Redacción ejecentral
El procurador general de la república, Raúl Cervantes, firmó junto con 10 países la declaración de Brasilia de Cooperación Jurídica Internacional contra la Corrupción en la convención realizada en dicha entidad.
La dependencia informó que esta firma consiste en determinar las acciones de cooperación entre México y las demás naciones participantes para investigar sobre los presuntos sobornos cometidos por directivos y empleados de la empresa Odebrecht y Braskem
En ocho puntos esenciales se acordó recabar la mayor información sobre los diferentes casos de sobornos, las cuales ya habían sido revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde se mostró que funcionarios de Odebrechert habrían pagado 788 millones de dólares para comprar favores en al menos 15 países.
Entre los firmantes se encuentran, Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Perú, Ecuador, Portugal, República Dominicana y Venezuela.
Y es que el 23 de diciembre de 2016, la Secretaría de la Función Pública (SFP), en coordinación con Pemex, manifestó que se abrió una diligencia sobre el pago de sobornos a funcionarios mexicanos por parte de la constructora brasileña Odebrecht, para la obtención de contratos.
Las autoridades estadounidenses aseguraron que en sus documentos aparecían pagos de hasta 10.5 millones de dólares, con el objetivo de recibir beneficios en territorio mexicano.
Aquí los ocho puntos que firmó la PGR:
1. Asumir el compromiso de brindar la más amplia, rápida y eficaz cooperación jurídica internacional en el caso Odebrecht y en el caso Lava Jato, en general. 2. Promover la constitución de equipos conjuntos de investigación, bilaterales o multilaterales, que permitan investigaciones coordinadas sobre el caso Odebrecht y el caso Lava Jato, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49 de la Convención de Mérida y otras normas legales e instrumentos internacionales aplicables. 3. Los equipos conjuntos de investigación actuarán con plena autonomía técnica y en desarrollo de su independencia funcional, como principio rector de los Ministerios Públicos y Fiscalías firmantes de la referida declaración. 4. Reforzar la importancia de utilizar otros mecanismos de cooperación jurídica internacional vigentes, especialmente la realización de comunicaciones e informaciones espontáneas. 5. Aplicar el artículo 37 de la Convención de Mérida en la ejecución y seguimiento de las solicitudes de cooperación jurídica internacional originadas en los países firmantes, requirentes y requeridos, según la legislación interna. 6. Exhortar a los ciudadanos a apoyar sus instituciones de persecución penal en las actuaciones que son conducidas contra la corrupción en los países firmantes. 7. Insistir en la recuperación de activos y la reparación integral de los daños causados por los ilícitos, incluyendo el pago de multas, según la legislación de cada país. 8 . Reafirmar el respeto irrestricto al principio de legalidad, el debido proceso legal y a los derechos humanos, especialmente en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada transnacional.