Los problemas y las dificultades de cualquier naturaleza permanecen si se les rehúye o solo se les aborda de manera tangencial, superficial y medrosamente sin atacar las raíces o las causas que los originan...
Sé qué es decir lo obvio, pero es preciso cuando de antaño en cada sexenio con pragmatismo sin rumbo, incapacidad, reticencia. desinterés, negligencia o deliberada simulación se repite la propensión enfermiza de quedarse en las hojas, en el follaje de añejos y nuevos problemas económicos, políticos y sociales sobre-diagnosticados, pero luego solo revolcados, refritos, manoseados o postergados evitando ir a las causas, a las raíces profundas de donde se nutren, se multiplican y se complican...
Los políticos y los Legisladores por ejemplo fingen no entender que la inseguridad y la violencia desquiciada se entrelaza firmemente con la corrupción oficial desvergonzada y es la raíz, el motor de todos los problemas nacionales.
Hoy cuando los índices de homicidios, secuestros, robos con violencia, masacres, mortandades, balaceras, fosas clandestinas, narcotráfico, adicciones y los cárteles de la criminalidad organizada se multiplican, en lugar de traer a la población algo nuevo, algo bueno, algo más eficaz contra esa macabra y siniestra escalada fatal y letal lo único que se les ocurre es continuar con la ruptura constitucional que rebasa ya los diez años con las fuerzas armadas en las calles como policías sin estar capacitados para ello como sus altos mandos honestamente lo reconocen y en lugar de regresar a los valores republicanos, al respeto a la norma fundamental se pretende aprobar otra ley anfractuosa, corrosiva, ruda y azarosa para militarizar a perpetuidad al país en otro acto de sevicia legislativa compulsiva con clara intención de petrificar el mismo círculo vicioso, el mismo modelo fallido y coartada para que la autoridad civil no retome, no reasuma sus obligaciones, sus responsabilidades intransferibles de otorgar seguridad plena a la población.
El problema de fondo es que en México no se le ha otorgado la más mínima importancia a la capacitación de policías profesionales y esa deficiencia estructural se recrudeció por dos factores: Haber sacado de los cuarteles a las fuerzas armadas para realizar labores policiacas reactivas, nunca preventivas y mucho menos atenuadoras de la delincuencia criminal y como consecuencia de ello los Gobernadores chambones, irresponsables y ladronazos se dedicaron a desviar, malversar, despilfarrar y apropiarse delincuencialmente de los recursos transferidos para consolidar cuerpos policiacos eficientes, bien pagados, fiscalizados y preparados para prevenir y/o aprehender a los delincuentes conforme a las disposiciones del nuevo Sistema Penal Acusatorio que exige como premisas el respeto al debido proceso legal y la presunción de inocencia mismas que al seguir siendo violadas dispara la impunidad criminal.
Gran zozobra y rechazo provoca el proyecto de “Ley de Seguridad” que se cocina en el Legislativo que perpetuaría la militarización del país y con ello reiniciar otra larga caminata anti-constitucional en medio de la oscura y larga noche que dura más de diez años y por senderos estériles donde se acumulan más de 174 mil muertos y un gasto público que rebasa el billón ochocientos mil millones de pesos que no fueron solución de nada, solo permanente, demencial frenesí, estruendores, siniestras balaceras, propelas de helicópteros artillados, bazukasos como moneda de curso corriente, avalanchas de muertos y sin materializarse la reducción mínima, elemental de los cárteles de la droga, ni el trasiego de estupefacientes, tampoco el lavado de dinero negro en el sistema bancario, bursátil y financiero, pero tan siquiera un poco menos la violencia criminal en las calles haciendo de México un “Estado de miedo” para la población civil; un “Estado débil” para los cárteles y sus jaurías de sicarios multiplicadas y un “Estado fallido” para Mr. Bannon, el asesor estrella de Mr. Trump.
Los hechos no se discuten... las opiniones sí, pero solo con datos duros y mejores argumentos si los hubiere.
Hoy en lugar de otra muestra de sevicia Legislativa compulsiva para evadir la gravísima problemática de inseguridad y violencia desbocada con otra ley disfuncional y rasposa, debería estar en sesión permanente un “Gabinete de crisis” que demostraría que la autoridad civil no es reacia a rectificar y tiene suficiente imaginación y racionalidad que va más allá de la simplista ecuación militar para combatir violencia con más violencia, intentar apagar el fuego con más pólvora demostrando su evidente falta de voluntad política para profesionalizar con prisa y sin pausa a las policías federal, las estatales y las municipales como inaplazable obligación toda vez que de imponer a perpetuidad la militarización no se estaría respondiendo a las conductas socialmente indeseables con la debida proporcionalidad sino maximizando la reacción castrense igual contra un carterista que contra los salvajes narcotraficantes y con ello la irracionalidad del exceso de la fuerza, peligrosa y muy riesgosa afectación de los derechos humanos.
La militarización del país para compensar el déficit de policías civiles capacitadas no procede bajo las siguientes premisas: La Constitución en sus artículos 21 y 129; los derechos humanos y las garantías individuales no son negociables y el Estado tiene como obligaciones primigenias salvaguardar la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de los ciudadanos...La procuración civil de justicia debe consolidarse para fortalecer el Estado Constitucional y no un régimen de excepción autoritario...se debe evitar que con la “guerra” fracasada, sangrienta y costosa desatada anticonstitucionalmente por el visceral genocida panista Felipe Calderón se sigan causando irresponsables “daños colaterales” por los que ninguno de los tres niveles de gobierno se hace cargo cuando es fundamental principio de un Estado (incipientemente)democrático prevenir, investigar y sancionar legalmente a los transgresores de la ley, no exterminarlos reactivamente y menos usar la fuerza como método de represión contra la población civil mayoritariamente honesta que exige usar el derecho antes que la fuerza...
Sí es esencial que las aprehensiones de presuntos delincuentes no tengan el vicio procesal de origen en cuanto a la presunción de inocencia, debido proceso legal, proporcionalidad en el uso de la fuerza y que se realicen dichas aprehensiones por autoridad legitimada, es evidente que legislar con otra ley anticonstitucional para habilitar como policías y Ministerios Públicos a las Fuerzas Armadas implica otro retroceso y flagrante quiebra del Estado mexicano.
¡Buena idea y plausible que ante la inseguridad y la violencia la SEGOB condicione el apoyo de la Federación a las entidades federativas que incumplan con sus obligaciones en materia de seguridad y que cada gobernador asuma su responsabilidad y no sigan en la hamaca o coludidos con el crimen organizado!
Nunca es tarde y es mejor que militarizar al país eternamente con grave costo político, rechazo ciudadano y critica internacional al claudicar en la premisa civilista de consolidar los cuerpos policiacos para prevenir y combatir los delitos conforme a derecho.
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