El uso de energía eléctrica para fines domésticos, industriales y agrícolas ha sido una condición de la vida moderna en el mundo. Desafortunadamente, nos encontramos en un punto donde el consumo de energía eléctrica está creciendo, lo que implica que debe generarse más cantidad a fin de satisfacer la demanda.
Ello necesariamente trae aparejado un aumento en el uso de fuentes energéticas, renovables o no. De no incrementar nuestra producción, el estándar de vida al que están acostumbradas las poblaciones urbanas podría desaparecer.
Todos los servicios de los que gozamos se verán afectados si nuestra producción de energía no crece a la par que nuestro consumo. Asimismo, si la infraestructura no tiene la capacidad para transmitir la energía generada a los puntos de consumo, puede colapsar el servicio, dejando a los asentamientos humanos sin energía. Es decir, así como crece el consumo, debe crecer la generación y debe fortalecerse la infraestructura de transmisión.
Las consecuencias de que se genere un desajuste en ese proceso pueden ser nefastas: por un lado, los servicios hospitalarios podrían verse afectados en circunstancias de vida o muerte, por el otro, la provisión de los servicios de transporte y de alumbrado público se vería severamente reducida, sin mencionar la virtual desaparición de todos nuestros métodos de entretenimiento.
Es decir, la cantidad de cosas que podrían cambiar en nuestra vida si se vuelve habitual la interrupción de los servicios de energía eléctrica es tal que escapa a nuestra anticipación. La provisión de energía en México depende en gran medida de una empresa productiva del Estado que tiene el control exclusivo sobre la red de distribución y un gran peso en la generación toda vez que puede utilizar la normatividad oficial para crearle barreras de entrada a la competencia y limitar la demanda de la energía que generen sus competidores a fin de mantener su dominio del mercado.
En ese orden de ideas, pareciera que la participación estatal en condiciones de mercado, sin una regulación adecuada y sin la aplicación de medidas oportunas para los casos de abusos o de ineficiencias implica que quien pagará las consecuencias es el consumidor. Es importante analizar cuál es la causa de las ineficiencias en el servicio de energía eléctrica y determinar si la manera de proceder de los reguladores y participantes del mercado es la adecuada. De no ser así, el problema energético podría agravarse y devolver a partes importantes de la población a épocas anteriores a la invención de la bombilla eléctrica.