de los derechos humanos y la transparencia, lo que Ministros de Culto tradujeron como una gran alianza con sus pares en Estados Unidos que apoyan a Iglesias y que atienden principalmente a migrantes, indígenas, reclusos, y misioneros. A lo que se refería AMLO es a que sólo se permitirá la recepción de recursos para aquellas entidades que luchen a favor de los derechos humanos y no para quienes se nieguen a reconocer que los homosexuales no deben tener las mismas garantías. Así que una de las fuentes de financiamiento de las que gozaban los Ministros de Culto para sus tareas ya se extinguió. Bien por el Presidente, mal para quienes usaban esos recursos para ayudar. PALABRA DE HONOR: No se entiende por qué el senador oaxaqueño de MORENA Salomón Jara Cruz quiere tomar decisiones poco salomónicas. Eso de pretender revocar el permiso de las calificadoras que digan que el país no lleva a cabo una buena política económica, es como pretender desmarcarlo como integrante de su partido, sólo porque el líder de la bancada en el Senado, Ricardo Monreal Ávila lo dice. Esto de los desconocimientos ya se está volviendo sacramento entre los morenistas. ¡Oh Dios!
Justos y Pecadores, ambos