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Redacción ejecentral

Luego de que la coalición Por México al Frente, acusara a José Antonio Meade de estar involucrado en un «esquema igual al de la ‘Estafa Maestra’, por el cual se desviaron recursos públicos que ascienden a más de 500 millones de pesos durante su periodo como Secretario de Desarrollo Social, el equipo de campaña del abanderado del PRI-PVEM-NA respondió que el Frente intenta engañar a la opinión pública al querer imputar hechos derivados de contratos que fueron firmados antes de la llegada de Meade a Sedesol.

Según el Frente, alianza que tiene a Ricardo Anaya como candidato presidencial, las acusaciones contra Meade Kuribreña se basan en tres casos hallados en los informes de las Cuentas Públicas de 2015 y 2016, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y que incluye su periodo como titular de la Sedesol (del 28 de agosto de 2015 al 6 de septiembre de 2016).

En conferencia de prensa, en la que participaron dirigencias, liderazgos y legisladores del PAN, PRD y de Movimiento Ciudadano, la coalición explicó que no es casualidad que el mismo día que se presentó el informe de la ASF comenzaron las acusaciones contra los opositores.

El 29 de octubre, meses después de que él ingresó como secretario de Desarrollo Social, se emitió un pago por la Secretaría a su cargo por 400 millones de pesos a la Universidad Politécnica de Chiapas, la cual supuestamente brindaría diversos servicios”, indicó.

Añadió que el informe de resultados correspondiente a la Autoditoría de la Cuenta Pública 2015, se lee en la página 34 que la Sedesol no proporcionó evidencia que acredite que recibió en tiempo y forma los trabajos realizados por dicha Universidad, un caso «señalado como uno más del esquema de subcontratación y simulación de servicios, vía empresas fantasma».

Mencionan un segundo caso, consistente en la sustracción y falsificación de documentos públicos en convenios  de 611 millones de pesos con las universidades de Nezahualcóyotl, la Politécnica de Texcoco y la Tecnológica del Sur del Estado de México, «también señalados por la ASF por simular servicios» y donde, según el Frente, «hubo intento de encubrimiento de los desfalcos».

La coalición que abandera a Anaya Cortés, asegura que los tres convenios originales fueron modificados ilegalmente para ajustar la fecha de terminación del contrato a antes del ingreso de Meade a la Sedesol, por lo que asegura «no solo fue cómplice, sino que incluso tiene responsabilidad de manera directa como Secretario en el momento del desvío de estos recursos públicos».

La Auditoría, explicó, detectó que cambiaron ilegalmente las hojas 9 y 10 de los convenios para hacerlos parecer que concluían antes de la etapa de Meade, y ya bajo la Secretaría del hoy candidato tuvieron que autorizar una ampliación presupuestal de 62 millones de pesos para terminar de pagar el contrato fuera de la fecha, pese a que ellos decían que ya había concluido el mismo y que no tenían nada que ver.

El tercer caso mencionado se desarrolló en 2o16, cuando Meade, aún como titular, habría firmado un contrato con la Universidad de Zacatecas por 70 millones de pesos, bajo el mismo esquema de presunto desfalco, en donde la ASF encontró que no se pueden comprobar los servicios supuestamente prestados y en los que se ve un caso,  de falsa subcontratación.

Por esta razón, el frente exigió al PRI, al Gobierno y a Meade explicar este desvío de recursos públicos, «en lugar de estar inventando cajas chinas y ataques a opositores», en referencia a las acusaciones que surgieron contra Ricardo Anaya de lavado de dinero.

Piden a Anaya no tratar de desviar la atención

El equipo de campaña de Meade, de la coalición Todos por México respondió a los señalamientos asegurando que los contratos suscritos con universidades en el Ejercicio Fiscal 2015 fueron celebrados previamente a la llegada de Meade a Sedesol.

En un comunicado, llamó Anaya Cortés, a no intentar desviar la atención sobre las acusaciones que han sido formuladas en su contra por haber sido beneficiario de un esquema de lavado de dinero mediante el uso de empresas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha calificado como fantasmas.

Explicó que Meade Kuribreña impulsó acciones tendientes a revisar todos los programas sociales de la dependencia y solicitó al Órgano Interno de Control que se llevaran a cabo las auditorías respectivas, y agregó que durante su gestión  se llevaron a cabo auditorías que derivaron en la suspensión de 468 servidores públicos y en la presentación de diversas denuncias penales.

Por cuanto hace a los casos de los contratos celebrados con instituciones públicas de educación superior en Chiapas, Estado de México y Zacatecas, explicó que éstos son actualmente objeto de revisiones y procedimientos.

En tal virtud, el equipo de campaña de Meade se sumó a la exigencia de que esas revisiones concluyan a la brevedad y se informe puntualmente sobre su resultado, trátese de la gestión de que se se trate. DA

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