El tamaño y las funciones han convertido al gobierno y varias de sus instituciones, incluso las autónomas, en un aparato que funciona lento y más aún, reacciona muchas veces torpe. Este monstruo se formó por los entresijos legales que se construyeron por la desconfianza ciudadana, pero también para convertir en legales procedimientos irregulares, como el típico caso de contratos a modo, entre otros actos de corrupción que nadie ha denunciado penal o administrativamente, salvo como anécdota de la mala actuación de gobiernos anteriores. Moverlo y hacerlo que evolucione como un Estado moderno es mucho más complejo y sí, se asemeja más a un elefante reumático, como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al cumplir sus primeros dos meses de gobierno.
Pero el problema es varios niveles peor. El cambio de grupo político no sólo significa una curva de aprendizaje natural, larga y tortuosa, ante la ausencia de experiencia, sino que un gran número de quienes están llegando a ocupar las plazas de confianza no cumplen con los requisitos que marca la ley y se está buscando modificar lineamientos internos en distintas dependencias, para que puedan ser designados formalmente, por eso ahora sólo aparecen como encargados de despacho.
Una segunda razón que hace que ese elefante reumático, por ahora, parezca además desarticulado, es la eliminación de plazas y la conjunción de áreas, también les está acarreando modificaciones que deben considerarse para que queden integradas al presupuesto y puedan operar.
Esto ya ha tenido algunas consecuencias, unas más visibles o delicadas que otras. Por ejemplo, el caso de la huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) que hará perder el trimestre a los más de 53 mil estudiantes y posponer los exámenes a los jóvenes de nuevo ingreso. Las funciones y alcances de la Secretaría del Trabajo le obligan a intervenir para facilitar las negociaciones y tratar de impedir el estallamiento de la huelga.
Desde la Rectoría se advirtió que simplemente no había dinero para cumplir con el aumento del 20% que quieren los trabajadores, sino que el presupuesto alcanzaba para pagar 3.35% de incremento, un 3% de retabulación y 4.28% en vales de despensa. Desde el gobierno no llegaron los refuerzos para tratar de flexibilizar la posición del sindicato. Falta de oficio, algunos funcionarios encargados de esas tareas ya no están y hasta carencia de información previa y prospectiva, arrojaron este problema.
Pero hay otros casos extremos y se ubican en las áreas de seguridad. En la PGR se comenzó un reacomodo de personal y una depuración. Desde diciembre pasado se ordenó desde la Oficialía Mayor que cada titular analizara el número de personal con el que podría desarrollar sus funciones sin afectar su trabajo sustantivo, tratando que se llegara hasta un 50% menos de plazas, en caso de ser posible, pensando en personal no esencial y más bien de adorno. Esto ha llevado a un estado de incertidumbre, protestas internas y disminución de elementos sin previo diagnóstico.
El otro caso es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que literalmente sólo existe el esqueleto, por lo que sólo tiene el membrete nuevo, pero operativamente sigue funcionando la vieja y desprestigiada Comisión Nacional de Seguridad. Es decir, prácticamente hay una parálisis técnica.
La razón es muy sencilla, no hay reglamentos, lineamientos ni nada de estructura. Construir una institución en poco más de 60 días no es sencillo, darle forma legal y operativa, y más en algo tan delicado y poderoso.
Este caso se agrava porque los agentes de la Policía Federal no han sido informados, sólo algunos concentrados para exámenes y otros ya se desplazan con un grupo interinstitucional que encabeza el Ejército y que se transformará en la Guardia Nacional, cuando exista legalmente. Fueron removidos los comandantes y se asignaron encargados del despacho, que dicen que ya se quedarán, pero la queja en algunos puntos del país, por parte de los agentes, es que se trata de personal que no tiene un grado ganado adecuadamente, por experiencia; no pasó los exámenes de control de confianza o tienen investigaciones administrativas en curso, una revisión que no se ha hecho porque no se tiene un diagnóstico.
El Instituto Nacional de Migración y el Centro Nacional de Inteligencia caminan igual, sin nombramientos formales en todas las áreas y sin definiciones interinstitucionales. Lo que se traduce en una limitada operación y capacidad para acompañar la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo.
Al elefante reumático le tocará modernizarlo a la Secretaría de la Función Pública y en segundo término, Hacienda, para el rediseño institucional que se supone planean para transitar a un Estado moderno, tarea de alta envergadura para servidores públicos que tengan esa estatura.