›El año pasado, 500 mil extranjeros cruzaron México con la intención de llegar a EU, y 80 mil mexicanos hicieron lo mismo. ¿Está preparado México para recibir a los repatriados?
La orden ejecutiva que firmó el miércoles 25 de enero el presidente Donald Trump no sólo dibuja la ruta que ha elegido en la relación con México, sino plantea varios problemas y consecuencias a corto y largo plazo en materia de seguridad nacional para nuestro país.
También existe un borrador sobre el programa de admisión de refugiados, en el que se propone la suspensión, por 120 días, de este trámite. En este lapso las secretarías de Estado y de Seguridad Nacional deberán definir qué procedimientos adicionales se establecen para garantizar que no ingresen personas que supongan una amenaza. Una vez que concluya esto, sólo podrán ser admitidos en este programa quienes cumplan los requisitos y que provengan de países que no son un riesgo para su territorio. Todo esto será también para los refugiados por razones humanitarias. Este año, adelanta, sólo se aceptarán 50 mil refugiados.
Es decir, el endurecimiento de las medidas para ingresar a Estados Unidos por esa vía, lo que se traduce para México en ¿qué hará con los ciudadanos de origen haitiano o cubano que están varados a lo largo del territorio y a los que se les han entregado permisos de internación temporal para facilitar su llegada a la frontera norte y cruzar? Superan las cinco mil personas, y además en camino por Centroamérica se prevé la llegada de miles más.
¿Las opciones para nuestro país? Cerrar la frontera sur, endurecer las medidas de ingreso, dejar que se queden en el territorio indefinidamente, deportarlos… Todas tendrán un costo económico, social y de política internacional.
La orden ejecutiva que firmó el miércoles parece la más escandalosa: “Asegurar la frontera de los Estados Unidos mediante la construcción inmediata de un muro físico en la frontera sur, vigilado y apoyado por personal adecuado para prevenir la inmigración ilegal, la trata de personas y los actos de terrorismo”. Ese es el menor de los problemas, si consideramos que poco más de la mitad de la frontera ya está amurallada y que, a pesar de que ordena al Departamento de Seguridad Nacional adoptar “inmediatamente” las medidas para obtener el control operacional completo de la frontera sur, deberán pasar varios meses hasta que se concluya el diseño, obtención de recursos y construcción de la barda.
En realidad, el problema radica en otro punto de ese mismo documento. Busca deportar, tan pronto sea posible, a todas las personas que sean detenidas violando la ley federal de inmigración estadunidense, en estricto sentido esto no ocurre actualmente porque existe un procedimiento legal que puede tardar semanas o meses, ahora pretende ser fast track.
Aunque en el texto se asegura que deberán respetarse las leyes, habla de mecanismos que aceleren el “retirar sin demora” a las personas que hayan sido rechazadas para permanecer legalmente en ese país y “acelerar las resoluciones” sobre quienes puedan o no ser elegibles para permanecer allá. Ordena al procurador general que considere de alta prioridad todos los procesos sobre delitos que tienen un nexo con la frontera sur y que destine todos los recursos disponibles para asignar jueces de inmigración que resuelvan los procedimientos de expulsión.
Todas estas medidas no sólo significan que será más difícil cruzar el muro para los mexicanos y los ciudadanos de otros países que utilizan nuestro territorio para llegar a Estados Unidos, sino que al ser detenidos serán expulsados casi de inmediato, lo mismo que aquellos que ya tienen tiempo viviendo en ese país.
Si entre enero y septiembre del año pasado 500 mil extranjeros cruzaron México con la intención de llegar a Estados Unidos y 80 mil mexicanos hicieron lo mismo, ¿qué hará nuestro país para el porcentaje que se quede o sea devuelto al territorio fingiendo ser mexicano? ¿Estamos preparados económica y socialmente para recibirlos? ¿Cuáles serán las consecuencias?
El presidente estadunidense quiere tener toda la capacidad de presión y para ello ordenó tener en su escritorio dos informes: el primero en 60 días sobre todas las fuentes de ayuda o asistencia otorgada a México en los últimos cinco años, y en 180 días un “estudio exhaustivo de la seguridad de la frontera sur y una estrategia para obtener y mantener el control operacional completo”.
Ayer Trump sentó las bases del diálogo con México. Será duro, porque es un tema de seguridad estratégica para ellos y están dispuestos a todo, sin importar las consecuencias. El tema central es si el gobierno mexicano está preparado para ello y sus consecuencias.
@Gosimai