Desde 2016, la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo reconoció que México no cuenta con una cifra exacta sobre el volumen de recursos generados ilícitamente; sin embargo, “se estima que dicho monto es lo suficientemente significativo para ameritar que la prevención y combate del lavado de dinero sean una prioridad para el Estado mexicano”, por ser catalogada como una “alta amenaza” su tránsito por sistemas formales e informales en el país.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) decidió evaluar el desempeño, en torno a estos temas, de la Policía Federal y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Los resultados en ambos casos son buenos, como gran parte de las auditorías que practicó en esta ocasión la institución.
Aunque en este caso, al revisar la información, de cara a lo desconocido del fenómeno que se enfrenta al no conocer una cifra aproximada de cuánto dinero ilícito puede estarse lavando en nuestro país, los resultados del trabajo de ambas áreas del gobierno federal son preocupantes.
Al hablar de la Policía Federal, la Auditoría reconoce que “los resultados de la auditoría muestran que, en relación con la efectividad de los mecanismos implementados para prevenir y combatir los delitos señalados, aun cuando la Policía Federal tiene como ámbito de competencia anticiparse a la ocurrencia de los delitos mencionados, así como de investigarlos bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación, careció de mecanismos de retroalimentación que permitan conocer la eficacia en la atención de dichos mandamientos, y sus resultados impiden determinar la efectividad dado que se carece de una estrategia que permita evaluar el grado de efectividad y su contribución en la reducción de la impunidad de dichos ilícitos y en mejorar las condiciones de seguridad pública”.
Y si revisamos los números, la preocupación crece. En 2016, la corporación federal atendió solamente 14 denuncias ciudadanas por presuntos hechos delictivos relacionados con dinero ilícito.
Investigó y de esos casos concluyó 12, y sólo en cuatro encontró posibles hechos delictivos que se presentaron ante la PGR. El año pasado, la misma Policía Federal desarrolló 552 productos de inteligencia, 31 de ellos, el 5.6%, estuvo relacionado con la prevención y el resto, 521, 94.4% con el combate, de acuerdo al informe de la Auditoría. A los que hay que sumar 359 productos de inteligencia “como fichas delictivas; redes técnicas, de vínculos, de cruces y cronológicas; casos, e informes policiales de investigación y homologados”, elaboradas a petición de la PGR, pero de acuerdo a la ASF, en el 75% de estos informes “no acreditó la determinación de líneas de investigación para identificar estructuras criminales y modos de operación; lo anterior se debió a las deficiencias en los mecanismos de registro, evaluación y seguimiento de las actividades que realiza en esa materia”.
La ASF asegura que a partir de su intervención, la Policía Federal implementó apenas hasta ahora “acciones de mejora”, las cuales “le permitieron: contar con estrategias alternas que contribuyan a la prevención de los delitos financieros, definir e instrumentar mecanismo de retroalimentación o seguimiento de los resultados en la atención de denuncias ciudadanas, mandamientos ministeriales y judiciales; contar con registros de las líneas de investigación para la determinación de las estructuras financieras y modos de operación de las organizaciones delictivas, e implemente actividades de capacitación, especialización y actualización para los servidores públicos encargados de la prevención y combate de los delitos financieros”. Sólo le falta, dice la Auditoría, que implemente las acciones que le permitan cumplir las metas de capacitación, especialización y actualización de los servidores públicos encargados de la prevención, detección y combate de los delitos financieros de la Policía Federal.
En el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera el trabajo es más ordenado y se cuentan con un mayor número de procedimientos. En este caso, lo que llama la atención es que mientras en 2013 se recibieron por parte del sector financiero 13 millones 226 mil 446 reportes y avisos de operaciones inusuales, relevantes o preocupantes; para 2016, cuatro años después, la cifra se incrementó en 97.5%, es decir, 17 millones 624 mil 836 de este tipo de informes. Duplicándose los casos de “operaciones inusuales” y un 200% en las transferencias internacionales de fondos por revisar.
De todo este universo, en 2013 fueron 179 personas denunciadas y para 2016, la cifra creció en 952, que representó un total de 112 denuncias ante PGR, de las cuales sólo cinco fueron despachadas, de ellas sólo dos consignadas ante un juez. El resto, 107, sigue en trámite. Y es que en la Procuraduría no sólo falta personal y recursos, sino que los casos son cada vez más complejos. Estos números muestran que, a pesar de lo que diga la Auditoría Superior, el mecanismo para el combate a este delito, en su integralidad, no funciona bien.
@Gosimai