“¿De qué sirve que encontramos a nuestros desaparecidos si no los identificamos?”, soltó Irma Leticia Hidalgo Rea, quien desde hace ocho años busca a su hijo, Roy Rivera, secuestrado en enero de 2011 por personas vestidas como policías en Escobedo, Nuevo León.
Por lo menos desde hace un año la activista ha tenido que lidiar con dictámenes contradictorios e inexactos con el que las autoridades buscan obligarla a reconocer el cuerpo de un joven que no es el de su hijo.
México atraviesa una crisis forense, así lo reconoció Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), quien señaló que entre los varios motivos de esta situación se debe al déficit de antropólogos y arqueólogos forenses capacitados para intervenir en la identificación humana de cuerpos y restos humanos, muchos de los cuales son abandonados en fosas clandestinas en todo el territorio.
Durante su participación en la presentación del informe Violencia y Terror: Hallazgos sobre Fosas Clandestinas en México 2006-2017, elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (Ibero), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la organización Article 19 México y Centroamérica, Quintana Osuna aseguró que el próximo lunes se darían a conocer los hallazgos sobre el diagnóstico nacional forense y cuáles serían las primeras acciones para atender esta emergencia, no obstante adelantó algunos aspectos de las carencias que presentan los anfiteatros del país.
Al respecto, la funcionaria urgió a una convocatoria a nivel nacional e incluso internacional para ampliar la formación y capacitación de más antropólogos forenses, pues de los 5 mil 900 que hay en el país alrededor del 30% son criminalistas, y eso implica un déficit en la intervención de los hallazgos que se generan en las fosas clandestinas.
Sin embargo, Irma Leticia Hidalgo, fundadora de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León puso como ejemplo la situación crítica que presenta la entidad respecto a la identificación de personas, y aseguró que de los restos recuperados desde al menos 2017 “hay cero identificaciones”.
La activista lamentó que como parte del proceso de búsqueda y localización de personas desaparecidas está faltando un último eslabón que es el de la identificación, el cual, aseveró, no lo estado haciendo el Estado mexicano. Apuntó: “están lanzando un programa nacional de identificación, pero nadie nos está diciendo quién, cómo cuándo, dónde y cuánto (en recursos), lo lanzaron, pero a quién le preguntamos, el que no haya techo financiero (de la CNB) también nos preocupa”.
¿A quién le toca?
“La CNB no tiene un grupo de identificación humana, dentro de las facultades de la comisión no está el identificar a la personas, lo que sí es encabezar el Sistema Nacional de Búsqueda que incluye a las fiscalías que son las encargadas de hacer esta identificación y coordinar; podemos recibir información, pero tal y como está la ley, no como pensaríamos que debería ser, sino tal y como está, la identificación la realizan las fiscalías (…) Tenemos la facultad para exigirle a la Fiscalía General de la República que nos de la información, sobre todo por ejemplo de la base datos de genética, pero no tenemos un grupo de identificación”, aclaró Quintana Osuna, titular de la CNB.
Con una plantilla de sólo 40 empleados que actualmente integran la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, su encargada señaló que el diagnostico sobre cuántos recursos requiere la comisión para solventar las necesidades que hay en el país en cuanto a la búsqueda, para lo cual sí están facultados, particularmente en cuanto a la búsqueda de personas en vida, de forma inmediata y a largo aliento (pues hay búsquedas de desaparecidos años atrás) está bajo análisis.
Aunado a esta situación, Lucia Chávez Vargas, directora del área de Investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y coautora del informe presentado este jueves en un auditorio de la Ibero apuntó que en el país persiste un contexto complejo por “una grave crisis en términos de violaciones a los Derechos Humanos, como consecuencia de un modelo fallido de seguridad que implicó el aumento de la violencia”.
En ese sentido, David Fernández Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana lamentó que el fenómeno de las inhumaciones clandestinas persista sin que a la fecha se tenga una certeza de la magnitud real de la incidencia de estos que cada día acumula un creciente número desconocido de fosas, cuerpos y restos humanos.
Al respecto, Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos enlistó una serie de recomendaciones para el Estado mexicano atienda la persistente emergencia en materia de desaparición de personas, el hallazgo de entierros ilegales y la identificación de los cuerpos y restos humanos localizados en el país.
El diplomático apuntó que México debe enfocar sus políticas públicas a:
Erradicar los niveles de violencia con un enfoque de respeto de DDHH; cambiar la estrategia de seguridad; emitir el programa nacional de exhumaciones con estándares internacionales; atender la emergencia forense, a través de un mecanismo de asistencia extraordinaria y una reforma profunda de los servicios forenses en México; avanzar en el registro de información, transparencia y acceso a la misma ante la urgencia de datos confiables y accesibles que no generen discrepancias.
Así como el fortalece las capacidades en cuanto a investigaciones para saber no sólo el número de fosas y las personas inhumanas en las mismas sino de las investigaciones e imputaciones sobre quienes cometieron esos crímenes.
No hay certeza
Con base en la información recabada tanto del monitoreo y análisis de notas informativas en medios locales y nacionales, así como de lo que las fiscalías y procuradurías del país respondieron a través de transparencia, el informe sintetiza que entre los registros de las fosas clandestinas no sólo hay una grave disparidad en el número tanto de entierros ilegales como de los cuerpos localizados en ellos, sino que además hay autoridades que carecen totalmente de un control confiable e incluso se hace evidente la falta de transparencia institucional que manifiestan al no dar a conocer la información u ofrecer datos sesgados.
Algunos hallazgos del informe fueron que entre 2009 y 2016, la prensa (local y nacional) reportó un total de 618 fosas clandestinas, de las cuales fueron exhumados mil 829 cuerpos y 45 mil 381 restos de personas en 23 entidades del país.
Dentro del lapso de 2006 y 2017 las procuradurías y fiscalías estatales reportaron 1 mil 606 fosas, de las cuales fueron exhumados 2 mil 489 cuerpos y 584 restos de 24 entidades del país; mientras que entre 2000 y 2015, la ahora Fiscalía General de la República (FGR) afirmó haber identificado tan sólo el 6% de los cuerpos exhumados, y haber abierto 81 investigaciones o averiguaciones previas con la consignación de sólo 106 personas.
Informe Violencia y Terror: Hallazgos sobre Fosas Clandestinas en México 2006-2017: