Una obligación ciudadana primordial es la de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos en la forma proporcional y equitativa que establece la Ley, o en palabras más sencillas, pagar los impuestos para la marcha del gobierno. Si las funciones de dicho gobierno deben favorecer el mayor bienestar de la sociedad, ¿qué acciones u omisiones le podría reprochar el contribuyente?
Notas periodísticas y comentarios en redes reprueban el sueldo de nuestros gobernantes, las pensiones de los expresidentes o exministros. La ciudadanía, presumiblemente contribuyente del gasto erogado para su sostenimiento, es severamente crítica del modelo de vida de sus representantes.
La evaluación es legítima, ya que habla de nuestro compromiso con asuntos de carácter público y demuestra la madurez de nuestra democracia. El Gobierno debe atender al llamado y hacer frente a los problemas de seguridad, educación, salud, mejoramiento ambiental, transporte, infraestructura, etc.
El punto crítico tiene que ver con el equilibrio eficiente entre la capacidad del Estado para responder al reclamo y los recursos percibidos. La ponderación del buen gobierno está íntima y directamente ligada a la sana administración de las finanzas del Estado.
El reclamo sentido de la población contra el “alza del precio” de la gasolina es el más notable de entre todos los que la presente administración ha recibido. Aunque no deberíamos hablar del “alza del precio” del combustible, ya que ese precio es el valor real del hidrocarburo en el mercado. La cuestión realmente tiene que ver con la disminución de un subsidio que indebidamente se había aplicado para dispensar el gasto de las clases medias y acomodadas.
El ajuste del precio en vigor obedece a la disminución de la capacidad tributaria. El reflejo y cobro de su valor real es conveniente, porque los recursos que permanezcan en las arcas públicas se destinarán a sostener programas prioritarios para las mayorías.
Es incomprensible que los contribuyentes caigamos en la simplona provocación de quienes alientan a la desobediencia civil ¿desaparecemos el presupuesto de la UNAM y conservamos el subsidio para beneplácito de todos?, ¿está mal que se pague una pensión a un exministro, pero no que los impuestos se destinen a subsidiar la gasolina de las SUV que circulan en Reforma, o el diésel de las poderosas refresqueras?
La política de protección al consumidor por la que se etiquetan precios totales que comprenden el IVA, debería modificarse por una que permita a las personas enterarse sobre cuánto enteran por concepto de contribuciones, y cuánto perciben por subsidios.