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En materia de respeto a la ley México no mejora ni empeora; pero permanece reprobado. Y es que obtuvo un puntaje general de 0.45, igual que en 2018, que lo posicionó en el lugar 99 de 126 países evaluados en el Índice de Estado de Derecho 2019, que realizó la organización World Justice Project (WJP), ubicándolo en la misma situación de países como Sierra Leona, Kenia, Irán y Mali.
La fractura del Estado de Derecho mexicano se refleja principalmente en tres de los ocho factores en los que se dividió el índice: Ausencia de corrupción, Orden y seguridad y Justicia penal. En Ausencia de corrupción, en el que se consideraron los delitos de soborno, influencia impropia de intereses públicos o privados y malversación de fondos, el poder legislativo, encargado de elaborar y aprobar las leyes, fue el peor evaluado con un puntaje de 0.17. En cuanto a la percepción sobre el Poder Ejecutivo, éste recibió una calificación de 0.32, en tanto que el Poder Judicial y los policías y militares se les dio un puntaje de 0.34. Ninguno de los tres Poderes que conforman al Estado mexicano salió bien librado.
Comparación global. Los tres primeros lugares en el índice del WJP este año son Dinamarca (posición 1 de 126 países), Noruega (2) y Finlandia (3). En los últimos tres se ubica República Democrática del Congo (124), Camboya (125) y Venezuela (126).
En el factor Orden y seguridad, que mide qué tan bien una sociedad garantiza la seguridad de las personas y de la propiedad, se presentaron claroscuros. En los indicadores Ausencia del delito y de reparaciones violentas, las calificaciones fueron reprobatorias con un 0.44 y 0.25, respectivamente. Pero en la variable Ausencia de conflicto civil, los mexicanos consideraron que el país está aprobado, ya que lo calificaron con 1, el rango más alto del Índice en Estado de Derecho 2019.
›En Justicia Penal, México sacó otro tache. En ninguno de los siete indicadores que componen este factor se obtuvo una calificación aprobatoria. Por ejemplo, en Sistema correccional eficaz apenas se alcanzó un 0.18, Investigaciones efectivas arrojó un 0.22, en No discriminación un 0.26, en No corrupción 0.29, en Adjudicación oportuna y efectiva 0.31, en No hay influencia indebida del gobierno, los encuestados otorgaron un puntaje de 0.36 y en Debido proceso legal, un 0.42.
Estas percepciones se reflejan en lo verificado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que en su tercera entrega de fiscalización de la Cuenta Pública 2017 concluyó que a más de un año de operación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, persiste la saturación de los centros penales, ya que el 83.4%, que representó 17 mil 249 imputados no han recibido justicia pronta, completa e imparcial.
De acuerdo a la opinión de las personas sondeadas, el factor Gobierno abierto es donde mejor evaluación se tiene, ya que de las cuatro variables que lo integran, en todas, se pasa de panzazo. Y es que en Leyes publicadas y datos gubernamentales se alcanzó un 0.67, donde 1 es la escala mayor. En Derecho a la información se logró un 0.62 y en Participación civil y Mecanismos de denuncia un 0.55 y 0.59, respectivamente. En este factor se midió la apertura gubernamental y el fomento a la participación ciudadana en la deliberación de políticas públicas. Además de evaluar si las leyes básicas y la información sobre derechos legales se publican y por ende su calidad.
A la par de Sierra Leona
Al ponderar la calificación de México a nivel mundial, el país se encuentra a la par de naciones como Sierra Leona, Kenia, Irán y Mali, señalados porque en ellos se violan sistemáticamente los derechos humanos. A nivel América Latina y el Caribe, México logró un puntaje reprobatorio (0.45) que le llevó a ubicarse en la posición 26 de 30 países. Superó a Nicaragua (0.40), Honduras (0.40), Bolivia (0.38) y Venezuela, naciones donde se registran conflictos entre la oposición y el gobierno.
En cuanto a los países con ingreso medio alto, México logró también un puntaje de 0.45 que lo llevó a colocarse en el sitio 35 de 38 países, sólo por arriba de Irán, Turquía y Venezuela.
De esta forma México queda muy lejos de los parámetros de Dinamarca, país de más de cinco millones de habitantes que obtuvo un puntaje general de 0.90 muy cerca del máximo respeto al Estado de Derecho, lo que lo situó en el primer lugar de 126 naciones evaluadas. Su puntaje general no es producto de la casualidad, para alcanzar ese estándar primero tuvo que sacudirse la corrupción por medio de un mecanismo implementado en el servicio público: la promoción de los ascensos gracias al mérito.
83 por ciento de los imputados del Sistema de Justicia Penal Acusatorio no han recibido justicia completa e imparcial.
41 lugares se rezagó México respecto a Brasil a nivel Latinoamérica.
A nivel Latinoamérica, el país se rezagó 41 posiciones respecto a Brasil, el gigante económico del continente que con frecuencia se compara.
El país sudamericano obtuvo una calificación de 0.54 que lo situaron en el lugar 58 de 126. Pese a que enfrenta problemáticas parecidas a las de México, y con quien comparte una trama de corrupción, el caso Odebrecht.
Comparado con el vecino del norte, México está muy por detrás. Con 79 posiciones de diferencia, Estados Unidos obtuvo una evaluación de 0.71 que le valieron ubicarse en el lugar 20 a nivel mundial.
Crece autoritarismo en el mundo
A decir de Elizabeth Andersen, directora ejecutiva de World Justice Project, organización que anualmente elabora el índice, el deterioro en el Estado de Derecho a nivel mundial es algo que debe encender las alarmas en los sistemas democráticos. Una señal clara de esta observación se advierte en el puntaje del factor Límites al poder gubernamental, pues 61 países disminuyeron su calificación, 23 y la mantuvieron y sólo 29 mejoraron.
¿Qué pasa en latinoamérica? A nivel regional, en América Latina y el Caribe, el país mejor posicionado del Índice del WJP fue Uruguay (23), seguido por Costa Rica (24) y Chile (25). Los tres países con peor puntaje en la región son Honduras (115), Bolivia (119) y Venezuela (126).
“Este deterioro en el Estado de Derecho en general y los controles al poder gubernamental en particular es profundamente preocupante”, consideró Elizabeth Andersen.
Para William H. Neukom, fundador y CEO del WJP el reto de fortalecer el Estado de Derecho es global, ya que “ningún país ha logrado, mucho menos sostenido, un Estado de Derecho perfecto”. De no asumir ese reto, apuntó, la comunidad mundial no gozará plenamente de paz, igualdad y oportunidades.
Por ello, señalaron, el Índice de Estado de Derecho del WJP es una señal de partida que sirve para consolidar puntos de referencia que sirvan para encaminar reformas que prioricen el fortalecimiento de los Estados.