En el expediente sobre el asesinato del juez Vicente Bermúdez Zacarías se plantea en un informe que le dispararon en la cabeza como respuesta a lo que él había comentado alguna vez, que le daría un golpe a la cabeza de la corrupción que encontró en el juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Civiles Federales en el estado de México, donde lo asignaron meses antes.
La historia completa de su crimen se dejó inconclusa en las investigaciones de la ahora Fiscalía General de la República (FGR), donde ya se prendieron las alertas ante la última resolución del Consejo de la Judicatura Federal, la no ratificación del magistrado Jorge Arturo Porras Gutiérrez, por “deshonestidad en su actuar profesional”. Es un caso que no se debe olvidar, porque es emblemático, porque sacudió a jueces y magistrados honestos que piensan que ir a fondo de este caso mostraría realmente que se está limpiando la casa, y porque no se ha hecho justicia desde el 17 de octubre de 2016, cuando mataron al juez Vicente, como le llamaban sus amigos.
Bermúdez Zacarías tenía 37 años y la mañana de ese lunes, como otros, salió a hacer ejercicio cerca de su casa en Metepec, estado de México. Un hombre se le acercó por la espalda y le disparó en la cabeza. Huyó.
El preámbulo de este crimen es muy importante. Vicente Bermúdez llegó al juzgado Quinto del estado de México en marzo de 2016 y en poco tiempo descubrió una serie de anomalías que cometía su personal y que, estaba seguro, protegía y se beneficiaba su antecesor, Arturo Porras Gutiérrez. Presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal.
La Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura le pidió que documentaran aún más esas irregularidades, por lo que se dio a la tarea de hacerlo. Era muy delicado, porque el juez Vicente descubrió, de acuerdo con el expediente en manos de la FGR, que los actuarios notificaban a internos del penal de máxima seguridad del Altiplano que ni siquiera tenían expedientes en el juzgado, con ese pretexto ingresaban los funcionarios judiciales para en realidad servir como una especie de estafetas, incluso ofrecían un catálogo de mujeres a los internos, todos de alta peligrosidad.
Bermúdez Zacarías recabó documentos y datos que fue entregando al Consejo. Descubrió también, de acuerdo al expediente que lo conforman 10 tomos, cómo abogados litigantes lograban colocar pasantes en los juzgados y cómo otros actuarios de otros juzgados operaban de la misma forma. Incluso obtuvo grabaciones que comprometían a su antecesor y colaboradores.
Exactamente 15 días antes de su crimen, el juez Vicente detectó a dos hombres que lo seguían y tuvo miedo. La Comisión de Disciplina nunca evaluó el riesgo en el que estaba, a pesar de estar enterado de todo, porque se comunicaba con sus funcionarios varias veces por semana. Ocho días después del asesinato, la comisión de Disciplina destituyó e inhabilitó por 20 años a tres funcionarios que denunció el juez Vicente, entre ellos la esposa del juez Porras, Mayumi Sánchez Torres; el chofer del juez y un actuario más.
Hasta el 16 de noviembre de 2016 Porras Gutiérrez, para entonces juez Décimo de Distrito de Poza Rica, fue suspendido seis meses por mentir al Consejo sobre su chofer, quien debía radicar en la ciudad veracruzana, pero que en realidad continuaba en el estado de México como mensajero de presos.
Para el Consejo no hubo duda de que intentó encubrirlo, porque el chofer “ingresó al Cefereso del Altiplano a realizar diligencias de notificación en sustitución de dos actuarias adscritas al juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Toluca, que son esposa y excolaboradora (de Arturo Porras)”.
Cumplió el término el juez percibiendo el 30% de su salario y luego se reincorporó. Para quienes conocieron al juez Vicente, no cabe duda de que funcionarios del Consejo de la Judicatura o incluso la Corte, lo protegieron, pues logró ser magistrado a pesar de sus antecedentes.
Tardaron un año más (noviembre de 2017) desde el Consejo de la Judicatura para suspender a 10 actuarios adscritos a juzgados y tribunales de Toluca y Tepic que aparentemente eran mensajeros de acusados de alto perfil criminal.
El expediente del juez Vicente en la Fiscalía poco avanzó y el Consejo de la Judicatura aportó lo básico. Incluso se fueron inclinando las investigaciones hacia un motivo pasional, dejando de lado toda la corrupción que destapó.