Más vale tarde que nunca. La Presidencia rectifica y envía una iniciativa de reforma constitucional para que el Procurador General no se convierta automáticamente en Fiscal General. La señal es clara, Raúl Cervantes, transformado por las redes sociales en #FiscalCarnal, símbolo de los peores excesos de la cuatitocracia mexicana, no será el primer fiscal con autonomía del Ejecutivo.
¿Qué establece la Constitución? El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, quedará designado por virtud de este Decreto Fiscal General de la República por el tiempo que establece el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución, sin perjuicio del procedimiento de remoción previsto en la fracción IV de dicho artículo”.
¿Qué propone reformar el Presidente? Modifica el 16 transitorio para que el Senado active el procedimiento para designar al Fiscal General una vez realizada la declaratoria y elimina el mecanismo que permitía que el Procurador se convirtiera en Fiscal en forma automática: “El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el primer párrafo de este artículo, continuará en su encargo hasta en tanto el Senado designe al Fiscal General de la República y podrá ser considerado para participar en el referido proceso de designación”.
Un Presidente desprestigiado no puede imponer en la fiscalía, por un periodo de nueve años, a quien llega desacreditado, pese a que su ratificación fuera un día de campo cortesía de los senadores.
Después de los errores, omisiones y dislates que han marcado la investigación del caso Ayotzinapa, entre muchos otros casos, México requiere una fiscalía autónoma con capacidad real para investigar y un fiscal que genere confianza a los ciudadanos y garantice que hará frente a la impunidad generalizada que lastra a nuestro país. La decisión de la Presidencia es correcta, pero se ha tomado tarde y mal. El Presidente, aquel que tiene 24% de aprobación, se ve obligado a dar marcha a tras ante cuestionamientos de la sociedad civil y críticas internacionales. En esta semana, un editorial de The Economist cuestionó la voluntad del gobierno mexicano para enfrentar la amenaza de un vecino poco amigable. El semanario entiende la apuesta presidencial por Cervantes como una decisión equivocada. Como diría el clásico, “pero qué necesidad, para qué tanto problema”. No se puede crear una nueva fiscalía sin un proceso abierto que incluya las voces de la sociedad civil, las universidades y los especialistas.
La decisión de presidente deja también muy mal parados a los senadores, quienes al ratificar el nombramiento de Raúl Cervantes como Procurador, en menos de 24 horas de haber pedido licencia como senador, hacían suya la intención presidencial.
El nombramiento del Fiscal General es un elemento central de la transformación institucional de nuestro Estado de derecho y entenderlo como patrimonio del gobernante en turno y a los nombramientos públicos como oportunidades para acomodar a los amigos, equivale a reafirmar un pacto de impunidad nacional.
Los partidos políticos deben asumirse como oposición, diseñar la fiscalía que necesitamos y ratificar al perfil más adecuado. No son tiempos para cortesías equivocadas para compañeros de legislatura.
Profesor-Investigador del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, UDLAP.