Hannia Novell

Ante la inminente excarcelación del exgobernador de Quintana Roo para terminar de purgar su pena en libertad, valdría la pena recordar que Mario Villanueva Madrid fue el primer gobernador que fue llevado a la justicia por su relación con el crimen organizado. 

Estuvo prófugo dos años; luego de ser aprehendido, fue extraditado a Estados Unidos y repatriado a México. Hoy tiene 71 años y según Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, el exmandatario estatal cumple los requisitos para obtener la prisión domiciliaria. 

Ciertamente, la prisión domiciliaria es un beneficio legal, pero sería muy grave la señal de impunidad que se enviaría con su excarcelación. En la flor de su madurez,  Mario Villanueva disfrutó de las mieles del poder y utilizó su cargo de gobernador para realizar actividades ilícitas que pusieron en riesgo la salud de los mexicanos, por la venta y consumo de drogas. 

Mientras Villanueva Madrid permitió el trasiego de estupefacientes ilegales en su territorio y puso al servicio de la delincuencia organizada toda la infraestructura del gobierno estatal, cientos de familias fueron destruidas por la adicción a las drogas de al menos uno de sus miembros. Por si fuera poco, abonó al clima de inseguridad, violencia y muerte que desde entonces se vive en Quintana Roo y cada vez en más entidades federativas.

Mario Villanueva Madrid gobernó Quintana Roo de 1993 a 1999 y durante su mandato fue investigado por nexos con el Cártel de Juárez, la organización criminal que estuvo encabezada por Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, hasta 1997.

Una investigación difundida por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) reveló que Mario Villanueva recibió entre 400 mil y 500 mil dólares por permitir la libre manipulación de cargamentos de droga en Quintana Roo, lo que le permitió amasar una fortuna sospechosa y manejar cuentas en bancos de Suiza, Panamá, Las Bahamas y Suiza.

En 1998, el presidente Ernesto Zedillo emprendió el proceso penal más grande en la historia de México. El maxiproceso reveló la complicidad de una red de funcionarios públicos y narcotraficantes al servicio del Cártel de Juárez. Más de 100 personas, involucradas en actividades criminales, fueron detenidas.

Ese fue el caso de Mario Villanueva, quien no gozaba de la simpatía de Zedillo, pese a que ambos eran militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Estaba vigilado por las fuerzas federales con el objetivo de que fuera aprehendido el 5 de abril, cuando entregaría la estafeta de gobernador a Joaquín Hendricks Díaz. Un pitazo le permitió escapar, sin haber concluido su mandato como gobernador de la entidad.

Fue detenido en 2001 y extraditado a Estados Unidos en 2010, donde fue sentenciado a 11 años de prisión por lavado de dinero y le aseguraron 19 millones de dólares. El 18 de marzo de 2017 fue repatriado a México para cumplir una sentencia de 22 años por delitos contra la salud.

Villanueva está enfermo, padece la Enfermedad Pulmonar de Oclusión Crónica (EPOC) y tiene 71 años.  Busca perdón y olvido, salir de la cárcel y purgar la condena pendiente en prisión domiciliaria. Clama piedad. ¿Se la merece cuando permitió el florecimiento del crimen organizado en una entidad que hoy ve perder su atractivo turístico mundial ante la ola de violencia que se arrastra desde esa fecha? 

Veremos con qué vara lo mide la 4T y si para López Obrador hay criminales sentenciados que sí merecen ser exculpados. Por lo pronto, este caso reflejará hasta dónde quiere llevar el primer mandatario su tan pregonada amnistía. 

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