Si Andrés Manuel López Obrador hiciera una oferta seria para dar amnistía a delincuentes y victimarios, los priistas prófugos y los que pudieran estarlo a partir del 2018 deberían estar contentos porque incluiría la probabilidad de beneficiarlos.
Por ser cómplice de varias de las decisiones que lo involucraron en cinco ocasiones como secretario de Estado de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, José Antonio Meade, debería sentirse potencialmente aludido en vez de su conmovedora reacción a la sugerencia del tabasqueño: “el que siembra odio cosecha soledad”.
No es un secreto que al priismo más corrupto, el de gobernadores y funcionarios federales sujetos a proceso penal y los que podrían estarlo sin protección del poder nacional, les resulta indispensable, como a las autoridades capitalinas de un segmento del primer nivel, un pacto de impunidad.
También deberían estar secretamente contentos el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera y algunos otros gobernadores que fueron de izquierda perredista, conforme comiencen a darse a conocer los desarreglos de su administración.
La fórmula propuesta inesperadamente por el político tabasqueño parece obedecer a las sugerencias y programas semejantes que derivados de la experiencia sudamericana y centroamericana fueron puestas en práctica en los años 80 y hasta esta década en varias naciones en conflicto. Esos programas han tenido resultados desiguales ciertamente.
La propuesta del líder de Morena también revela la necesidad de mejorar los criterios de proyección de las propuestas que le hacen llegar sus asesores dada la recepción que tuvo, especialmente entre priistas, y dada la evidencia de que José Meade fue una decisión relativamente acertada del PRI, así sea una débil y aun lejos de ser aceptada entre las propias filas de militantes de base.
AMLO necesita mejorar el contenido, precisión y timing de sus propuestas. Y Meade y Mancera, por ejemplo, en la hipótesis de ser beneficiarios de ellas, en este caso la de la amnistía, en tanto victimarios de una ética de la administración pública federal y local, podrían pensar dos veces antes de abalanzarse en contra de aquella.
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