Un juez tiene la responsabilidad sobre el presente y el futuro de una persona al juzgarla sobre algún delito. Por eso debe mirarle a los ojos cuando emita su sentencia, de otra manera no tendría conciencia de lo que está haciendo ni de sus alcances. Debe tener la plena convicción de que se ha comprobado su culpabilidad o no, porque su decisión afectará no sólo al acusado, sino a una o dos generaciones de su familia. Eso lo escuché desde la infancia. La gran responsabilidad de emitir sentencias y por ello lo medular que representa tener los estándares más altos de ética y servicio, que deben regir el ser y el actuar de un juez, magistrado o ministro. Se trata de la mística de servir aplicando la ley, interpretándola en busca de la justicia. En los últimos días he revisado un gran número de audiencias en juzgados penales, y en la mayoría de ellas hay enormes déficit. Ministerios públicos sin el arrojo y audacia de defender sus casos, y poco preparados, pero también jueces sin haber estudiado los expedientes, leguleyos y sin autoridad en las audiencias. Después de más de una decena de sesiones en sólo tres se puede ver cómo una juez y dos juzgadores estudiaron, cuestionaron, ejercieron su potestad sobre los fiscales y defensores, y fueron tajantes en aplicar la norma. Preguntarle a miembros del Poder Judicial de la Federación, que conocen las entrañas, es confirmar que la mística de servir a través de la aplicación de la ley se ha ido diluyendo. Que el crecimiento de oficinas jurisdiccionales ha deteriorado la selección de quienes se integran a los juzgados y magistraturas. Y las canonjías que se han ido acumulando los han alejado de los ciudadanos, convirtiendo una parte importante del espacio jurisdiccional en un club de amigos en el que sólo ellos pueden decidir, en el que se cuidan y hacen un ejercicio limitadísimo de transparencia, acompasado de herramientas limitadas para supervisar, investigar y sancionar las anomalías e irregularidades de los integrantes de este poder. Su salario incluye, por ejemplo, recibir dinero por “ayuda” para renta, gasolina, comida, despensa, compra de lentes, libros y automóvil; así como pago de celular, de seguro de vehículo a titulares y a sus hijos, chofer; además de su aguinaldo y bonos por productividad y riesgo, entre otros. Esto ha provocado que sea un botín que muchos quieran alcanzar y conservar. Pero además su inamovilidad, la imposibilidad de investigar sus criterios y la falta de denuncias por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) los ha colocado en un lugar muy cómodo y protegido. Cuando el nuevo sistema penal acusatorio estaba a punto de extenderse por todo el territorio, en una reunión regional celebrada en el norte del país, entre los representantes de la PGR, de las Fuerzas Federales y del Poder Judicial Federal, para coordinar esfuerzos en la implementación, los jueces advirtieron al resto: serían en extremo garantistas, por lo que debían hacer su trabajo de manera impecable el resto, de lo contrario los juicios se desecharían. Un día una juez que tenía poco en el cargo liberó a unos coreanos acusados de delitos graves porque los agentes investigadores no llevaban un traductor, a pesar de que sabían que harían un cateo con la intención de detener a los presuntos delincuentes de origen asiático; eso, dijo la juzgadora, violó sus derechos. No consideró que sabían hablar un poco el idioma y horas más tarde, una vez que fueron interrogados accedieron a un intérprete. Bajo el manto de los derechos humanos, los jueces han dejado de buscar justicia. Si bien en la ecuación los policías y los fiscales tienen una responsabilidad mayor, los que menos se sienten responsables de la enorme impunidad y la ausencia de justicia en el país son en gran medida los jueces y magistrados, sin reparar en que también, muchos de ellos, han dejado de hacer su trabajo escudándose en la protección de los derechos, la vía más fácil para convertirse en héroe y no en villano.
El tiempo de la justicia
