Hace unos días tuvimos noticias que uno de los responsables del caso Ayotzinapa, había salido de la cárcel. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Fiscalía General de la República, realizaba ya investigaciones tanto del personal del poder judicial de la federación como de la misma Fiscalía.
La pregunta y desafío es y qué se esperaba, que sucediera; después de haber desprestigiado a todas las instituciones y al personal que las integran, después de haber dejado de ser objetivos tanto autoridades municipales, estatales y federales.
La objetividad de la investigación se perdió y era cuestión de tiempo que sucediera lo que ya empezó a suceder, si por un lado, las organizaciones nacionales e internacionales, lejos de buscar una estrategia de litigación penal, objetiva y probada, utilizaron los recursos de los mexicanos que somos los que pagamos vía impuestos los honorarios millonarios del Grupo Interdisciplinario, que cuando tenían que presentar líneas de investigación y claridad de evidencia; lo que exhibieron fue un video que colocaba a un servidor público de primer nivel en el lugar de los hechos con una bolsa de basura; con ello dando pie a un gran descuido y en términos del debido proceso una violación al mismo; por otro lado, sin contundencia de elementos de prueba se aferraron a que todo había sido orquestado por las fuerzas armadas.
Esos dos elementos, generaron que la autoridad investigadora, tuviera presión innecesaria, perdiera el foco y el ritmo de la investigación, aunado a los varios cambios institucionales, al inicio esto debía ser atendido por las autoridades del Estado de Guerrero, de forma demorada se atrajo la investigación por la Federación, los hechos desde un inicio tenían elementos de desaparición forzada (videos con patrullas MUNICIPALES llevando a los estudiantes), en contra de estudiantes con matices vandálicos; ya que siendo objetivos y sin ánimos de generar controversia el entonces Procurador, omitió señalar que los hechos origen de la investigación es debido a que los Estudiantes pues estaban tomando de forma ilegal los autobuses a grado tal qué hay choferes lesionados de por vida; hecho que también nubló objetividad desde el inicio; la razón de que las investigaciones las atrajera la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada(SEIDO), es por el tipo de delito grave que se pretendió probar (secuestró agravado y delincuencia organizada) ya que en ese entonces (26 de septiembre de 2014) la desaparición forzada, no era un delito grave como lo es ahora. A este cúmulo de negligencias y/o pseudo estrategias, se generó la manipulación y financiación de diversas organizaciones que por alguna extraña razón sólo se empeñaron en poner en el centro de la discusión, la necesidad de crear una comisión de la verdad, que a la postre se vio materializada en una resolución de un tribunal federal del Estado de Tamaulipas. Y tema de promesa de campaña de esta 4T.
Una comisión de la verdad, funciona, si y sólo si se antepone el Estado de Derecho y el acceso a la justicia como base, así como la garantía de no repetición; siendo objetivos, estamos lejos de cumplir con los estándares internacionales al respecto. Y la falta de litigio estratégico de parte de las anteriores y actuales autoridades locales y federales, aunado a la porosidad en el control de los criterios jurisdiccionales, so pretexto de la autonomía de cada juzgador. Lo cual en ocasiones da pautas para la corrupción en la interpretación de la ley y valoración de las pruebas, ocurre lo que ya sucedió, aunado a que la filtración de videos de tortura de parte de algunas autoridades aprehensoras, concluirá en menos de lo que estemos previendo, dejar a más presuntos responsables de la desaparición de los estudiantes, lejos de la cárcel; regresando a sus labores delictivas como si nada hubiera ocurrido.
De forma, en este caso, se acredita que las violaciones al debido proceso en todas sus modalidades; trascienden en el fondo y seguramente el resultado será más favorable para la delincuencia que para las instituciones; ya que si se desconocen los hechos investigados, se tendrá que generar prácticamente de cero un investigación; con la dificultad de que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Son los efectos búmeran de tratar lo técnico y jurídico con la lupa política. Haber sí reflexionamos y aprendemos la lección, dolorosa para esta sociedad mexicana tan líquida.