La Portada | Infancias, cuesta arriba por violencia y abandono institucional

Al conmemorar el centenario del Día del Niño y de la Niña en nuestro país este 30 de abril, surge una interrogante latente: ¿es momento de celebrar, considerando el creciente problema de la violencia y la falta de atención por parte de las autoridades y la clase política hacia este sector de la población?

La realidad de una parte de 38.2 millones de niños, niñas y adolescentes en México, equivalente a más de 30% de la población, lleva a pensar detenidamente en la pregunta planteada líneas arriba.

Datos de organizaciones defensoras de los derechos de infantes y adolescentes, y cifras oficiales confluyen para reflejar la crítica situación que atraviesan quienes tienen entre cero y 17 años de edad.

Cinco mil 245 menores de edad fueron asesinados con violencia en los últimos cinco años; más de 29 mil infantes fueron víctimas de agresiones sexuales, con un alza de 78.8% entre 2019 y 2022, y cerca de 77 mil vivieron en carne propia los estragos de la violencia familiar, la cual se agudizó con la pandemia del Covid-19.

Quizá el fenómeno más alarmante del que se tienen mediciones precisas es el de la desaparición forzada. En los primeros cinco años del actual sexenio se reportó la ausencia y no localización de ocho mil 351 personas de cero a 17 años, 103.9% más que en el mismo lapso de la gestión anterior.

La trata de personas, un flagelo que está asociado a la explotación sexual y al reclutamiento de menores por el crimen organizado, creció 84.5% entre 2019, primer año de este sexenio, y 2023, al pasar los casos de 207 a 382.

A estos indicadores negativos se suman los pendientes legislativos, los retrocesos en políticas públicas y la disminución de recursos destinados a la protección de los derechos de las infancias.

El presupuesto asignado a nivel federal para la atención de la niñez y adolescencia para este 2024, de 979.2 mil millones de pesos, es 0.4% menor al monto aprobado en 2019, el primer año del actual gobierno.

Aunque parezca ser una disminución nominal pequeña, para los defensores de los derechos de la infancia esto representa una reducción significativa, ya que durante ese lapso, la inflación creció en promedio 4.66% al año.

La situación por la que atraviesan las infancias ha encendido las alertas entre las organizaciones de la sociedad civil que durante años han impulsado una mejor atención a este sector de la población.

“Le hemos fallado a las infancias. Preocupa mucho la ligereza con la que se tomó la decisión de cerrar las guarderías, el desamparo en el cual se tiene a los niños, me preocupa mucho que estamos subiendo en materia de violencia sexual en las infancias con la impunidad sin moverse, y bueno, el presupuesto, es gravísimo como lo han destajado”, señaló en entrevista con ejecentral Saskia Niño de Rivera, directora de Reinserta, organización sin fines de lucro enfocada en la atención y protección para niñas, niños y adolescentes en contacto con la violencia en México.

Los números de la crisis

Las cifras disponibles, no siempre actualizadas oficialmente, sobre asesinatos, trata de personas, violencia sexual, reclutamiento por el crimen organizado y otros flagelos que azotan a la niñez y a los adolescentes, no dejan mentir a Saskia Niño de Rivera.

El 2023 cerró con 382 personas de entre cero y 17 años víctimas de trata de personas, mientras que un año antes se registraron 432 casos, la mayor cantidad desde 2015, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Entre 2019 y 2023, el número de víctimas menores de edad aumentó 84.5 por ciento.

Además, entre 2019 y 2022 —el corte más reciente— 29 mil 111 víctimas de uno a 17 años fueron atendidas en hospitales del país por violencia sexual, de las cuales, 92.7% correspondió a niñas y adolescentes, y el 7.3% restante a varones.

De manera global, la cifra de pacientes menores de edad hospitalizados por esta causa aumentó 78.8% entre 2019 y 2022, según datos de la Secretaría de Salud.

Para Saskia Niño de Rivera, precisamente la incidencia de trata y violencia sexual, así como el reclutamiento forzado infantil por parte de la delincuencia organizada, son los temas “prioritarios” respecto a las infancias, debido a los incrementos, aunque no hay cifras ni mediciones oficiales sobre esto último.

La activista señaló como “primordial” el fortalecimiento del Estado de derecho y el combate de la impunidad para la protección de las infancias. “Cuando hablamos de abuso sexual, por ejemplo, 74% de los casos ocurre en el seno familiar, en la propia casa. Cuando existen altos niveles de falta de castigo en el país, es muy difícil proteger de manera inmediata a los menores”.

Con los niños… también

En el caso del reclutamiento forzado, un análisis del Observatorio Nacional Ciudadano y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) indicó que entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes estaban en riesgo de ser reclutados por grupos criminales en México. Sin embargo, no hay otras mediciones ni cifras oficiales al respecto.

En la opinión de Saskia Niño de Rivera, se trata de un fenómeno derivado de los niveles de impunidad. Y aun sin un conteo oficial, consideró que “sin duda” ha aumentado este reclutamiento “y tiene mucho que ver con el conocimiento de la criminalidad, los grupos delictivos que hoy operan ya no respetan los códigos que habían antes con los grupos de los setentas, ochentas, que eran de alguna manera que con los niños y mujeres no, se decía mucho eso, pero ahora eso ya no importa, ya es con los niños también”.

Diohema Anlleu Mora, directora del área de incidencia de la Fundación JUCONI, organización civil enfocada en la atención profesional para niñas y niños en situación de calle, en riesgo o expuestos a la violencia familiar, señaló que la cotidianeidad y los entornos más cercanos de los infantes resultan los más riesgosos.

A juzgar por sus apreciaciones, las cifras mencionadas anteriormente sobre trata de personas, violencia sexual y 77 mil 186 víctimas de violencia familiar entre 2019 y 2022, sólo son “representativas”. Señaló que muchos casos de este tipo “no se detectan, no se reportan, y muchas veces tampoco se atienden”.

“Este aumento progresivo habla de las situaciones de vulnerabilidad a los niños y niñas en su vida cotidiana, es decir, en su casa, en la escuela, en la calle”, indicó, tras considerar que en el tema de homicidios y feminicidios en infantes y adolescentes tampoco se le ha dado la atención pertinente.

Según datos del SESNSP, basado en reportes de las 32 fiscalías y procuradurías del país, nueve mil 781 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de homicidio doloso y feminicidio de 2015 a 2023, 58% de los casos, que equivalen a cinco mil 245 agresiones en lo que va del actual gobierno. No obstante, 2017 se mantiene como el año con la mayor cantidad en los últimos nueve, con un total de mil 132 casos.

En cuanto a las niñas y adolescentes víctimas de feminicidio, 2020 se ubica como el año con más ataques, (115) seguida por el 2021, con 111. Pero a partir del 2019 se ha mantenido al alza la incidencia de este delito, que entre 2015 y 2023 motivó la apertura de 745 carpetas de investigación a nivel nacional, 491 en el periodo 2019-2023.

Las agresiones de este tipo en contra de mujeres menores de edad representan el 10% del total de feminicidios registrados por las fiscalías de todos las entidades en el periodo 2015-2023.

Pequeños ausentes

La desaparición de niños y adolescentes es otro de los fenómenos que tiene muy preocupados no sólo a los especialistas y organizaciones civiles en México, sino a organismos internacionales, como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que ha externado su inconformidad por el esfuerzo insuficiente por parte de las autoridades para localizar a los menores. “A pesar de contar con un protocolo de búsqueda específico para infantes, éste no se sigue en todos los estados”, refirió Diohema.

En los primeros cinco años de la actual administración se reportaron ocho mil 351 personas de entre cero y 17 años como desaparecidas y no localizadas, 50.6% varones y 49.3% mujeres.

Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, esta cifra representa un incremento del 103.9% respecto a cuatro mil 94 menores desaparecidos durante el mismo periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto, y un alza del 397.3% en comparación con las mil 679 desapariciones del primer quinquenio de la administración de Felipe Calderón.

Recortes que lastiman

Con motivo del Examen Periódico Universal que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas está llevando a cabo este año para evaluar la situación de los derechos humanos en México, y del cual el Estado mexicano deberá rendir cuentas en junio próximo, se han destacado 54 recomendaciones de las más de 300 recibidas, las cuales se centran en temas cruciales para niños y adolescentes, como educación, salud y violencia, entre otros.

Diohema Anlleu subrayó que el recorte presupuestal del 100% en las políticas de igualdad de género en el sector educativo, junto con reducciones similares en los programas de escuelas de tiempo completo y de estudios infantiles, significan afectaciones directas a las infancias por la disminución o falta de acceso a la educación, salud, seguridad social, vacunación y lactancia, entre otros derechos.

Juan Martín Pérez García, coordinador del proyecto Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, alertó sobre los recortes presupuestales que afectan la salud de los pequeños: “Tenemos ahora una regresión gravísima en vacunación. Estamos dependiendo de las entidades federativas para entre 25 y 40% de cobertura de la cartilla de vacunación de primera infancia. Estos niños y niñas que no están siendo vacunados hoy, van a ser adultos enfermos automáticamente”.

Para el activista, la alerta epidemiológica por los casos de sarampión es un hecho “gravísimo” que muestra un problema que se creía eliminado. Aunque se considera que son casos importados, para él es un indicio de lo que está por venir: “El Estado ya no garantizó la vacunación universal”.

La proporción de menores de un año con esquema básico completo de vacunación ha mostrado variaciones a la baja en los últimos 14 años. Sin embargo, las reducciones más drásticas se han dado en este sexenio, con 79.7% en 2019, 77.6% en 2020 y 75.7% en 2023, según las estadísticas de la SSA.

Más niños pobres

Los incrementos en los índices de pobreza y de trabajo infantil son otra arista de las condiciones adversas que enfrentan las infancias en México.

La más reciente medición oficial, correspondiente a 2022, indica que ese año se alcanzó el mayor porcentaje de personas de entre cinco y 17 años de edad que laboraban, con 10.7% de mujeres y 15.5% de hombres.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022 del Inegi, 73% de los más de tres millones 731 mil menores que en ese año realizaban alguna actividad laboral ese año correspondía a varones y el restante 27% a mujeres. Además, 48.6% (un millón 814 mil 031) del total de infantes y adolescentes realizaba ocupaciones no permitidas en la Ley Federal del Trabajo.

Aunado a esa situación, datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), incluidos en el balance anual de Redim, indican que en 2022, 42.3% de la población de cero a 17 años en el país tenía carencia de acceso a los servicios de salud, equivalente a 15.7 millones de niñas, niños y adolescentes, lo que implicó un aumento de 29 puntos porcentuales en dos años, al pasar de 14.3 a 27.5% entre 2020 y 2022.

Si bien en materia de matrimonio infantil hubo una disminución muy significativa a partir del último año del sexenio anterior, el fenómeno persiste y en los dos años más recientes de que se tienen datos se observa un aumento importante.

De acuerdo con datos del Inegi, durante 2020 se registraron 26 bodas en las que al menos uno de los contrayentes era menor de edad, cifra que llegó a 43 en 2021, lo que representa un alza de 65.3 por ciento.

En febrero del año pasado se aprobó en el Senado de la República de manera unánime la prohibición de matrimonios infantiles en las comunidades indígenas, mientras que en el estado de Guerrero se aprobaron recientemente reformas a la legislación para castigar con severidad la venta de niñas.

Infancias en las campañas

En la opinión de activistas y especialistas, la poca o nula relevancia que tiene la agenda de los derechos y protección de los menores de edad en la vida nacional, pese a la existencia de instituciones y políticas destinadas para ese fin, es responsabilidad de los políticos.

Algunas de las propuestas de las candidatas y del candidato a la Presidencia de la República incluyen iniciativas que involucran a la niñez y la adolescencia, y públicamente han mostrado apertura para sumarse a la firma de compromisos.

El Pacto por la Primera Infancia fue firmado el pasado 22 de abril por los aspirantes a la Presidencia de la República y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México pero, según organizaciones sociales, el interés por las infancias no se ha reflejado de manera adecuada en las plataformas electorales de los siete partidos políticos que intervienen en los comicios.

“Para todos los partidos, sin importar el color, los niños son vistos como beneficiarios de los programas a las familias y a las mujeres, específica y únicamente en temas de salud, educación y discapacidad, pero no son reconocidos en ningún otro apartado”, señaló Juan Martín Pérez García.

El activista acusó que México tiene una deuda con sus infantes y adolescentes, al no considerarlos como ciudadanos, sino como “objetos de propiedad familiar”. De manera generalizada, en la función pública, la política pública y los procesos electorales, los niños y niñas no están considerados, remarcó.

Considerando que en las contiendas político-electorales los aspirantes a un cargo de elección popular buscan “rentabilidad electoral”, y los menores de edad no son prioridad porque no votan, el activista reiteró que al tratarse de instituciones públicas, que utilizan, en consecuencia, recursos públicos, todos los partidos políticos deben cumplir con lo que mandatan la Constitución y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

“Los partidos políticos no son empresas, son instituciones públicas con un fin social de promover la democracia y la participación ciudadana, tienen dinero público. En consecuencia, les aplica todas las leyes mexicanas. Los niños y niñas son personas con derechos propios, que participan, que no pueden ser discriminados”, reiteró.

Por su parte, Saskia Niño de Rivera apuntó que ante el hecho de que las infancias no votan, pareciera que no son prioritarias. “Yo compararía los DIF de este país con reclusorios, están en condiciones deplorables y es inaudito que tengamos a los niños, que de por sí están en situaciones donde la sociedad les ha fallado, que los tengamos en esas condiciones”, enfatizó.

Y agregó: “Me sorprende que haya tanta indiferencia por parte de la clase política hacia las infancias, es decir, a una persona que le es indiferente las infancias… es un tema de que están completamente deshumanizados, al final todos somos padres, hijos, hermanos, primos, todos tenemos a un niño cerca que queremos, no es ajeno, sólo creo que los valores de quienes están al frente de la clase política no siempre son los adecuados o los que México necesita”.

Cumplen a medias

Es común que muchas promesas de campaña a la mera hora no sean cumplidas, pues, como dicen las organizaciones sociales, no hay mayor garantía por parte de los políticos y candidatos a cargos de elección popular que su voluntad por cumplir con los compromisos que firman, lo cual nunca ha ocurrido al 100 por ciento.

Mediante la iniciativa: “Compromiso con la niñez. Su Futuro es HOY”, sus promotores van por el tercer intento de involucrar a todas las fuerzas políticas a nivel federal, estatal y municipal en un compromiso para que la protección de los derechos de las infancias y adolescencias del país sean una prioridad en la agenda nacional.

En el proceso electoral de 2012 surgió la iniciativa “#10xinfancia”, impulsada por el Consejo Consultivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) y la Red de Derechos de la Infancia en México (Redim).

Juan Martín Pérez, en ese entonces al frente de Redim, recordó que en esas 10 acciones estratégicas con las que se buscaba avanzar en la defensa y el cumplimiento de los derechos de los niños y adolescentes, las propias organizaciones no permitieron la firma del entonces candidato presidencial de Nueva Alianza, Gabriel Quadri.

“Estaba promoviendo cuestiones graves de violaciones a derechos humanos, que además ha sido constante en eso, y sabemos que no va a modificarlo, porque esa es su visión del mundo y su posición política”, refirió.

Mientras los aspirantes Josefina Vázquez Mota, del PAN, y Enrique Peña Nieto, del PRI, firmaron el acuerdo, el entonces candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, envió en su representación a Juan Ramón de la Fuente, contemplado para el puesto de secretario de Educación, en caso de que el tabasqueño ganara las elecciones.

Con esta iniciativa se materializaron varios compromisos, pero sin duda los que más destacan fue la creación de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, y un año después la puesta en marcha del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

Para 2018, similar al caso de Quadri, la propuesta de “mocharle la mano al que robe” del entonces candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, le valió no ser considerado para firmar el acuerdo “MX por la Niñez”.

Se trató de una propuesta de nueve acciones concretas en la que las organizaciones Aldeas Infantiles SOS México, ChildFund México, Fundación JUCONI México, Redim, Save the Children y World Vision México, lograron la firma de los entonces candidatos Ricardo Anaya (PAN, PRD, MC), José Antonio Meade (PRI, PVEM, Panal), Andrés Manuel López Obrador (Morena, PT, PES), e incluso de Margarita Zavala (candidata independiente), quien después se bajó de la contienda electoral.

De los compromisos firmados hubo un cumplimiento parcial de algunos, pero la prioridad de la iniciativa ( fortalecer el sistema de protección de las infancias) no se logró, sino que se debilitó.

Sistema de protección, abandonado

Los activistas entrevistados por este medio coincidieron en señalar que en la actual administración se dio un marcado distanciamiento del sistema de protección, al grado de que el presidente López Obrador no ha asistido a ninguna sesión y ha mantenido un discurso en contra de este esquema.

“Me enteré de otro grupo, otro organismo, para la defensa del niño y de la niña. Bueno, ¿y entonces para qué está el DIF? Y así crearon para todo porque era simular y cooptar (…) es comprar conciencia, es comprar voluntades, decirlo todavía más claro y coloquial, maicear, tener a todos ahí. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para ahorrar”, señaló el presidente en su conferencia del 22 de junio de 2020, insinuando la desaparición del Sipinna.

Al respecto, Diohema Anlleu de la Fundación JUCONI, una de las 12 organizaciones impulsoras de esta nueva iniciativa, llamó a los candidatos presidenciales a trabajar de la mano con la sociedad civil no sólo para garantizar la atención y protección “sino entender que (niños y niñas) son sujetos de derecho y como sujetos de derecho necesitan educación, salud, bienestar, protección, muchas cosas”.

En tanto, al señalar que el Sipinna en el sexenio actual “está completamente deshecho” y que en su lugar debería existir una Secretaría de la Infancia, Saskia Niño de Rivera llamó a los candidatos a comprometerse a darle prioridad a los temas de infancias, y apuntó que debe haber una suma de esfuerzos de todos los organismos y organizaciones civiles en ese mismo sentido.

“Tiene que haber una humanización absoluta de los candidatos y de las candidatas respecto a los temas prioritarios más allá de los que le son políticamente rentables. Creo que tiene que haber mucha más coordinación entre organismos de la sociedad civil para presionar un poco por las mismas vías, pareciera de pronto que quienes trabajamos con violencia, jalamos con violencia, quienes trabajamos por educación jalamos con educación y es muy importante, pero falta hacer movimientos integrales y en conjunto para sacar adelante estas cuestiones”, expresó.

Deudas pendientes

Si bien en los últimos 12 años ha habido avances institucionales importantes que derivaron en la creación de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes en 2014, y del Sipinna en 2015, las omisiones o inercias señaladas por organizaciones sociales se mantienen.

Entre los esfuerzos pendientes para mejorar la situación de las infancias está tipificar el reclutamiento forzado, como parte de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño que hace 34 años suscribió México. Pero en las últimas tres administraciones se ha mantenido una negativa al respecto.

Para Juan Martín Pérez esto resulta contradictorio, pues el Estado mexicano, al haber ratificado el protocolo de Infancia y Conflicto Armado de la Convención, “está incumpliendo al no tipificar el delito de reclutamiento forzado”.

Recordó que México también firmó el Protocolo de Prohibición de Venta de Niños y Pornografía y lamentó: “Tenemos leyes y demás, pero hay impunidad”.

Línea directa con la ONU

El activista señaló que otro pendiente urgente es la falta de ratificación del protocolo “Comunicaciones”, que permitiría a niños y niñas comunicarse directamente con el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas para exponer sus necesidades y demandas cuando no encuentren escucha, justicia y apoyo a nivel nacional.

“Esto le toca al Senado de la República, y acá tenemos una decisión de no comprometerse la Presidencia y Cancillería, que se están oponiendo, bajo el argumento de que México ya tiene muchos compromisos, que hay muchas coberturas para garantizar los derechos y que no era pertinente hacerlo, y es muy grave. Nunca lo he visto en la historia de ningún país”, refirió.

Y un tercer pendiente legislativo recae en la modificación para que el presupuesto de niñas, niños y adolescentes no se toque, en cumplimiento de la Observación general número 19 (2016) sobre la elaboración de presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos del niño que el país está obligado a cumplir.

“Se entiende que los países en su presupuesto enfrenten dificultades y se puedan hacer ajustes, pero se establece que no pueden ser regresivos, es decir, derechos ya garantizados, y en esta administración tuvimos muchísimas regresiones, y se tiene que legislar para que los presupuestos de niñas, niños y adolescentes no se toquen, nunca para atrás, por lo que sea no puedes recortarlos y eso por supuesto se han negado a legislar”, dijo.

Sobre ese punto, Juan Martín Pérez García señaló que el tema de que el presupuesto no se toque viene en la iniciativa “Compromiso con la Niñez #SuFuturoEsHOY”, y que se prevé sea firmada por los tres aspirantes a la Ciudad de México este 30 de abril. La finalidad, explicó, es que el Anexo 18 del PEF, donde se concentran los dineros para la infancia, cuente con los candados que eviten disminuciones en los montos globales.

“Porque parece que no se movió, sino que dentro de los apartados hay muchos recortes y regresiones, pero se han negado sistemáticamente. Los dos apartados donde se les ve como beneficiarios principales fundamentalmente es en educación y en temas de salud, sin embargo, en el presupuesto de educación más del 80% se va en salarios, entonces se destina a la función del Estado, pero el presupuesto directo no está llegando, y en salud ocurre lo mismo”, aseguró.

Para Saskia Niño de Rivera, el problema recae en que México es el “país de las políticas públicas”, pero en la implementación de éstas es donde se falla. “No puedes implementar algo cuando no tienes las instituciones fortalecidas lo suficiente, por eso es importante el Estado de derecho, el que dejen de ser tan burócratas los procesos para que todo lo que pasa a nivel legislativo pueda implementarse”, dijo.