El programa de espionaje Pegasus ni se ha dejado de utilizar, ni es el único sistema para vigilar a través de teléfonos celulares de manera invasiva que posee el gobierno mexicano. Tampoco se trata de seguimientos permanentes. Son más bien monitoreos por periodos de tiempos específicos, un mes, dos o tres, para luego dejar temporadas cortas o largas sin la vigilancia permanente de lo que se genera en el celular o a través del aparato. Y nuevamente se retoma, dependiendo el contexto. Bajo una lógica de seguridad nacional, el objetivo es vigilar toda amenaza real o inminente que pueda atentar contra la estabilidad del Estado; lo mismo que todo riesgo real o inminente a la Seguridad Nacional. Pero esto sólo puede comprenderse si un país cuenta con instituciones sólidas, confiables, con un profundo sentido de ética, que no está al servicio del gobierno en turno sino del Estado, que se rige por leyes y pondera los derechos ciudadanos, y no se extralimita en sus funciones, ni sus capacidades, que son muchas, las coloca al servicio de ambiciones e intereses políticos. En esa misma línea ética, que la historia de vida de un personaje, sea político o empresario, incluso periodista o defensor de derechos humanos, se revise por un órgano serio de seguridad, no podría causar algún escándalo, ya que al hacerlo sólo se pretende establecer si se trata de una amenaza o no, en caso de políticos, por ejemplo, de tener vínculos con el crimen organizado o empresarios con grupos radicales. Tampoco lo es, y conozco varios casos, el que esos mismos personajes sean monitoreados porque su trabajo es muy importante para la sana democracia del país y ejercerlo los coloca en riesgo, por lo que al vigilarlos se previenen riesgos, ya que un atentado en su contra por los temas que aborda podría desestabilizar al Estado. Esto ocurre en varios países con democracias sanas y robustas, y no tratan de limitar derechos, al contrario, proteger su ejercicio pleno, con la certeza absoluta que esa información al no ser útil, será desechada. Pero es cierto, se cometen abusos y en México, en los últimos 15 años se ha vuelto más común y cada vez más peligroso. En lugar de fortalecer los órganos de inteligencia y convertirlos en verdaderos órganos de Estado; definir claramente sus tareas de manera legal con sus alcances y límites; establecer los objetivos de cada uno y transparentar sus investigaciones cuando éstas puedan conocerse, se ha llevado a varias de esas áreas a ser instrumentos de la peor política. Lo que ocurrió en nuestro país ha sido la desarticulación de muchas de estas oficinas, la pérdida de objetivos claros o su utilización para beneficio de intereses de grupos políticos, especialmente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de la Policía Federal y la Agencia Federal de Investigaciones, en diferentes niveles y formas. En cambio, en otras áreas, como las de inteligencia de las Fuerzas Armadas, la sobrecarga de trabajo para el combate al crimen organizado es real. El uso de la información que de forma ilegal se ha recabado en este gobierno y que poco a poco se está documentando, muestra que si bien hay casos en los que se vigilaba por investigaciones criminales; también es cierto que la práctica de vigilar a personajes de la vida política, social, económica del país responde a intereses de grupo y, en varios casos, pretender acallar las voces críticas. No sólo se trata de Pegasus, también pueden encontrarse otros programas que funcionan muy similar o que incluso extraen más información de los correos electrónicos (sin necesidad siquiera de abrir esos correos maliciosos) o de las carpetas de documentos de las computadoras. Existen una decena: Da Vinci, Laguna, SAIP, Big Data Suite o IBIS, por ejemplo. Incluso el mismo Pegasus, aunque se asegure que ya no funciona por las reparaciones que hicieron en Iphone, en realidad se adaptan o siguen operando para otras marcas de celulares, y hoy día se continúan empleando en México, teóricamente para investigar a criminales. Investigar para determinar si funcionarios incurrieron en algún tipo de abuso o delito al llevar a cabo espionajes sobre periodistas o defensores de derechos humanos, es la única respuesta que puede ofrecer este gobierno, conocer los fines que se perseguían y la utilización de la información que se obtuvo. No hacer una investigación real, seria y profunda en PGR, implicaría la aceptación tácita de que esa vigilancia se hizo y hace con permiso de los más altos niveles de la administración gubernamental.
El espionaje no ha terminado
