Hannia Novell

Nadie duda que el PRI en su regreso al poder en la persona de Enrique Peña Nieto, le quedó a deber al país. Esa administración vigorosa que logró la aprobación de las reformas estructurales gracias al Pacto por México, se quebró a mitad del camino. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la casa blanca y la corrupción de los gobernadores bajo la sombra de Los Pinos, entre otros factores, convirtió al pasado en un sexenio fallido.

El 1º de julio de 2018 fue, con mucho, un plebiscito al mexiquense. Los números no mienten: el Revolucionario Institucional sufrió la peor debacle electoral en su historia y lo llevó a tener la menor cantidad de curules en el Congreso: 13 senadores y 47 diputados. La sacudida era tan necesaria como inevitable.

Sin embargo, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador genera esquizofrenia. Por un lado, ha roto esquemas… pero ha impuesto otros. Eliminó al Estado Mayor Presidencial para ejercer una Presidencia más cercana a la gente. Sin embargo, desde el Zócalo capitalino lanzó expresiones mesiánicas que también preocupan: “Yo ya no me pertenezco, yo soy de ustedes, soy de pueblo de México”.

Para refrendar su compromiso con la austeridad republicana y de acabar con los privilegios, puso a la venta el avión presidencial TP01 “José María Morelos y Pavón”. La aeronave voló del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para aterrizar en California, Estados Unidos, donde se le dará mantenimiento para iniciar su proceso de compra-venta. Pero nadie informó cuánto costará la renta del hangar, ni el tiempo que tarde la enajenación.

Relacionado con estos temas, el Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) se reunió el domingo 2 de enero y determinó continuar con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, en tanto se negocia con acreedores y proveedores.

Paralelamente el gobierno anunció la recompra de bonos por mil 800 millones de dólares del NAIM, a fin de mitigar el riesgo que enfrentan dichos papeles. Esto hizo que el precio de los bonos del fideicomiso Mexcat se disparara. Así, el Gobierno Federal tendrá que pagar más por ellos, pero corre el riesgo de que luego se desplomen lo que se traduciría en una pérdida significativa para las finanzas públicas.

Hay otros aspectos que generan esta percepción de ambivalencia y, por ende, de incertidumbre: López Obrador anunció una consulta para el 21 de marzo sobre la Guardia Nacional cuando empezó a operar de facto en diversas entidades del país el lunes 3 de diciembre, sin que se haya aprobado la reforma constitucional y al margen de la consulta popular. Esto, además, implica llevar la militarización del país a la Carta Magna.

Otro aspecto de esa consulta sería el enjuiciamiento a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por actos de corrupción, pero en su discurso de toma de protesta, el tabasqueño ofreció perdón a los corruptos.

Esas contradicciones no fueron bien recibidas por la cúpula empresarial. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, calificó el discurso en San Lázaro como “polarizante, maniqueo y retrógrada”.

A su vez, Claudio X. González, presidente de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, ante los pronunciamientos de López Obrador contra el libre mercado y la Reforma Energética, concluyó: “Nos va a ir mal, muy mal. Lástima”.

Tendremos seis años para confirmar si esta necesaria sacudida sólo generó inquietud e incertidumbre. O si, por el contrario, llevó al país por la ruta del crecimiento y el desarrollo.

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