El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo y el canciller turco Mevlut Cavusoglu dialogaron telefónicamente este jueves, en plena escalada verbal entre ambos países, sobre el caso del pastor estadounidense Andrew Brunson, detenido desde 2016 por cargos de terrorismo, y por el cual el presidente de EU, Donald Trump pidió su liberación inmediata y amagó con sanciones al país. “Nuestro ministro se entrevistó con el secretario de Estado Mike Pompeo” indicó un alto responsable turco bajo anonimato, sin más detalles. Previamente el canciller Cavusoglu había manifestado que Turquía “no tolerará" ninguna “amenaza” de Estados Unidos para que libere al pastor Brunson, a través de su cuenta de Twitter.
Nadie puede darle órdenes a Turquía. No toleraremos nunca las amenazas de nadie” advirtió el jefe de la diplomacia turca. “El Estado de Derecho se aplica a todo el mundo, sin excepción”, señala el mensaje difundido en la red social.
Estados Unidos había amenazado antes a Turquía con “grandes sanciones” si no libera “inmediatamente” al pastor.
Estados Unidos impondrá grandes sanciones a Turquía por la larga detención del pastor Andrew Brunson, un cristiano formidable, hombre de familia y maravilloso ser humano. Él está sufriendo mucho. ¡Este inocente hombre de fe debe ser liberado inmediatamente!”, escribió el presidente Trump en su cuenta Twitter.
Minutos antes, el vicepresidente Mike Pence había amenazado con medidas punitivas a Ankara. Un tribunal de Izmir, al oeste del país, ordenó la semana pasada mantener a Brunson en prisión preventiva.
El miércoles, un tribunal turco ordenó poner bajo arresto domiciliario a Brunson, a quien acusan de actuar en nombre del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) y de la organización del predicador Fethullah Gülen, exiliado en Estados Unidos y a quien Ankara responsabiliza por el golpe de Estado fallido de julio de 2016. El gobierno turco considera terroristas a ambas organizaciones. Brunson, instalado en el país desde hace 20 años, también es acusado de espionaje político y militar y se expone a 35 años de prisión. El pastor niega los cargos y su equipo de defensa argumenta que el caso se basa en declaraciones de testigos cuestionables. El proceso en su contra, que inició en abril, tendrá una próxima audiencia el 12 de octubre.