En la Agenda Nacional de Riesgos aparece como uno de los temas prioritarios el crimen organizado y en uno de sus apartados se plantea como una amenaza la penetración de estos grupos en las estructuras del Estado.
Con base en esta agenda, que aprueba el presidente, es que rige su trabajo el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), para producir inteligencia estratégica que permita la toma de decisiones oportunas para la preservación de la Seguridad Nacional.
Lo sorprendente es que siendo una prio- ridad, una amenaza letal para el funcionamiento del Estado, las estructuras de seguridad nacional, especialmente el Cisen, no recuperen en su estructura los mecanismos y estrategias que atiendan y respondan con toda su capacidad a esta realidad.
La pérdida del control institucional y la sustitución por poderes fácticos es ya una realidad, aunque los gobiernos federal y estales lo nieguen y continúa extendiéndose. Hoy día ocurre en regiones de Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Oaxaca o Jalisco, por ejemplo. Ya sea porque los grupos criminales superan la capacidad de las autoridades que terminan por ceder, porque logran someterlas y convertirlas en aliadas y cómplices, o porque toman el control de las oficinas públicas colocando a personas leales.
Desde el gobierno de Vicente Fox se comenzó a desarticular al Cisen y la “de- puración” continuó con Felipe Calderón. La mitad de su personal renunció o se jubiló, prácticamente de forma obligatoria. El servicio civil de inteligencia contaba con cerca de 5 mil personas, pero entre 2001 y 2011, salieron 2 mil 115.
No sólo significó una pérdida de personal entre- nado, certificado y con experiencia; sino también se perdieron procedimientos, estructuras e información.
Una de las oficinas sustanciales que prácticamente quedó desarticulada y que este gobierno no ha recuperado, es una que formaba parte de la Dirección de Análisis del Centro y que su principal responsabilidad era contar con información verificada sobre cada uno de los candidatos a alcaldías, gubernaturas y legislaturas. Se contaba con información de campo, y en muchos de los casos con el seguimiento documental de sus bienes; se conocían sus relaciones políticas y empresariales; también se añadía un análisis sobre sus intereses y los riesgos, si los hubiera, de que ocupara o no un cargo público.
Aunque muchas décadas atrás se había utilizado ese tipo de seguimiento para presionar y controlar a personajes y grupos políticos en México. A partir de 1989, cuando comienza a institucionalizarse la Seguridad Nacional, el seguimiento a esos personajes se definió como prioritario para impedir que grupos criminales penetraran las estructuras del Estado o para frenar a grupos radicales, y también para mantener el control centralista del gobierno. En esa área estuvo, por ejemplo, Monte Alejandro Rubido, el excomisionado Nacional de Seguridad.
Actualmente esa oficina de seguimiento a personajes, en el caso de funcionarios municipales, no funciona con un método y una estructura que permita conocer si un candidato o quien ya ejerce ese cargo tiene algún vínculo con el crimen organizado; se desconocen sus bienes u operaciones financieras con socios u operadores, o las de sus familias y redes de vínculos, por ejemplo.
El análisis y seguimiento ya no existe, por eso se desconocen las amenazas reales. Resulta que los presidentes municipales son el primer eslabón de la cadena que vincula al ciudadano con el Estado, al que recurre para obtener los beneficios o a exigir sus derechos, y al romperse porque son asesi- nados o secuestrados, o porque se asocian a las mafias, es como ha comenzado la desarticulación institucional. En los últimos 10 años, son 235 ataques directos a funcionarios municipales y a su entorno, y siguen contando. Mantener todos esos casos en la impunidad sólo ha profundizado la crisis.