El área jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se dio por vencida y consideró “poco probable” recuperar 2 mil 642 millones 641 mil 342 pesos en adeudos provocados por dos empresarios acusados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como de los más importantes lavadores de dinero en el continente, Nidal Ahmed Waked Hatum y Abdul Mohamed Waked Fares, del Grupo Waked.
Este miércoles, en la junta de Consejo, se informará al Aeropuerto la consumación de los acuerdos en el que se les condona, de manera tácita la deuda, a los empresarios que durante tres años estuvieron ilocalizables.
Documentos en poder de ejecentral muestran cómo a pesar del daño económico que representará al erario público, el director jurídico de la SCT, Carlos Sánchez Valencia, operó directamente este caso bajo el argumento de que era necesario para frenar las pérdidas para el Aeropuerto. Esos más de dos mil millones de pesos, que podrían no recuperarse representa el 88% del presupuesto lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador autorizó para las obras de mantenimiento y recuperación del Aeropuerto.
Este caso involucra 12 locales comerciales en la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México. Desde el año pasado, diferentes empresas intentaron obtenerlos por su alta rentabilidad. Pero lo impidió la Secretaría de la Función Pública, por las pérdidas que representaba para el erario, al menos en los términos en los que se hicieron las ofertas.
Sin embargo, en este nuevo gobierno y con conocimiento de la Función Pública, la SCT articuló, en tan sólo cinco meses, un acuerdo en el que se garantiza la recuperación de 12 locales, el pago de 160 millones de pesos en 60 meses y se reconoce que el resto de los pasivos podrían no recuperarse. Es decir, esta vez sí se resolvió, prácticamente en las mismas condiciones desventajosas para la terminal aérea.
Estos más de dos mil millones de pesos de pasivo se acumuló porque Nidal Ahmed Waked Hatum y Abdul Mohamed Waked Fares eran arrendatarios de 12 locales dentro de la Terminal 2 del Aeropuerto, a través de la empresa La Riviera Vive Contigo México S.A. de C.V. El 5 de mayo de 2016 la Oficina de Control de Activos en el Exterior (Ofac por sus siglas en inglés) estadounidense determinó que a través de sus empresas, hasta ese momento 68, formaban una red para el blanqueo de drogas y otras ganancias ilícita.
El gobierno estadounidense exigió a las autoridades bloquear todas sus compañías en México, lo que se cumplió unas semanas después, cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) selló los locales, le revocó todos los permisos y congeló sus cuentas. Desde entonces el aeropuerto capitalino demandó a la empresa La Riviera Vive Contigo México.
Así, el 19 de mayo de 2016 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó a la empresa en la lista de “personas bloqueadas”. Hace unas semanas la UIF la sacó de este registro.
El lavado mexicano
Nidal Ahmed Waked Hatum, fue detenido y sometido a juicio en Estados Unidos. Se le acusó de construir empresas en países como Colombia, Panamá, México y Estados Unidos, para el lavado de dinero proveniente de diferentes actividades ilícitas, especialmente las drogas.
Cuando la OFAC dio a conocer lo que denominó la red de lavado de dinero de Abdul Mohamed Waked Fares y Waked Hatum, las empresas en México no fueron incluidas en la lista; sin embargo exigieron su cierre para impedir que su organización continuara operando.
El SAT fue implacable. Clausuró las 12 tiendas de la Terminal 2 que tenían contratos que vencían entre 2016 y 2018; bloqueó sus cuentas; revocó todos sus permisos aduaneros y comerciales. El Aeropuerto presentó 12 demandas por cada uno de los comercios, en donde exigía el pago de las rentas que estipulaba el contrato, los servicios y los intereses.
En paralelo, un grupo que formaba parte de los más de 70 empleados que tenía La Riviera Vive Contigo México los demandaron por los daños laborales causados.
Casi de inmediato los representantes de la empresa se hicieron ilocalizables, aunque contratacaban con amparos que en su mayoría fueron perdiendo. En total 70 juicios se iniciaron. Los juzgados y tribunales no pudieron avanzar en los casos.
La Procuraduría no inició investigaciones en México sobre posibles operaciones de lavado de dinero en el territorio.
Acuerdo inaceptable
Para 2018, diferentes empresas intentaron, a través de la SCT y del Aeropuerto, obtener un convenio para apropiarse del arrendamiento de los locales, dos de ellos dañados por los sismos.
Sin embargo, de acuerdo al informe de labores 2018 de la Función Pública, el Comisariato intervino para rechazar un punto para acuerdo del orden del día de los Consejos de Administración de las empresas paraestatales Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM) y Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México (SACM): “Dicho acuerdo buscaba resolver controversias jurídicas en contra de la Riviera Vive Contigo, S.A. de C.V., hoy Vive Duty Free, S.A. de C.V., por falta de pago de rentas, ingreso mínimo garantizado, cuotas de mantenimiento e intereses moratorios, por un importe de 722.7 millones de pesos.
“La solución era que a una tercera empresa se le arrendaran los locales mediante el pago de renta diferido de forma mensual durante cinco años por un total de 121.6 millones de pesos y la condonación de la diferencia del adeudo por 600.4 millones de pesos, lo que se estimó improcedente. El citado punto de acuerdo fue retirado, con lo que los juicios continuaran para el cobro del adeudo que la citada empresa mantiene”.
La Función Pública consideraba que en los términos que se planteaba el acuerdo resultaba un daño para el Aeropuerto y se beneficiaba la empresa deudora y las que pretendían ser nuevas arrendatarias.
En este caso frenó la SFP esta operación por estar en sus facultades y obligaciones. Los Órganos de Vigilancia y Control son las áreas encargadas de participar, vigilar y acompañar las decisiones de relevancia al interior de los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y las Juntas de Gobierno de las instituciones de la Administración Pública Federal, en las se cuenta con la participación de dichos órganos conformados por los órganos internos de control (OIC), los delegados y los comisarios públicos propietarios (DC).
Aceptan con mayores pérdidas
En 2019 ya no importó que las pérdidas fueran mayores, en menos de cinco meses se operó el acuerdo bajo la premisa que es muy difícil recuperar los adeudos.
Los documentos oficiales muestran que el abogado Sánchez Valencia acudió, en al menos tres ocasiones, al Comité Interno de Contratación del AICM (Cocosa), para que fuera por esa vía que se aceptara la condonación del adeudo y los términos de un nuevo arrendamiento.
El 20 de junio planteó a los integrantes del Comité la necesidad de resolver el problema con La Riviera Vive Contigo México, debido a que representaba una pérdida de 20 millones mensuales por el incumplimiento de los contratos.
“Se encontró una forma de cerrarlo con una oferta de un tercero Dufry, que ya es cliente del aeropuerto y que tiene conocimiento tiene un excelente record de pagos, de dicha propuesta se destacan un par de puntos, no se está hablando de una cesión de deuda, es importante que resalte en el acta, lo que ocurre es que la Riviera trae a la entidad una transacción judicial, sin que se le condone un peso ni de lo anterior, ni de lo que se ha estado generando, ni de los intereses moratorios, hace entrega de un convenio judicial de los 12 locales”.
La mayoría de los integrantes del comité insistieron en la forma que debían recuperar los adeudos y si durante tres años permaneció ilocalizable para enfrentar los juicios civiles, mercantiles y laborales, cómo es que se podía llegar a un acuerdo ahora, porque de ser así sería mejor, coincidieron los asistentes
El abogado de la SCT aclaró que se llegaría primero a un acuerdo judicial en los 12 procesos. En esos convenios se aceptará el adeudo por la totalidad de las rentas vencidas y la entrega inmediata de los locales arrendados por La Riviera, luego podrán comercializarse. “Tendríamos un documento judicial pleno en que se podría intentar contra La Riviera las acciones pertinentes para la recuperación del adeudo, como si el juez hubiera ordenado que pagara”, planteó el funcionario ese 20 de junio. Mas adelante reconoció, que era “poco probable” recuperar los más de 2 mil millones de pesos.
Esta posición se trató de sostener en un dictamen técnico jurídico fechado el 9 de mayo de este año, y en el que se justifica que se continuará perdiendo dinero bajo el riesgo de no recuperar nada, esto debido a que no se ha podido emplazar a la empresa por estar ilocalizable. En cambio si se rentaran los locales se ganarían de entre 12 mil y 188 mil pesos cada uno.
De junio de 2016 a marzo de 2019 se han perdido, plantea el documento, 573 millones 565 mil 558 pesos. En algunos casos se tardarán tres años más los juicios lo que significaría una pérdida en rentas por más de 42 millones de pesos. En otros casos hasta cinco años.
Entre los beneficios se plantea en el dictamen el ya no gastar en juicios, rentar los locales y “se podría intentar el cobro de las prestaciones reclamadas en los juicios o en su defecto hacerlas deducibles del Impuesto Sobre la Renta, produciendo en ambos casos beneficios para el Aeropuerto”.
Pero la empresa sí apareció, aunque sólo para cerrar los juicios. Entre el 8 y 14 de octubre reaparecieron sorpresivamente los representantes del Grupo Waked y firmaron con el Aeropuerto los convenios ante los juzgados, los cuales se mantienen en reserva y con ello se cerraron prácticamente todos los juicios con la empresa del Estado.
La nueva arrendataria hará un pago de 121.6 millones de pesos en una sola cuota, y 139 millones en 60 mensualidades con una tasa de interés del 3% anual. Además de pagar 25% sobre las ventas, e invertir 76 millones en los locales para su remodelación.
Este miércoles se pretende validar estos acuerdos, con el acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera que ya desbloqueó a la empresa La Riviera y el empuje de la SCT.