Foto: @mautreRedacción ejecentral
Agentes de la policía española registraron este jueves la sede central de la constructora OHL en Madrid y de la empresa tecnológica Indra, lo que ha representado pérdidas en el mercado de valores para ambas empresas; esto en el marco de una operación anticorrupción relacionada con personas ligadas al Partido Popular (PP), que encabeza el gobierno español.
Una portavoz de OHL dijo que la compañía estaba ofreciendo su máxima colaboración a los agentes de la policía, pero negó que la constructora hubiera efectuado algún tipo de pago a políticos; por su parte, Indra también confirmó los registros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
En la bolsa española este jueves, las acciones de OHL e Indra sufrieron un desplome de hasta 14 por ciento, debido a estas investigaciones; mientras que la empresa tecnológica ha sido castigada también por los inversores, con una caída de más del 5 por ciento.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han registrado las sedes de ambas compañías en el marco de la operación anticorrupción por posible desvío de fondos del Canal de Isabel II; esta parte de la investigación se centra en las sospechas sobre la financiación de la campaña del PP en las elecciones autonómicas de Madrid de 2011.
Agentes de la UCO también investigan la sedes de las oficinas de Saerco, empresa especializada en aeronáutica, y la consultora Price Waterhouse Cooper (PwC), dentro de las investigaciones que sigue la Audiencia Nacional sobre la supuesta financiación ilegal del PP en Madrid.
La policía había detenido en la víspera al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en el marco de una investigación que ha llevado al arresto de 12 personas vinculadas al gobierno de la región entre 2012 y 2015 por el presunto desvío de dinero público en beneficio propio.
El presidente español Mariano Rajoy no está acusado, pero la investigación es un problema para su gobierno, que ha buscado distanciarse de una serie de escándalos de corrupción (Con información de El Economista y Reuters). MR