Tras la denuncia de Organizaciones de la Sociedad Civil que exigen al gobierno de Guerrero declarar crisis humanitaria por el desplazamiento de 6 mil personas debido a la violencia, la Secretaría General de Gobierno estatal declaró que no hace caso omiso a las demandas de los afectados. El director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, informó que habría más de 6 mil personas desplazadas en el estado.
Podríamos decir que el número de desplazados por la violencia en Guerrero es mayor que el de la caravana migrante de centroamericanos, pero el gobierno ha tratado de invisibilizarlos”, aseveró Olivares Hernández.
Aunque el gobierno de Guerrero asegura que a los desplazados de Filo de Caballos, los Morros y Campo de Aviación se les han brindado servicios médicos, alimenticios y enseres domésticos desde su arribo a Chichihualco el 12 de noviembre pasado. En conferencia el activista José Filiberto Velázquez Florencio, solicitó también una audiencia urgente con el gobernador Héctor Astudillo Flores, en la que participarían representantes de las comunidades desplazadas para “buscar una coordinación más efectiva en la atención a este problema”. Ante ello el gobierno de Héctor Astudillo Flores aseguró que el subsecretario Martín Maldonado del Moral se ha reunido con los presidentes municipales de Tlacotepec y Chichihualco, Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo, respectivamente. Además, la administración de Astudillo lamentó los señalamientos hechos por los comisarios municipales y el edil de Chichihualco, Leonardo Bravo, que aseguran que el gobierno estatal no atiende las demandas de los desplazados.
(...) resulta lamentable que recibiendo los materiales de apoyo, contando con la presencia de la delegada de gobierno y habiendo convenido celebrar acuerdos para el retorno de los desplazados, se desoriente a la opinión publica con información carente de veracidad”, señaló el gobierno de Guerrero a través de un comunicado.
Previamente el mandatario Astudillo señaló que la violencia en la sierra es un asunto de seguridad nacional, a lo que Olivares Hernández consideró es una demostración de la incapacidad del gobierno estatal.
Aquí lo que sucede es que no hay voluntad política para enfrentar la situación. El gobierno del estado ha permitido el crecimiento de este problema y declararse incompetente es la única salida que le ha quedado al gobernador”, sentenció.
El director del Centro Morelos exigió a los gobiernos federal y estatal que pongan un alto a la operación de grupos de civiles armados que se asumen como policías comunitarias, pues advirtió que el consentimiento de las autoridades ha provocado la proliferación de estas expresiones.
No es posible que haya una lluvia de balas enfrente del Ejército y de la Policía Estatal. Aquí el problema es que hay una mezcolanza, una interrelación, una interdependencia entre las autoridades y la delincuencia organizada, vivimos en un narcoestado y en México existe prácticamente un narcogobierno”, sostuvo.
(Con información de Milenio) NR