El tema de hoy que más aqueja a México, el que más se ventila en los foros internacionales cuando se habla de ideas o de faltantes que deban llenarse para remediar el grave estancamiento de su economía en la comparación obligada con los países de la OCDE, tiene que ver con el del establecimiento de un auténtico Estado de Derecho, es decir, de un sistema funcional de normas y de instituciones encargadas de hacerlas cumplir, tan eficaz y vigente que ofrezca y de garantías de tranquilidad y confianza a quienes invierten su capital y esfuerzo en actividades productivas en el territorio nacional.
Debemos decir que el punto más agudo sobre el que descansa la funcionalidad de todo el sistema de derecho del país se halla en el amparo, pues es la última instancia judicial a la que cualquier persona puede acudir con el objeto de que un Tribunal Federal examine y califique la validez de una norma general, una sentencia o un acto de la autoridad, cuando se estime que es contraria a la ley o a un derecho humano. El amparo es la garantía última de la que un inversionista puede echar mano con el objeto de asegurar que la ley se cumpla puntualmente a favor suyo.
Es por esa trascendencia del amparo, tratándose de la observancia de la ley, que se deben adoptar todas las medidas y criterios necesarios para salvaguardarlo y conservar su funcionalidad.
Dos noticias se dieron a conocer la semana pasada con relación a la materia del amparo que hoy nos interesan: una, la del levantamiento de las vallas de la Secretaría de Gobernación que permitirán la apertura de Bucarelli; y la otra, la admisión de una demanda de amparo interpuesta por la COPARMEX contra el Gobierno Federal, por no haber impedido o disuelto los bloqueos de la CNTE en el sur del país.
La problemática de los dos amparos es compleja e implica el conocimiento de cuestiones técnicas que no vienen al caso mencionar, para los efectos de este artículo, sin embargo, destacaremos los resultados que producirá, en su caso, la sentencia que se pudiera llegar pronunciar en el segundo de los juicios mencionados.
Antes de abordar el tema, es pertinente recordar que a lo largo de casi medio siglo, en México hemos sufrido las consecuencias que arroja el temor que enfrentan nuestros gobernantes, de cara a la ciudadanía, al reproche y consecuencias políticas derivadas del deber de hacer cumplir sus resoluciones por medio de la fuerza pública. Desde 1968 en que tuvieron lugar los dolorosos eventos de Tlatelolco, oscuro capítulo de nuestra historia, resulta impensable suponer que un gobernante gire órdenes para someter a cualquier grupo disidente y obligarlo a observar la ley para beneficio del resto. La mejor muestra es la misma capital del país y el costo económico y de tranquilidad que se debe pagar por conservar la tolerancia, destacada virtud de nuestro gobierno que permite a quien sea organizar marchas y plantones para desquiciar irracionalmente las vías de circulación de la urbe.
Con la facilidad que hoy otorga la Constitución para que cualquier persona que se sienta afectada acuda a los Tribunales de Amparo, la COPARMEX promovió el juicio que está en trámite y que arriba hemos mencionado, por medio del cual pretende que se dicte una sentencia en contra de las autoridades del país a efecto de que hagan aquello a lo que constitucionalmente están obligadas, es decir, a defenderlos a ellos, a sus agremiados y a la sociedad entera, y a hacer valer la fuerza pública para preservar el Estado de Derecho en Oaxaca y Chiapas mediante el retiro coactivo de los profesores de la Coordinadora.
La petición que por esa vía se ha elegido, como lo fue la que en su momento promovió John Andrew Auping Birch para lograr el retiro vallas de seguridad que impedían el tránsito por Bucarelli, se antoja de lo más justa y legítima, pues es precisamente en la observancia y cumplimiento de la ley que se cifra la seguridad jurídica de quienes invierten en México y creen en él. Es el Estado de Derecho sobre el que se habla en los foros internacionales ¿no?
En principio, podría suponerse que es totalmente deseable que el Ejecutivo o quienes conforman su gabinete afronten las consecuencias políticas que supone la aceptación de su mandato, y que cumplan con la función que a su cargo establece la Constitución, la de hacer cumplir la ley. Sin embargo, esa posibilidad no puede verse de manera limitada, ni mucho menos aislada. Una sentencia que se adentre en ese tipo de consecuencias, conllevaría la aceptación de responsabilidades por parte del Judicial que pueden ser terriblemente graves y trascendentes para todos. No son los jueces quienes tienen bajo su poder la información que sirva para medir la temperatura de los desenlaces que llegue a producir una determinada intervención estatal.
La problemática que arroja la admisión de la demanda interpuesta por la COPARMEX opera en perjuicio del amparo y, por consiguiente, de nosotros mismos como sujetos interesados en la protección de este mecanismo de amplia tutela de nuestros derechos.
Veámoslo de esta manera, si el deseado cumplimiento de la ley no ha podido lograrse por incapacidad política de hacer valer la fuerza pública, qué mejor justificación que una sentencia pronunciada por el Poder Judicial de la Federación para llevarlo a cabo. ¿No acaso el incumplimiento de la sentencia acarrearía responsabilidades incluso penales a cargo de las autoridades responsables del orden administrativo? Exacto, el Poder Judicial está a punto de convertirse en la víctima de su propia audacia: la incitación del amparo como mecanismo de legitimación del uso de la fuerza pública. Es la invitación inmediata para que las mismas autoridades del país inciten a los particulares a promover amparos.
Así, la fórmula permitiría una nueva percepción ciudadana en torno del poder público, pues la materialización de los toletazos ya no provendría de las autoridades administrativas, sino propiamente del Poder Judicial, quienes expresamente están obligados a llevar a cabo cualquier acto que sea necesario para hacer cumplir sus sentencias. Se trataría de una inaceptable judicialización de la función pública que evidenciaría un desvío de poder, el inicio de una descomposición escalofriante del Estado mexicano.
Evidentemente que eso transgrediría la imagen de la judicatura, pero en una última y más desventajosa instancia, la del mecanismo que permitiría que los jueces incursionaran en tales derroteros: el amparo. Si éste es el juicio que tutela los Derechos Humanos, debe de hacerse algo para evitar que pueda utilizarse, simultáneamente, como una vía para permitir, en su caso, su misma vulneración.