Empujón desde la Corte con Olga Sánchez Cordero

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Existe un punto donde el “periodo neoliberal” y la Cuarta Transformación se tocan. Un momento en que los gabinetes de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador se conectan: el despojo de unas tierras que valen más de 500 millones de pesos.

Se trata de una operación jurídica que une a Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y actual secretaria de Gobernación de la 4T, con José Antonio González Anaya, director del IMSS y de Pemex, y secretario de Hacienda en el sexenio pasado.

En medio de esta trama está un señor de 82 años, oriundo de Coatzacoalcos, de nombre Inocente Armas Alor, quien hoy está postrado en una silla de ruedas y hundido en la miseria; un hombre al que esos personajes están por arrebatarle un terreno que compró hace 50 años.

A partir de documentos oficiales y entrevistas, ejecentral reconstruyó esta historia. Para tal fin, solicitó hablar con Sánchez Cordero y José Antonio González Anaya para conocer su versión de los hechos, pero al cierre de esta edición ninguno accedió a conversar.

La batalla de Coatzacoalcos

En octubre de 2013, después de siete años de litigio, don Inocente había logrado que el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz le diera la razón en una disputa que sostenía contra una de las familias más conocidas e influyentes de Coatzacoalcos, por su capacidad económica, sus relaciones políticas locales y los cargos públicos que han tenidos sus integrantes.

Lo querían despojar de un terreno de 10 hectáreas que compró en 1968, del cual tiene las escrituras y los recibos del impuesto predial que pagó durante casi 40 años.

Hace cinco décadas, cuando don Inocente adquirió el terreno, era fangoso y lo utilizaban como potrero. Pero hoy, la propiedad se ubica en la Zona Dorada de Coatzacoalcos, muy cerca del malecón y está rodeado de hoteles de cinco estrellas. La plusvalía se disparó y el predio está valuado en más de 500 millones de pesos.

›Don Inocente no tendría por qué estar pasando penurias, pero la dupla González Anaya-Sánchez Cordero le cambió la suerte.

La batalla legal del señor Armas ha sido larga y difícil, pues los interesados en arrebatarle su inmueble son José Antonio González Anaya (en aquel entonces era director del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS), su hermano Óscar y su padre, José Antonio González Pereyra; también figuran en la querella el abogado Alfredo Ramón de Diego y sus hijos, Alfredo y Marco Antonio Ramón López.

La trama para obtener la codiciada propiedad incluye sustracción de legajos del Registro Público de la Propiedad, robo de hojas en las que estaba asentada la compra-venta original y falsificación de documentos, según consta en el expediente que analizó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de Xalapa, que en 2013 emitió un fallo en favor de don Inocente.

Camino empedrado

El litigio fue desde su inicio una pelea desigual. El señor Armas, que toda su vida fue cargador, sólo cuenta con el apoyo de su familia y del abogado Marco Antonio Madrazo; ejecentral visitó el domicilio de Inocente, conversó con Basilisa, su esposa, y pudo comprobar las precarias condiciones en las que vive actualmente. Los González y los Ramón, en cambio, además de tener capacidad económica, son amigos y tienen familiares en el gobierno municipal.

José Antonio González Pereyra, padre de José Antonio González Anaya y participante en la querella (fallecido en 2017), era cabeza de una de las familias más acaudaladas del municipio.

Marcelo Montiel, amigo cercano de José Antonio González Anaya, era presidente municipal de Coatzacoalcos cuando se le impidió a Inocente Armas seguir pagando el impuesto predial, argumentándole en la Tesorería que ya no podían aceptar su pago. En ese mismo periodo fueron sustraídos los documentos del Registro Público de la Propiedad.

Luis Rafael Anaya Mortera, tío de González Anaya, era tesorero municipal cuando se operó la manipulación de documentos para desaparecer las evidencias sobre la compra-venta entre Inocente Armas y Donato Vidal, antiguo dueño del inmueble.

De acuerdo con los documentos del expediente, el pleito entre el señor Armas y el grupo González-Ramón es en realidad un diferendo entre particulares que no posee ni el interés ni la trascendencia nacionales que, por ley, deben caracterizar a los casos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación suele atraer.

39 años llevaba Inocente Armas pagando el impuesto predial por su terreno, cuando le notificaron que ya no podía pagar y que los dueños eran otros.

A pesar de ello, después de perder en los tribunales estatales, en marzo de 2014, los González y los Ramón acudieron a la Corte para solicitar que atrajera el caso. La petición fue rechazada debido a su “falta de legitimación”, se lee en el resolutivo.

Con este fallo y ya sin recursos legales, don Inocente al fin podía disponer del terreno que compró en 1968 y que por momentos había sido bardeado y ocupado por los falsos propietarios en un intento por revender la propiedad.

Pero los enemigos de don Inocente no se rindieron tan fácilmente. Tres meses después de su primer intento, en junio de 2014, el entonces director general del IMSS y sus aliados presentaron por segunda vez una petición para que el máximo tribunal del país ejerciera su facultad de atracción.

Los documentos muestran que los argumentos de los peticionarios eran prácticamente los mismos —que el máximo tribunal fijara criterios sobre la necesidad de apuntar debidamente un contrato de compra-venta en el Registro Público de la Propiedad—, sólo que esta vez sí tuvieron éxito, algo excepcional en el máximo tribunal, de acuerdo a funcionarios judiciales consultados por este periódico.

Esta vez encontraron la vía. El 20 de junio de 2014, la ministra Olga Sánchez Cordero hizo suya la petición y promovió entre sus compañeros de la Primera Sala que se ejerciera la facultad de atracción para revisar el caso, algo que se consumó el 19 de diciembre, un año antes de que la ministra terminara su periodo en la Suprema Corte de Justicia. Ese día la Primera Sala del alto tribunal determinó analizar el caso.

Inocente Armas, hombre que ya no puede caminar ni hablar debido a la serie de microinfartos cerebrales que ha sufrido, recibía nuevamente un revés que le impedía disponer de sus bienes y atender sus padecimientos.

›De acuerdo con el abogado Marco Antonio Madrazo, defensor de Inocente Armas, la decisión de Sánchez Cordero y de los ministros de la Sala va en contra de tesis aprobadas por el máximo tribunal, y particularmente resolutivos de la propia ministra en otras solicitudes de amparo.

Según algunos de los criterios previamente aprobados por la SCJN —y votados por Sánchez Cordero— se considera que un asunto amerita la facultad de atracción cuando se adviertan algunos requisitos como, por ejemplo, la posibilidad de que se genere una afectación grave en el patrimonio o las finanzas públicas de la Federación o ante la posibilidad de que se afecten áreas o sectores de importancia económica y social para el país. “Ninguna de las dos se configuraban en el caso”, aseveró Madrazo.

“Yo ya me voy”

En octubre de 2015, un mes antes de que Sánchez Cordero se jubilara en la SCJN, don Inocente Armas —ya limitado para hablar y caminar por su propio pie— junto con el abogado Madrazo acudieron a la oficina de la ministra, en un intento por sensibilizarla de que el caso no ameritaba la intervención del máximo tribunal y de que las pruebas de los solicitantes están basadas en manipulación de documentos.E

El dato. El caso del predio está actualmente en manos de la SCJN, donde se analiza un recurso de inconformidad.

“Le hice ver que el despojo contra el señor Armas Alor está basado en tráfico de influencias. Le di argumentos de por qué la SCJN se estaba equivocando al atraer un asunto de carácter civil que no tiene la relevancia nacional que se requiere”, relató el abogado, quien reconstruyó para ejecentral lo que ocurrió ese día:

—¡Usted inventó ese juicio! —dijo al abogado la ministra, quien se resistía a aceptar que su decisión de ejercer la facultad de atracción contradecía tesis formuladas por ella misma en casos anteriores.

—¿Cómo lo voy a inventar? Aquí está el legítimo propietario del inmueble y aquí están los documentos que lo acreditan —respondió el abogado, quien le pidió a don Inocente mostrar su credencial de elector.

—Yo ya me voy, y eso no me toca atenderlo —dijo la ministra, quien accedió a recibir a don Inocente y a su abogado gracias a la intermediación del magistrado Alejandro Luna Ramos.

—¡Claro que le toca! Y la historia la va a juzgar por haber permitido que se despojara injustamente a este señor de su patrimonio, que está en un lugar de la República Mexicana que usted ni conoce y se llama Coatzacoalcos.

—¡Yo no hice eso! —replicó la ministra, que comenzaba a exasperarse.

—Usted solicitó la facultad de atracción, cuando se trata de una medida ilegal e injusta…

—¡Yo no sé por qué lo estoy atendiendo! —cortó Sánchez Cordero al tiempo que se levantaba de su sillón. —Acepté recibirlos por tener una atención (con Luna Ramos), pero hasta aquí llega mi intervención.

La ministra caminó a un costado de su escritorio y le dio la espalda a los dos invitados, mientras una asistente les abría la puerta para que abandonaran la oficina.

“Usted se va a llevar en la conciencia el despojo a esta gente”, fue lo último que alcanzó a decir el abogado, después de 25 minutos de tensa conversación.

Además de Sánchez Cordero, Madrazo y su cliente lograron acercarse a los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y José Ramón Cossío Díaz. El primero, su paisano, originario de Xalapa, le otorgó 10 minutos; lo escuchó con atención, le recibió un resumen del caso y se limitó a decir: “Lo vemos”.

Con el que tuvo un mayor intercambio de ideas fue con Cossío Díaz, quien luego de conocer los pormenores del despojo a Inocente Armas le dijo: “Aquí en la Suprema Corte habemos dos tipos de ministros, los que seguimos una línea jurídica y los que siguen una línea política”.

Para cerrar su reflexión, Cossío agregó: “Si dependiera de criterios jurídicos, ustedes tendrían la razón; pero aquí se involucran cuestiones políticas”.

El enredo de los Vidal

La historia del predio en litigio se origina el 23 de enero de 1968, cuando Donato Vidal Hernández decidió vender a Inocente Armas Alor 10 de las 146 hectáreas de terreno que poseía al poniente de Coatzacoalcos. En aquel tiempo, el terreno eran lodazales que se utilizaban como potreros, y la transacción se cerró en 95 mil pesos.

El contrato de compra-venta fue asentado en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del municipio en 1970, con el número 44, folio 159-160, sección 1, asiento 60. Ese año Inocente Armas recibió las escrituras y comenzó a pagar el impuesto predial.

La historia la va a juzgar por haber permitido que se despojara injustamente a este señor de su patrimonio, que está en un lugar de la República que usted ni conoce y se llama Coatzacoalcos”.Marco Antonio Madrazo, abogado, durante una discusión con Olga Sánchez Cordero, entonces ministra de la SCJN.

El detalle que dio pie a la maniobra jurídica de los González-Ramón ocurrió en marzo de 1974, cuando Mario Vidal tramitó la sucesión testamentaria como heredero universal y se adjudicó las 146 hectáreas que eran de su padre, incluidas las 10.18 que ya le pertenecían a Inocente Armas.

El error nunca salió a la luz, sino 26 años después. El 16 de agosto del año 2010 los González y los Ramón denunciaron la inexistencia del contrato de compra-venta entre Donato e Inocente, y reconocen como propietario a Mario Vidal, a quien le compran las 10 hectáreas que ya habían sido vendidas a Armas Alor.

Sin embargo, los “nuevos dueños” sabían que en los libros del Registro Público de la Propiedad habían quedado asentadas las notas marginales donde se notificaba la compra de Inocente Armas. Pero esos documentos desaparecieron. Las hojas del libro donde estaban las anotaciones fueron arrancadas y colocaron en su lugar hojas nuevas con los nombres del supuesto propietario y vendedor: Mario Vidal.

La sustracción de legajos, el robo de hojas y el ingreso de datos falsos fue del conocimiento del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de Xalapa, que tuvo en sus manos inspecciones judiciales para investigar la existencia del libro donde se registró el contrato de compra-venta de 1968. También conoció las inspecciones que se hicieron para determinar qué seguimiento se le dio al extravío de libros y hojas, y ubicar al responsable de validar el ingreso de documentos falsos y anotaciones alteradas. Sin embargo, las pruebas fueron desechadas.

En sus alegatos, para tratar de invalidar la operación de compra-venta entre Donato Vidal Hernández e Inocente Armas Alor en 1968, los González Anaya y los Ramón López dijeron que el primero estaba casado con Isabel Rivera bajo el régimen de sociedad conyugal, por lo que el marido no podía vender sus propiedad sin el aval de la esposa.

Pero el abogado de Inocente Armas demostró que la señora Isabel había muerto en junio de 1967, siete meses antes de la transacción, por lo que Donato no tenía impedimento para hacer negocios por cuenta propia.

›El 19 de agosto de 2013, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil otorgó el amparo y protección de la justicia federal a favor de Inocente Armas. El 4 de octubre de ese año se declaró cumplida la sentencia, ya que los terceros interesados y hoy quejosos no recurrieron dicho fallo.

Como ya no tenían otro recurso legal, los inconformes acudieron a la Suprema Corte, en donde el abogado Madrazo acusa directamente a la ahora secretaria de Gobernación de facilitar la atracción del caso sin que existiera sustento legal para ello. El 11 de noviembre de 2016, la SCJN amparó a los quejosos y el caso fue devuelto a los tribunales estatales para su revisión.

Hace un par de semanas, al enterarse de las ceremonias del gobierno federal para recuperar la memoria histórica por los actos autoritarios del Estado y pedir perdón a las víctimas, el señor Inocente Armas tuvo la esperanza de que algún representante de la Cuarta Transformación lo volteara a ver, pero no fue así.