La ASF advierte que los programas para allegarse dinero experimentan “discrecionalidad en su uso”Juan Carlos Rodríguez
Para ampliar da click en la imagenSu lema dice “Por la grandeza de México”, pero es investigada por un presunto fraude que supera los mil 157 millones de pesos.
Su consigna es “la verdad os hará libres”, pero no ha justificado 148 millones que le transfirió la Federación.
En su emblema se lee “Arte, ciencia, luz”, pero el destino de 60 millones de pesos que debían invertirse en elevar la calidad educativa permanece en la oscuridad, perdidos.
Es larga la lista de universidades públicas del país que concentran las peores prácticas presupuestales. De los cinco mil 305 millones auditados en 2014 por concepto de contratos con el gobierno federal, el 28% presentó insolvencias, un total de mil 490 de ellos.
Adicionalmente, dentro del gasto federalizado (como se le denomina al dinero que se transfiere a estados y municipios), de los 43 mil 513 millones repartidos a esas instituciones, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó malos manejos en 885.6 millones. En total, las universidades públicas sumaron 2 mil 376.3 millones de pesos en inconsistencias, de acuerdo con el análisis de la Cuenta Pública 2014.
La institución que presenta un mayor desaseo en sus finanzas es la Universidad Autónoma del Carmen, dirigida por el rector José Antonio Ruz Hernández. El 100% de los mil 157 millones de pesos auditados presentaron problemas de comprobación.
Ese monto corresponde al rubro “Contratos y convenios de colaboración y acuerdos específicos suscritos con la administración pública federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios”. De hecho, este programa ameritó una auditoría forense, la cual se aplica cuando hay evidencias de fraude con implicaciones de orden penal. En este caso las empresas afectadas son Pemex y la Secretaría de Agricultura.
Otra casa de estudios en problemas es la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), que encabeza Jorge Olvera García. La ASF señala que suscribió contratos por mil 36 millones de pesos; sin embargo, la universidad contrató a diversas empresas a las cuales asignó montos por 551.3 millones de pesos, que corresponde al 75% del valor de los convenios, con lo cual excedió el porcentaje establecido en la ley.
La autoridad observó pagos y cobros injustificados de la UAEMéx que suman 354.8 millones de pesos en perjuicio de Fovissste, el Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA) y la Secretaría de Desarrollo Social.
Por su parte, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), cuyo rector es Jesús Alejandro Vera, también está en problemas de índole penal, pues realizó contratos con la Secretaría de Desarrollo Social y recurrió a la subcontratación, con una afectación de 13 millones de pesos.
En el 2000, año en que comenzó el sexenio de Vicente Fox, las universidades públicas eran objeto de sólo tres auditorías por parte de la Federación. Para 2006, cuando arrancó el sexenio de Felipe Calderón, las inconsistencias contables eran aún aisladas y el número de auditorías se elevó a cinco.
Todo cambió en 2012, cuando la cifra de investigaciones se disparó a 24. Las señales de desvíos, subcontrataciones y facturas sin justificar comenzaron a multiplicarse. Al año siguiente ya eran 27. Y el récord fue en 2014, cuando se realizaron 67 auditorías, tres de ellas con indicios de fraude.
Otro factor que hoy día convierte a las universidades en un foco rojo dentro de la contabilidad gubernamental, es el Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior. La ASF detectó insolvencias en 40% de los recursos que reciben los estados por parte de la Federación.
En 2014, las universidades recibieron 495.2 millones de pesos para elevar la calidad de la educación superior; la Auditoría revisó el manejo de 473.7 millones, es decir, 95% del total. Al final, las irregularidades ascendieron a 201.9 millones.
Una de las casas de estudios con más problemas es la Universidad de Guadalajara, dirigida por Tonatiuh Bravo Padilla. Al 31 de diciembre de 2014, la Universidad no había devengado el 82.4% de los recursos transferidos por un importe de 95.3 millones de pesos, el cual está pendiente por aclarar, informó la ASF.
“La universidad incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transferencias de recursos, registro e información financiera de las operaciones, destino de los recursos y transparencia”, concluyó el organismo fiscalizador.
El fondo para la calidad educativa fue diagnosticado por la ASF como uno de los puntos que urge corregir, pues “falta supervisión de la instancia federal a fin de garantizar la correcta aplicación de los recursos transferidos”.
Otra “grieta” que detectó la ASF es el Subsidio Federal para Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior, el cual “carece de normativa específica, lo que deriva en la aplicación de recursos en conceptos que no corresponden con el objeto del convenio, lo que ocasiona falta de transparencia en el ejercicio de los recursos y discrecionalidad en su aplicación”.
Pero el investigador Javier Mendoza opina diferente. El especialista en presupuesto de las universidades rechazó que las inconsistencias detectadas por la ASF se deban al desvío de recursos o la mala utilización de ellos. Las asignaciones a las instituciones de educación superior, aseveró el académico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM (IISUE), están “sobrevigiladas”, por lo que las insolvencias, en caso de existir, se deben a errores administrativos.
Y el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jorge Medina Viedas, negó por su parte que las universidades tengan problemas de corrupción que pongan en riesgo sus finanzas. En cambio, el especialista en educación superior atribuyó las fallas contables, en buena medida, a la desorganización que existe en las secretarías de Finanzas de los gobiernos estatales.
›De los 26 sectores en los que se dividió la estructura de gobierno para analizar la Cuenta Pública de 2014, el que presenta mayores irregularidades es el de las Instituciones Públicas de Educación Superior, pues el 28 por ciento de la muestra auditada en 2014 presentó insolvencias contables.