Hace mil 770 días que desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa y las investigaciones se atascaron. Desde hace ocho meses las pruebas que podrían ubicar su paradero no han sido desahogadas por la Fiscalía General de la República (FGR).
Así lo plantea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en voz del encargado de las investigaciones del llamado caso Iguala, José Trinidad Larrieta Carrasco.
“Si yo tuviera que decir qué es lo primero que tendría qué hacer la Fiscalía federal de fondo del caso Iguala, es mandar los 114 restos óseos seleccionados o identificados por la CNDH a Innsbruck para saber si corresponden o no a los normalistas. Ese es el punto número uno sobre el cual debe caminar la investigación de la Fiscalía federal”, aseveró.
El miércoles 24 de julio, el organismo anunció que luego de más de cuatro años de estar al frente de las investigaciones y revisar el expediente de la ahora FGR, había presentado denuncias penales contra 375 funcionarios, entre federales y estatales, por posibles violaciones graves derechos humanos e irregularidades en el caso.
“En la CNDH se abrieron 72 expedientes relativos a esas personas; en 65 casos se determinó que había violaciones a los derechos humanos, justamente ocho casos de tortura; 28 casos de trato cruel, inhumano o degradante, un buen número de cateos ilegales, de detenciones arbitrarias, de detenciones ilegales ese es el universo de esos servidores públicos que se apartaron en general de cumplir con sus responsabilidades en la investigación del caso, en una parte, y en otra, también, de aquellos que estaban investigando a los inculpados del caso Iguala y que les violaron sus derechos”, aseguró.
Por la cantidad de servidores públicos involucrados, esta acción de la CNDH se convirtió en un caso inédito, pero también resultó confuso, porque su comunicado lo vinculaba con el caso Iguala, aún y cuando la mayoría de las víctimas de las presuntas violaciones a los derechos humanos no han sido acusadas de participar en la desaparición de los normalistas, y sus declaraciones no han servido para descubrir lo que ocurrió con los estudiantes la noche y madrugada del 26 de septiembre de 2014.
Para Larrieta Carrasco la presentación de esas denuncias es consecuencia de la recomendación que emitió la Comisión el pasado 28 de noviembre de 2018 y buscan “saber qué servidores públicos cometieron violaciones a derechos humanos, delitos e infracciones en el desempeño de su encargo en el caso Iguala”.
114 restos óseos de los 63 mil recuperados de Cocula y el Río San Juan son susceptibles de análisis para la CNDH
Tortura, realidad o estrategia
En noviembre del año pasado, este periódico dio a conocer los mensajes escritos que intercambiaron personas que la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) identificó legalmente como integrantes del Cártel de Guerreros Unidos. Ese diálogo a través de celulares ocurrió horas antes y después de la desaparición de los normalistas, y no sólo se muestra el caos que se desencadenó en esos momentos, sino la operación que montaron posteriormente para generar caos y confusión, que permitiera desviar la atención y controlar los daños.
Desde el principio, las investigaciones del caso han navegado entre las dudas, a esto se sumó que el año pasado, personas señaladas de formar parte del grupo criminal Guerreros Unidos fueron torturadas para confesar sobre la desaparición de los estudiantes, aunque no aportaron pruebas para dar con su paradero ni detener a todos los responsables.
›Las torturas cometidas contra detenidos durante las pesquisas resurgió a partir de la aparición de un video en el que aparece siendo golpeado Carlos Canto Salgado —señalado como operador de la organización criminal de Guerreros Unidos—, y quien sólo confirma que se dividió al grupo de estudiantes en dos rutas distintas. Al detenido se le acusó de formar parte del grupo criminal, a partir de llamadas telefónicas, mensajes de texto y testimonios.
“Estamos pidiéndole a la procuraduría que tiene que desarrollar sus diligencias porque es necesario contar con el video completo (de la tortura de Carlos Canto Salgado), lo que nosotros vimos es una parcialidad, que para nosotros era suficiente para acreditar violaciones a derechos humanos, pero para un investigación criminal completa y, sobre todo, para este tema de tortura y saber quiénes participaron, quién ordenó, quién encubrió, quién denunció, quién ejecutó, todo eso se tiene que determinar por parte de la hoy Fiscalía General”, reconoció.
El especialista en Derecho Penal confirmó que las pruebas con las que cuenta la CNDH avalan que casos como el de Carlos Canto certifican que fueron torturados, pero reconoció que no están acusados directamente por el caso Iguala, sino sólo de pertenecer a una organización del crimen organizado, en este caso de Guerreros Unidos.
“Al menos sí le puedo afirmar que, desde el punto de vista de violación a derechos humanos de nuestro expediente, del expediente de la Procuraduría no hay una prueba que indique que Carlos Canto Salgado participó en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, y lo que está siendo del conocimiento de los tribunales es determinar si efectivamente él pertenece o no a Guerreros Unidos, que eso es otra cosa. Porque hay varios que han sido detenidos por parte de las autoridades en relación con este caso simplemente por su pertenencia a Guerreros Unidos no porque hayan participado en los hechos”, detalló.
“Las evidencias que tenemos alrededor indicarían que — los 114 restos óseos — corresponden a los normalistas, pero hay que tener unaevidencia científica”.
Las piezas faltantes
Tanto en el caso del video de la tortura del operador de Guerreros Unidos, como los mensajes que fueron interceptados por la DEA, José Trinidad Larrieta reconoció que la CNDH sólo han tenido acceso parcial a la información de ambas pruebas.
“Una de las grandes dificultades a las que nos enfrentamos en la investigación es que nunca nos dieron acceso directo,
que nos dieran una copia de las transcripciones de los chats famosos, sino que lo que tuvimos que hacer fue acudir a las propias oficinas de la Procuraduría para que fuéramos a copiar a mano, a transcribir los contenidos de esos documentos”, detalló.
Sobre las escuchas que hizo la DEA, y que no se le ha proporcionado en su totalidad a la FGR, ¿qué ha ocurrido en ese asunto?
— Es importante esto. Sé que ejecentral ha estado muy pendiente del contenido de los chats, estos famosos de Chicago, y bueno para hacer un poco de historia recordar que a quienes debemos, y hay que reconocerlo así, que hayamos todos mirado hacia Chicago y a la intervenciones privadas ordenadas por los jueces y ejecutadas por la DEA en relación con aquellas afirmaciones que decían que de Iguala había trasiego de droga, que efectivamente al menos por las evidencias que conocemos hay ese trasiego desde Iguala hasta Chicago.
Pero sí cuando menos la gran aportación es que cuando se mira hacia Chicago y se empieza a investigar ese trasiego viene la revelación de que hay intervenciones telefónicas dispuestas por las autoridades norteamericanas donde efectivamente surge información muy importante que nosotros también estamos tomando cuenta en nuestra recomendación.
¿Esa información no ha sido revelada al gobierno mexicano por parte de la DEA o el Departamento de Justicia de Estados Unidos?
—
Ustedes lo saben muy bien porque han hecho un estudio muy cuidadoso, públicamente no se sabe y además no hay una determinación oficial, periodísticamente ustedes lo tienen ahí, pero oficialmente no sabemos quiénes son los interlocutores en ese chat porque hay varios.
Pero los mayores datos trascendentes de esos chats surgen de un intercambio que hay entre personas, pero que no están ubicadas en Chicago, una de ellas está en Toluca y otra en Iguala, pero además es importante tomar en cuenta que tampoco al menos por el análisis que nosotros hacemos nunca se podría afirmar que hubo una estrategia de diseño y de operación en tiempo real en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Porque los chats a los que se tiene acceso, y la información que ahí fluye en las pláticas de los miembros del crimen organizado de Guerreros Unidos es a partir de la una de la tarde del día 27, y desde luego, ahí hacen referencia a los hechos de la noche anterior, dan mucha información y de hecho estamos tomando, pero con mucho cuidado, que ese es el ejercicio que me parecería a mi desde el punto de vista periodístico, pero sobre todo en el plano de las autoridades y de la CNDH que lo hizo muy cuidadoso con el manejo de esa información porque cuando uno lee aisladamente esos chats a lo mejor no nos dicen nada o nos da un interpretación que no corresponde.
¿Por eso la relevancia de no contar con una parcialidad?
— Pedimos incluso en aquel momento que por intermediación de la propia Procuraduría General de República pudieran las autoridades norteamericanas que nosotros tuviéramos acceso a esa información, porque ahí se alegaron algunas cuestiones de tratados internacionales que les impedían aparentemente darnos la información (…) No sabemos si hay más, pero es factible que haya. No hay tampoco una explicación clara de por qué aparecieron de la una de la tarde, pudiera ser que haya otras cosas, eso no lo sé. Las propias investigaciones que estamos pidiendo que haga la Fiscalía General de la República es que determine si hay o no más chats.
“Todo se tiene que esclarecer, tenemos confianza, creemos que hay suficientes razones para pensar que vamos a llegar al fondo de las responsabilidades planteadas en las denuncias”.
Austria, la clave
Sobre el envío de los restos óseos que determinaron se analizaran en la Universidad de Innsbruck, ¿qué avance han tenido por parte de la hoy FGR?
—Estamos atorados. Porque la CNDH fue muy puntual en lo siguiente, dijo en su recomendación que de los 63 mil restos óseos que se recuperaron del vertedero de Cocula y de la bolsa recuperada del Río San Juan, que se supone y creemos que proviene de la ciudad de Cocula, esos 63 mil restos no han sido analizados en su totalidad. Sé lo complicado que eso puede resultar. De lo que se mandó a analizar a propuesta del equipo de antropología forense argentino junto con la PGR fueron apenas 27 restos óseos de ese universo. Y justamente de esos fueron identificados ya dos normalistas.
Hicimos una depuración mayor para saber cuáles eran los que de verdad tenían una posibilidad amplísima de poder contener material genético susceptible de análisis en materia de ADN, determinamos que existían 114 restos óseos que desde el punto de vista científico de los expertos nuestros poseen materia orgánica susceptible de análisis genético.
¿Por qué no se han enviado?
— Yo entiendo que el cambio de administración federal tuvo mucho que ver, sobre todo este cambio sustancial en materia de procuración de justicia al desaparecer la Procuraduría de la República y crear la Fiscalía federal, pero además también la situación del personal y colaboradores cercanos que tenían que estar con el fiscal y son cosas que se han ido definiendo muy lentamente.
Uno entiende que si se quiere cambiar de razón, pues son procesos que no son bastantes rápidos. Yo quisiera entender que esa es la explicación que hay de por qué no se han llevado a analizar, yo pensaría que no habrá más problema y en breve serán enviados a analizar los restos.
A prácticamente cinco años de los hechos de Iguala, ¿qué tan relevante resulta su análisis?
—Si esos restos son analizados podemos obtener dos cosas: una, o son de los 43 normalistas o de algunos de ellos y se confirmaría o se sabría cuál fue el destino final de ellos, avanzaríamos muchos en las investigaciones porque todos nos hemos planteado saber cuál fue el destino de los normalistas, todos queremos saber qué paso con ellos, cuál es su paradero. El análisis nos puede decir que efectivamente corresponden a los normalistas (…) Si no lo son, también es importante se defina a quién corresponden, porque corresponden a personas y en nuestra realidad de más de 40 mil personas desaparecidas, esos restos son de personas que también merecen justicia y también merecen sus familiares saber por qué tuvieron ese destino.
las pruebas con las que cuenta la CNDH avalan que casos como el de Carlos Canto certifican que fueron torturados, pero reconoció que no están acusados directamente por el caso Iguala.
Petición. José Trinidad Larrieta, encargado de las investigaciones del caso Iguala, asegura que la CNDH ha pedido a las autoridades federales el video completo de la tortura de Carlos Canto.
En abril de 2018, ejecentral reveló las intercepciones que la DEA hizo a integrantes de Guerreros Unidos durante los hechos de Iguala; Trinidad Larrieta señaló que oficialmente no se sabe quiénes son los interlocutores
Uno de los obstáculos que ha enfrentado la CNDH en el caso es el acceso parcial a pruebas como el video de la tortura del operador de Guerreros Unidos y los mensajes interceptados por la DEA.
Los mensajes. En registros de la DEA hay conversaciones entre miembros de Guerreros Unidos, del 24 de septiembre al 9 de octubre de 2014.