SAN SALVADOR, El Salvador.- La salvadoreña Teodora Vásquez apeló ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la sentencia de un tribunal que ratificó su condena de 30 años de prisión por homicidio agravado bajo una severa ley antiaborto, dijo este martes su abogado. El jurista, Víctor Hugo Mata, publicó en su cuenta de Twitter que presentó el recurso ante la sala penal de la CSJ, que deberá decidir si pasa el caso a otro tribunal, anula la sentencia o la ratifica. El pasado 13 de diciembre, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador confirmó la pena de 30 años de prisión que le fue dictada en 2008, luego de que la mujer sufriera un parto intempestivo que terminó con la muerte de la bebé y que fue calificado por la fiscalía como un homicidio agravado. El caso de Teodora Vásquez se remonta al 14 de julio de 2007, cuando a los nueve meses de embarazo tuvo una emergencia obstétrica mientras trabajaba en un colegio de San Salvador. Llamó al servicio de urgencias de la policía pero no obtuvo respuesta. Sufrió una hemorragia severa y la bebé nació muerta, según la defensa y organizaciones feministas. En la audiencia de revisión de la condena, celebrada en diciembre, la defensa de Vásquez presentó los informes de dos peritajes médicos relacionados con la autopsia que el Instituto de Medicina Legal (IML) hizo al cuerpo de la bebé tras su muerte. La autopsia del IML señalaba que la bebé “nació viva” y murió “por asfixia por sumersión”. Sin embargo, esa versión fue refutada por los médicos que analizaron la autopsia y que concluyeron que fue un parto intempestivo. Este martes, su abogado señaló a AFP que confía en que la sala penal resuelva anular la sentencia y decida pasar el caso a conocimiento de otro tribunal. No obstante, admitió la posibilidad de llevarlo ante una instancia internacional si la decisión de esa sala de la CSJ es mantener lo resuelto por el Tribunal Segundo de Sentencia.
CIDH urge a revisar 27 condenas por aborto
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó este lunes a El Salvador a “revisar” las condenas de 27 mujeres encarceladas por haber abortado. La organización humanitaria llamó al gobierno de Salvador Sánchez Céren a aplicar “una moratoria” a la drástica ley que penaliza la interrupción voluntaria del embarazo. La relatora de la CIDH para los Derechos de las Mujeres, Margarette May Macaulay, señaló en un informe que es necesario “revisar detenidamente las condenas” de cada una de las 27 mujeres encarceladas por aborto, algunas con penas de hasta 30 años, como la de Teodora Vásquez. La revisión debería hacerse con “miras de asegurar el juicio justo y libre de estereotipos a cada una de las mujeres” y que “de probarse lo contrario, a poner en libertad a estas mujeres”, indicó Macaulay. Explicó la relatora de la CIDH que, como Teodora Vásquez, muchas mujeres que sufren complicaciones obstétricas o abortos espontáneos “son condenadas por homicidio agravado”, todo con base en la sospecha “de haberse inducido un aborto y en posible violación de su derecho al debido proceso”. Macaulay exhortó además a El Salvador a emprender una moratoria “a la aplicación del artículo 133 del Código Penal”, el cual castiga el aborto con entre 2 y 8 años de cárcel. Sin embargo, fiscales y jueces tipifican los casos de aborto o incluso la pérdida del bebé como “homicidio agravado”, un delito penado con 30 a 50 años de prisión. Desde octubre de 2016, el Congreso de El Salvador estudia una propuesta para despenalizar el aborto en casos de violación, cuando se ponga en riesgo la vida de la madre o por inviabilidad de sobrevivencia del feto, pero la iniciativa se encuentra estancada por la inmediata reacción de los partidos conservadores y de organizaciones civiles antiaborto. Pese a ello, la relatora de la CIDH instó a El Salvador a “adoptar legislación dirigida a garantizar a las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos sexuales y reproductivos”.