El destino de decenas de miles de alumnos de primaria de las entidades cuyas dirigencias magisteriales constituyen “la minoría” parecería no importarle más que a sus padres y a ellos mismos.
Es probable que el universo de la educación pública ya genere desventajas insuperables respecto de la oferta de educación privada.
Por importar, hablamos de actuar para defender el derecho a la educación constantemente interrumpido durante décadas para ser un derecho subordinado al propósito de un actor político que busca establecer un proyecto nacional opuesto al vigente, sin excluir dentro de las opciones de su proyecto político ni a la movilización popular ni a la vía armada.
Ante ese poderoso actor, capaz de generar respuestas de dureza innecesaria en la percepción de la opinión pública capitalina, el poder federal ha opuesto, como el local en las entidades más problemáticas para los alumnos, una enorme cautela.
Ocasionalmente, las autoridades federales han retrocedido en los hechos además de lo que en las palabras ocurre de acuerdo al registro de inminencias de cumplimiento que fracasó y que es de todos conocido.
Ni la lluvia ni los truenos empujan a la autoridad a resolver conforme a derecho…de estudiar.
Los argumentos y los instrumentos de control que se atribuyen al Estado mexicano, en manos del gobierno federal se mantienen inactivos en lo fundamental, antes y después de las elecciones.
En el extranjero el presidente Enrique Peña Nieto presentó este mismo mes a la reforma educativa como la más importante de su administración, según el posicionamiento temático que fue elegido para la ocasión.
Al mismo tiempo, desde la aprobación de la correspondiente reforma constitucional, no existe evidencia de la integración de todos los maestros al criterio de evaluación y consecuente permanencia en los puestos docentes de aquellos que aprueben los exámenes constantemente cuestionados antes y después de la reforma misma.
Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación estudiará si es posible declarar inconstitucional dos artículos de la Ley General del Servicio Profesional Docente, y sus transitorios octavo y noveno. Exactamente, los que corresponden a evaluación obligatoria y sus consecuencias, las que son ahora rechazadas por los maestros disidentes de la CNTE e impugnados mediante el juicio de amparo.
Básicamente, de un lado, la CNTE argumenta que la estabilidad laboral a que obliga la ley está amenazada por el resultado de un examen que obligaría a algunos mentores, después de un laberíntico y magisterialmente generoso proceso, a abandonar sus plazas.
Con independencia del interés jurídico y político de la discusión, predomina la posibilidad de que miles de estudiantes del nivel básico en entidades como Oaxaca, Chiapas o Michoacán, no se beneficien de ella directamente ni indirectamente.
Los maestros no se han interesado en demostrar a la opinión pública que existe conexión entre su preocupación por la estabilidad laboral y la educación de los menores.
Por su parte el gobierno federal y prácticamente todos los gobernadores se han asegurado de no consumirse en la reivindicación consistente del derecho a la educación de esos niños.
Prefieren evitar la abierta confrontación de la expresión de un organismo sindical que no pueden controlar y, lo más importante, ni siquiera someter a la ley.
¿Qué candidato en el 2018 tendrá la credibilidad para resolver el derecho de los niños a estudiar ahí donde la CNTE es la ley?
Y donde rige el acuerdo con la dirigencia convencional del SNTE ¿quién generará ideas y propuestas creíbles contra la mediocridad de la educación pública, comparada con el estándar percibido de la educación privada?
¿Cuántos millones de niños quedan desde ayer sin oportunidades semejantes a las de familias de estratos medios que pueden pagar la educación privada?
¿Qué de verdaderamente intocable hay en la propuesta de la CNTE que no puede ser abordada de manera contundente por el gobierno federal? ¿Tiene razón la CNTE en algo que enuncia aunque no esté claro para todos?