Maria Idalia Gomez

Entre noviembre y diciembre de 2016, un total de 15 estados, Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas, registraron desabasto de gasolina por tres factores que impactaron de diferente forma en cada lugar: una nueva forma de facturación por internet que adoptó Pemex Refinación, los problemas de producción con la Refinería de Cadereyta, Nuevo León, y el robo a los ductos de Pemex.

Una tarjeta de la Policía Federal reportaba que “el desabasto que presentan los estados de Nuevo León y Jalisco se debió al incremento de las tomas clandestinas (TC) en los nodos de Salamanca y Cadereyta. En Chihuahua al incremento de TC en los poliductos de CD. Juárez-Chihuahua y Cadereyta-Gómez Palacio-Chihuahua.

Las tomas clandestinas crecieron y fueron capaces de provocar el desabasto en la mitad del territorio, porque las operaciones de los grupos criminales dedicadas al robo de combustible (gasolinas, diésel y turbosina) evolucionaron. En tan sólo cinco años, se articularon mejor, diseñaron estrategias para sus operaciones de defensa y ataque, crecieron en su capacidad de fuego e hicieron más sofisticada sus formas de lavado de dinero.

Estos grupos se diversificaron. Pasaron de traficar con drogas al robo y venta de combustibles sustraídos a Pemex, porque les ofrecía un mercado redituable, dinero rápido y poco riesgo, porque en 18 años no existió voluntad para cambiarlo. Ninguno de los tres últimos presidentes de la República, ni directores de Pemex se salvan de responsabilidad.

Con Vicente Fox se dio el primer golpe en reversa. Entre 2004 y 2006 las tomas clandestinas se duplicaron. Con Felipe Calderón, entre 2006 y 2009 crecieron en 216% y entre 2009 y 2011 aumentaron en un 294% adicional. Esto suma, en tan sólo ocho años de gobiernos panistas, un crecimiento de 1,601.96% en tomas clandestinas. Y ninguno se atrevió a combatir al sindicato petrolero, que es otro de los orígenes del robo de combustibles.

En los seis años de Enrique Peña Nieto el crecimiento de las tomas ilegales fue consistente y sumó 769.48 por ciento.

Este aumento de capacidades les permitió a los grupos no sólo contar con el apoyo social de su entorno, sino también someter a funcionarios municipales y sobornar a servidores públicos estatales y federales. Incluso emboscaron a fuerzas federales y sostuvieron enfrentamientos en Puebla y Guanajuato.

Si los grupos criminales tienen esta capacidad y las ganancias son tan redituables, ¿por qué desde diciembre, que se implementó el plan contra el huachicol desde el gobierno federal, no han reaccionado y mostrado su fuerza? Porque como ocurre en todo negocio se sabe cuando hay temporadas buenas y malas, sólo basta tener paciencia, actuar de manera estratégica y, de ser necesario, dar golpes quirúrgicos.

Una vez que se echó a andar este plan, ya no hay vuelta atrás. Si las investigaciones de lavado de dinero no desarticulan realmente estos poderes; si no se jala toda la madeja hasta llegar a las personas o empresas medianas y grandes que se beneficiaron del mercado ilegal de combustible, o si no son acusados penalmente los funcionarios que participaron activamente, entonces el poder de estos grupos se reforzará y aguardarán un tiempo más en bajo perfil, en espera de que pase la tormenta. Esta es una etapa de paciencia criminal, en la que medirán al gobierno y sus capacidades, como ha ocurrido en el pasado.

Si el embate va en serio y es profundo por parte del gobierno federal, entonces las reacciones virulentas se presentarán, por lo que se tiene que considerar el aumento de seguridad en el gabinete, comenzando por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Estos grupos criminales tienen la capacidad de generar inestabilidad en las regiones en las que tienen influencia, y que coinciden con las economías estatales más boyantes, por lo que como antídoto habría que considerar atender el riesgo.

Por ahora, lo que el Presidente ha llamado, en cuatro ocasiones, sabotajes al poliducto que surte a la Ciudad de México, han sido movimientos tácticos de estos grupos, una prueba de poder y capacidad de reacción.

Las tomas clandestinas están cerradas, no se están utilizando para no ser detectadas, es parte de su estrategia. No hay que cantar victoria. A pesar de que el Ejército siempre tuvo a su cargo la seguridad e inteligencia de Pemex para su protección, sus operaciones fracasaron. Ahora, demostrarán su eficacia y lealtad, en la implementación de una estrategia en la que incluyeron medidas que se propusieron unos 15 años atrás.

@Gosimai

Compartir