Esta es esa semana del año en la que sólo trabajaremos tres días, -o dos, los más afortunados-, y el resto lo dedicaremos a la reflexión, o al descanso, según la fe y creencias de cada uno. Antes de iniciar ese período que en cualquiera de los casos nos concederá tiempo extraordinario para pensar, no quisiéramos dejar pasar la oportunidad para recordar y compartir algún punto de vista sobre los actos de nuestros colegas, los abogados, que en estas dos semanas han logrado alcanzar una relevancia mediática fuera de lo común, pues su remembranza podría abonar de alguna forma a traer a colación, como temática para el asueto, la referente a la precariedad del Estado de Derecho en México y su trascendencia en nuestro desenvolvimiento como Nación.
Desde luego que llaman la atención las dos noticias que nos embargan de vergüenza y nos llenan de enojo, sobre la detención del Procurador de Nayarit en San Diego, Edgar Veyitia, a quien se acusa de haber participado en una red criminal dedicada a la comercialización de marihuana, heroína, cocaína y drogas sintéticas, nada más; y, también la de Tomás Yarrington en Florencia, Italia, por delincuencia organizada y lavado de dinero, a petición de la PGR y con el apoyo de la interpol.
Ambas noticias constituyen un punto clave para el entendimiento del lugar exacto de la historia en el que nos encontramos, desde dos puntos de vista y perspectivas: por un lado, en forma clara y evidente, alrededor del colmo absoluto al que la corrupción y la criminalidad ha llegado, al haber quedado comprobada la connivencia existente entre las autoridades máximas a las que el cumplimiento de la ley es encomendado y las bandas dedicadas al narcotráfico. No podría haber mayor grado de descomposición social y gubernamental en México, que la de sabernos vigilados y protegidos (pues esa es la máxima función de un Procurador de Justicia o la de un Gobernador estatal), por los mismos delincuentes que deberían de ser acusados por nuestros gobernantes. Podría decirse que un grado mayor de la enfermedad sólo podría verse representado en la muerte. Sin embargo, desde otro punto de vista, no puede soslayarse la visión esperanzadora de que las cosas pueden cambiar; y el hecho mismo de que ex gobernadores estén siendo perseguidos, detenidos, enjuiciados y penalizados, finalmente y como nunca antes en la historia, demuestra que la correcta elección de quien se encargue de ejercer la procuración de justicia en el futuro, en el contexto del nuevo sistema nacional anticorrupción, puede traer aparejados resultados inconmensurables de sanación social altamente esperados, como de hecho lo venimos presenciando en estos mismos días.
Otra noticia que acaparó la atención hace dos semanas tiene que ver con la sentencia de amparo dictada por el Juez Anuar González Hamadi, Tercero de Distrito en Veracruz, a favor del joven Diego Cruz Alonso, uno de los “Porkys”, quien en el cuerpo de consideraciones de su fallo llegó a la conclusión de que en la medida en la que no se comprobó una intención lasciva del sujeto activo del delito de violación, no podía tenerse por comprobado el delito, deduciéndose de ello la necesidad de que la fiscalía comprobara un elemento intencional en el delito que, así llevado a la práctica, podría dejar en libertad a muchos violadores.
La verdad de las cosas es que, para quienes saben y conocen del derecho penal, resulta muy claro y evidente que la aplicación de las normas en este campo debe ocurrir en la forma exacta en que se encuentran redactadas las leyes, sin que quepa la posibilidad de que éstas se apliquen por analogía o por mayoría de razón. Es cierto que la primera lectura de la noticia publicada por los medios produce una repulsión inmediata en contra de la lógica empleada por el juzgador, pero difícil resultaría efectuar una evaluación del caso sin conocer los pormenores del mismo. ¿Entonces?, ¿Quedará impune? Es obvio que al haberse sufrido por la menor una violación a su privacidad, los jóvenes responsables deberían de ser juzgados y condenados. Alguien ha hecho mal su trabajo.
Resulta apremiante que el Poder Judicial reconsidere la importancia que tiene una justa política de comunicación social alrededor de la responsabilidad constitucional que tiene encomendada. La inmensa mayoría de las veces, la inconformidad de la ciudadanía en torno de la absolución de un delincuente se absorbe por los jueces, siendo que, en estricto sentido y en función de los principios que rigen nuestro sistema de justicia penal, los auténticos responsables son los ministerios públicos, que incurren en graves equivocaciones al momento de formular la acusación correspondiente.
Un primer paso hacia la formación de una cultura de legalidad tendría que ver con la labor educativa y formativa de quienes elaboran, interpretan y aplican las leyes, hacia la colectividad. El desconocimiento del derecho y la incomprensión de sus resultados, puede producir un sentimiento de reprobación que no favorece el sentido de su propia observancia. Quiero aclarar, de cualquier modo, que es podría no ser el caso del Juez Tercero de Distrito, quien si fuera encontrado responsable por dictar un fallo contrario a las constancias del expediente que le fuera turnado, deberá enfrentar las sanciones correspondientes, aplicables a los delitos en materia de impartición de justicia.
Por último, apareció publicado hoy el sentido con el que la defensa del conductor que el jueves de la semana antepasada estrelló un BMW en la Avenida Paseo de la Reforma, cobrando la vida de cuatro pasajeros, pretende que se le exonere de toda responsabilidad. La contundencia de los hechos y el cinismo de su negación, tanto en lo penal como en lo conducente a la reparación del daño material, provoca de parte de la ciudadanía el mismo sentimiento de desamparo y enojo en contra de la autoridad que arrojan los dos casos anteriores.
El joven ha sido vinculado a proceso y habrá de enfrentar en prisión preventiva el juicio en el que se valoren las pruebas que demuestren su culpabilidad. Puede advertirse que, la inexistencia de elementos para comprobar la ingesta de bebidas alcohólicas o de sustancias psicotrópicas o enervantes que demuestren su responsabilidad, podrían dar lugar a una tragedia en el que, la falta de comprobación de los elementos que consigna la ley penal, podrían ayudarlo a recuperar su libertad.
Las reformas al sistema penal llegarán a ser sumamente beneficiosas para la eliminación del enorme rezago existente en materia penal. Sin embargo, el nuevo sistema exige un elemento del que hoy, como puede apreciarse, carecemos los mexicanos: abogados. Es menester que aquellos a quienes corresponde aplicar la ley penal sopesen el grave atraso en que pueden encontrarse situados los departamentos encargados de realizar la investigación criminal a nivel nacional, no para el efecto de dictar sentencias de condena en contra de personas inocentes, sino para ser flexibles en el entendimiento de las limitaciones presupuestales y de conocimientos en que se encuentran las fiscalías, sobre todo cuando se trate de liberar criminales.