Desde cero ha comenzado a trabajar la Fiscalía General de la República (FGR) la investigación sobre el caso Iguala, y en los últimos tres meses suman ya nueve acciones de búsqueda de los estudiantes normalistas en Guerrero; pero uno de los principales compromisos de la dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero es evitar que continúen las liberaciones de más implicados en los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Así lo reveló Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, al asegurar que se están atacando los procesos, de entrada, refirió, “estamos impugnando inmediatamente todas las resoluciones que están saliendo”, al considerar que hay elementos de prueba que tienen que ser valorados por la autoridad jurisdiccional.
Al término de un encuentro con familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero, Gómez Trejo aseguró que a cinco años de distancia de los hechos, uno de los principales compromisos que tiene tanto la Fiscalía, como la unidad especial a su cargo es el sanear las indagatorias que a la fecha se habrían efectuado, pues muchas de ellas derivaron en “irregularidades y delitos que se cometieron en contra de personas que incluso fueron inculpadas”.
El compromiso, dijo, “es hacer una investigación independiente, objetiva, clara, que rompa con esa narrativa que se ha venido creando en los años pasados. Vamos a empezar desde una base sólida, limpia”.
Precisamente al respecto de las irregularidades de las que se le señala al propio personal de la FGR, Omar Gómez sostuvo que se trata de investigaciones que se están llevando y fortaleciendo a fin de hacerlas mucha más claras y objetivas, que finalmente otorguen los resultados que se necesitan.
Se “necesita que esta investigación se aclare, se limpie, se subsane, se sanee de todo lo malo que se ha hecho”, aseguró.
Sobre las acciones que se han realizado a tres meses de su nombramiento, el titular de esta Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso reveló que se continúa trabajando estrechamente con la comisión presidencial y los familiares de las víctimas en acciones de investigación en materia de búsqueda.
“Hasta el día de hoy, incluso próximamente vamos a salir a un par más de acciones concretas, llevamos nueve acciones de búsqueda en distintos lugares, de información que nos llega de personas. Incluso aprovecho este espacio para hacer una invitación a personas que tengan información clara sobre el paradero de los estudiantes, nosotros estamos dentro de la unidad para recibir esta información”.
Con desaparecidos de Ayotzinapa subsiste impunidad: CNDH
Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), casos como el ataque y desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ponen en evidencia la fragilidad de nuestros sistemas de procuración e impartición de justicia y de nuestras instituciones.
En palabras de Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, las consecuencias que tuvieron las fallas, omisiones o conductas indebidas por parte de las autoridades, derivaron en la imposibilidad para que las víctimas de delitos y abusos de poder puedan tener acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño a la que tienen derecho.
“Las consecuencias de que los derechos humanos no se respeten y de que no se escuchen y atiendan los llamados y recomendaciones de las instancias encargadas de su protección y defensa. Todo eso ocasiona que hoy, cuando deberíamos estar hablando de que se alcanzó justicia, estemos reconociendo que la impunidad subsiste y que los reclamos y el dolor de las víctimas deberán esperar más tiempo para que sean atendidos”, aseveró este miércoles el ombudsman nacional.
En el marco de la presentación del Estudio sobre el Cumplimiento e Impacto de las Recomendaciones Generales, Informes Especiales y Pronunciamientos de la CNDH 2001-2017, en Materia de Procuración y Administración de Justicia, González Pérez lamentó que lo sucedido en el caso Iguala no resulta una cuestión excepcional o única, pues señaló que, “día con día, y desde hace muchos años, las y los mexicanos se enfrentan ante una realidad en que la posibilidad de que los delitos sean efectivamente investigados y los responsables sancionados es mínima”.
Y abundó en que, si alguien es víctima de un delito, frecuentemente decide no interponer una denuncia ante los costos y dificultades que el seguimiento de la misma le implicará, y las bajas posibilidades de que la ley se aplique y el agravio sufrido se repare.
“Todo esto debe cambiar, nuestro país no podrá alcanzar la paz, la seguridad, ni construir el entorno de verdadera legalidad al que se aspira si el alcanzar una efectiva y verdadera procuración e impartición de justicia, respetuosa de los derechos humanos, no se asume como una prioridad nacional”, manifestó en el evento que tuvo lugar en el salón de usos múltiples del Poder Judicial de la CDMX.
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