En las últimas semanas han circulado algunas lecturas apresuradas sobre el rumbo de la Auditoría Superior de la Federación que dirige Aureliano Hernández Palacios. Se ha querido leer la transición hacia un nuevo modelo de fiscalización como un repliegue, menos auditorías, menos vigilancia, menos rigor. La realidad es exactamente la contraria, y conviene explicarla con claridad, porque lo que está en juego es la forma misma en que México fiscaliza el dinero público.
Durante años, la fiscalización superior operó bajo una lógica de volumen. El número de auditorías practicadas se convirtió, casi por inercia, en la métrica del desempeño institucional. Pero contar auditorías no es lo mismo que rastrear el destino de un peso público de principio a fin. Una revisión fragmentada puede multiplicarse en cientos de expedientes y, aun así, perder de vista lo esencial: si el gasto cumplió su propósito, si llegó a donde debía llegar, si transformó algo en la vida de las personas.
El modelo integral parte de una convicción distinta: menos es más cuando ese menos significa profundidad. En lugar de dispersar el esfuerzo en revisiones aisladas, la auditoría integral sigue el hilo completo de los recursos, su planeación, su ejercicio, su resultado, para reconstruir la trazabilidad del gasto. Es la diferencia entre fotografiar un instante y entender la película entera. No se trata de auditar menos, sino de auditar de fondo.
Esta evolución no es una ocurrencia local. Las entidades fiscalizadoras más avanzadas del mundo, agrupadas en la INTOSAI, han migrado precisamente hacia auditorías de desempeño y de carácter integral, capaces de evaluar no solo la legalidad del gasto, sino su eficacia y su impacto. La ASF se suma a esa corriente con una madurez institucional que vale la pena reconocer: la de una entidad que se atreve a cambiar su forma de medir su propio valor.
Conviene decirlo sin rodeos: una auditoría integral es más exigente, no menos. Requiere equipos multidisciplinarios, mayor capacidad analítica y una mirada que conecte datos, procesos y resultados. Reducir esa transformación a una resta de expedientes es, en el mejor de los casos, un malentendido; en el peor, una manera de restarle mérito a una reforma que fortalece, no debilita la capacidad del Estado para combatir la corrupción y supervisar el ejercicio del gasto público.
En medio de esta conversación, también se ha pretendido cuestionar la integridad del titular de la ASF a partir de su trayectoria profesional previa. Aquí vale la pena separar el ruido de los hechos. El Auditor ha hecho pública, de manera puntual y verificable, la información correspondiente, congruente, además, con lo asentado en su declaración patrimonial, despejando con datos lo que se intentó instalar como sospecha. Esa decisión dice mucho del talante con el que encabeza la institución: la transparencia no se invoca, se ejerce; la rendición de cuentas no se promete, se practica.
Y ese es, quizás, el punto más relevante de todo este proceso. Una entidad fiscalizadora solo tiene la autoridad moral que ella misma se gana. No puede exigir trazabilidad si no es trazable; no puede pedir claridad si se opaca; no puede demandar rendición de cuentas si elude la propia. Que el titular de la ASF responda a las dudas con información abierta, y que la institución explique sin defensiva el sentido de su transformación, son dos caras de la misma moneda: la de un órgano que entiende que su legitimidad se construye a la vista de todos.
México atraviesa un momento en el que la confianza en las instituciones no se da por descontada: se construye, día con día, con resultados y con verdad. La apuesta de la ASF por una fiscalización de fondo, más profunda, más trazable, más alineada con las mejores prácticas internacionales, es una apuesta por estar a la altura de ese reclamo. No por auditar más, sino por auditar mejor. Y, sobre todo, por convertirse en lo que el país necesita: una institución que no solo vigila el gasto, sino que ayuda a que el dinero público cumpla, por fin, con su única razón de ser.
La evolución de los plásticos
Los aditivos son sustancias que se incorporan al plástico para mejorar sus propiedades y adaptarlo a distintas necesidades. Gracias a ellos es posible aumentar su durabilidad, aportar mayor flexibilidad, especialmente en materiales como el PVC, facilitar los procesos de fabricación y evitar su deterioro, mientras que, los compuestos permiten incrementar la resistencia mecánica y la rigidez del material, reducir costos de producción y optimizar propiedades térmicas y eléctricas de acuerdo con cada aplicación.
Así, el plástico puede destinarse a usos específicos en la industria automotriz, envases, tuberías, equipos médicos y productos electrónicos. En este contexto, la Asociación Nacional de la Industria del Plástico (ANIPAC), presidida por Benjamín del Arco, prepara la segunda edición del Foro de Aditivos y Compuestos, que se realizará el próximo 18 de junio con especialistas del sector. Anualmente, el consumo de plásticos ronda los 400 millones de toneladas y está presente en más del 85% de los procesos productivos.
