El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sancionó a un juez y seis funcionarios por permitir el ingreso de miles de autos usados sin que cumplan los requisitos legales Los hechos se dieron entre 2010 y 2013 en un juzgado de distrito de Mexicali que autorizó el ingreso al país de miles de autos usados sin cumplir la ley. En el proceso estuvieron implicados mandos de las oficinas centrales del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de las aduanas de Mexicali y Ciudad Juárez. Como consecuencia, Marcoflavio Rigada Soto, administrador central de Apoyo Jurídico de Aduanas, fue cesado en marzo pasado. Hace dos semanas, organizaciones de importadores denunciaron que en esas mismas aduanas ahora se está permitiendo el ingreso ilegal de autos a grandes importadoras, a cambio de cuotas de hasta 200 dólares por unidad. El Consejo destituyó al juez José Daniel González Vargas y a su secretario Ricardo Arreola Villanueva, ambos suspendidos desde junio de 2014, por actuar con “notorio descuido” al beneficiar a importadores de autos chocolates. También determinó multas de 465 mil y 370 mil pesos, respectivamente, por ingresos no justificados con su salario de servidores públicos. Los demás empleados recibieron sanciones que van desde la suspensión por un año sin goce de sueldo hasta apercibimientos. Es la primera vez que el CJF sanciona de manera simultánea a un numero de empleados de un solo juzgado. González se suma al ex juez José Neals Andre Nalda en la lista de destituidos por beneficiar a los importadores de autos usados de Baja California. Originalmente, González fue investigado por conceder una suspensión a la empresa Automotores Triple R para importar al país autos usados sin sujetarse a reglas del gobierno federal. Durante la investigación del CJF se confirmó que ese beneficio irregular en al menos ocho amparos presentados en 2011 y 2012. “La contravención mencionada, implicó que se afectara el interés social, pues las suspensiones otorgadas por los servidores públicos implicados permitieron la importación de vehículos usados al país sin que se observaran las normas establecidas para tal efecto”, explicó el Consejo. Irma Figueroa Aboytia, secretaria que ejerció funciones de jueza en ausencia de González, fue suspendida un año, pues también concedió suspensiones a importadores de autos. Empresas como Comercializadora de Autos Goal, Grupo Empresarial Yamve y Grupo Empresarial Caoman fueron algunas de las que pudieron internar al país autos viejos sin cumplir requisitos ambientales, fiscales y de reglas de origen. César Enrique Rodríguez Méndez y María Esther Velázquez Dueñas, secretarios del juzgado, fueron inhabilitados tres meses para el servicio público por descuidos en la integración de actas de diversas causas penales. (Con información de Reforma). DC
26 de Abril de 2024