En promedio, cada hora, una nueva toma clandestina para el robo de combustible ha sido sellada por las autoridades en los últimos 20 días. El número total fue de 478 tomas encontradas en los ductos y poliductos de PEMEX en 21 estados del país, prácticamente todos por los que existen instalaciones de este tipo de la empresa.
La Procuraduría General de la República (PGR) es la única receptora de denuncias de Petróleos Mexicanos, por robo de combustible. Un trámite que debe cumplir la empresa productiva del Estado para el cobro de seguro. En casi cinco años (2012 a 2017) ha presentado más de 20 mil querellas, que se traduce en proporción, en que el volumen de barriles sustraído por cada toma clandestina implicó 12 mil 487. Detenidos y sentencias, son casi inexistentes. Pero la PGR no tiene investigaciones que hayan permitido desarticular toda una estructura criminal.
El fracaso de la PGR es monumental, pero habría que decir un poco a su favor, aunque en el fondo no tiene justificación porque simplemente ha dejado de hacer su trabajo, que requiere de una acción coordinada con las autoridades de PEMEX, Fuerzas Armadas y autoridades locales, para tener éxito, pero es algo que debería coordinar la propia empresa productiva del Estado o ya de perdida la de Gobernación. Pero si Petróleos Mexicanos recupera, vía los seguros, una parte del combustible, no tiene un verdadero incentivo para perseguir este delito, y el resto de las dependencias no han mostrado interés.
Lo que más han logrado son personas detenidas por transportar o vender combustible del que no pueden demostrar su legítima propiedad. Sin embargo, al llegar ante un juez, la mayoría de los casos están quedando en libertad, por una razón: porque PEMEX tampoco puede acreditar que ese combustible es de su propiedad, a menos de que la captura haya ocurrido cuando sacaban el producto de sus ductos y poliductos, y no cuando lo transportaba un señor o un grupo de personas.
No se trata de una falla del sistema de justicia, sino que pareciera que las autoridades no quieren darse cuenta, a pesar de la gravedad, de que lo importante no es perseguir, sino prevenir. Pero nadie lo está haciendo, por eso el saqueo aumenta y aumenta, y más bien un sector dentro y fuera de gobierno se está beneficiando de comprar equipos y herramientas de seguridad e inteligencia a empresas estadounidenses, israelíes o españolas, que no solucionan el problema, ni siquiera lo contienen. Apenas el pasado 13 de enero en Cuautitlán, la Policía Federal detuvo a ocho personas en flagrancia, quienes eran protegidos por 5 policías, dos estatales y tres municipales, que custodiaban al grupo de huachicoleros. Este caso no sólo es interesante por la seguridad que tenían, sino porque se les decomisó, entre varias cosas, 28 mil litros de turbosina, que representa el tanque de un Airbus 787 que podría viajar a Nueva York y que en el mercado legal equivale más o menos a medio millón de pesos, ¿quién está investigando eso?
Con la constitución de Pemex como empresa productiva del Estado y las inversiones externas, ocurrirá en breve que los delitos cometidos por la sustracción de combustible ya no sean federales, sino deban atenderse como un robo del fuero común. Este cambio que se prevé ocurra no más del próximo año, implicará mayor desarticulación en el combate y una carga investigativa que probablemente no tenga cada uno de los estados. Para esto, nadie se está preparando.