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Georgina Morett y Tomás de la Rosa

redaccion@ejecentral.com.mx

El gobierno federal extenderá y unificará sus tiendas de abarrotes. Con su estrategia de fusión de toda la estructura territorial de Liconsa y Diconsa, reorientó 27 mil locales de conveniencia ubicados en las principales ciudades y puntos remotos del territorio. 

Para noviembre, el plan estima sumar nueve mil locales más, con lo que tendrá 36 mil tiendas en las que ofrecerán desde granos básicos, leche, mercancías que producen las comunidades, así como enlatados, pilas, refrescos, tiempo aire para celular, también se podrán pagar servicios y en muchas de ellas se instalarán cajeros automáticos.

Esto significa que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador administrará la mayor cadena de abarrotes del país, incluso superando a las más importantes cadenas de tiendas de conveniencia tales como Seven Eleven y Extra, entre otras. Por ejemplo, la mayor cadena es Oxxo y reporta una capacidad instalada en México, después de 41 años de haber sido fundada, de 17 mil 724 locales, y con una tasa de crecimiento de 106 tiendas nuevas cada mes, de acuerdo con datos de la multinacional Fomento Económico Mexicano (Femsa).

›Para garantizar su éxito, la estrategia del gobierno incluye que los locales del gobierno federal, que ahora se llamarán Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), se convertirán en los proveedores de reclusorios, Policía Federal, algunos gobiernos estatales, DIF Nacional y de la Ciudad de México, secretarías de la Defensa, Marina, Salud, Educación Pública; así como del IMSS e ISSSTE.

De paso, el plan prevé aniquilar a las organizaciones campesinas, que ya no recibirán recursos públicos para acabar con el intermediarismo y tratar directamente con los productores.

Aunque la estrategia tiene sus virtudes, reconoció el diputado morenista y dirigente de El Barzón, Alfonso Ramírez Cuéllar, como el que se dé atención en precios a pequeños productores, también tiene defectos: “el problema es que más de 90% de la producción agrícola no tiene un nuevo esquema de acopio, comercialización, ni de garantía del ingreso de los productores, el gran ausente es la definición de una nueva política que garantice cómo el productor llega directamente al mercado”.

Otro de los aspectos de Segalmex que cuestionó el también presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados es que se apoya para su operación en personajes del anterior régimen. “Descansa en los viejos coyotes de siempre, todos los viejos coyotes priistas que se enriquecieron con el saqueo de los agricultores en muchas regiones del país, ahora son la base del acopio en Zacatecas, Durango, en muchos lados”, aseveró.

Ahora, una de los mayores amenazas que se asoma en el panorama para el campo, es el recorte y el subejercicio de recursos para los programas. Por ahora están en riesgo 13.3 mil millones pesos, advirtió el líder de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), José Dolores López Domínguez. 

Ventas garantizadas

El que una administración federal opere empresas que pretendan bloquear a intermediarios y mejorar la calidad de vida de la población comprando a productores de manera directa y vendiendo a precios justos no es nuevo. En los años 30, se creó Azúcar S.A., luego en 1944 Liconsa y en los años 60 Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), dentro de la que operó Diconsa e Impulsora de Pequeño Comercio (Impecsa), una comercializadora de productos al mayoreo.

Pero esta es la primera vez que el gobierno manejará con una infraestructura de este tamaño unificada. Los locales del gobierno federal de Segalmex pretenden lo mismo que sus antecesoras: impulsar “el desarrollo de los pequeños y medianos productores, así como buscar la autosuficiencia alimentaria en los cuatro granos básicos (maíz, trigo, arroz, frijol) y leche” e impulsar la inclusión financiera, de acuerdo con documentos a los que ejecentral tuvo acceso. 

Cambia también el modelo de atención al campo, ya que se regresa a los tiempos de los precios de garantía, como cuando existió el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) en la década de 1980.

Para llegar a cada pequeño y mediano productor de leche, maíz, frijol, trigo panificable y arroz, Segalmex lleva a cabo su propio censo, diferente al realizado por los Servidores de la Nación, y que estará terminado en los próximos días. Y para lograr un modelo que cierre el círculo de la línea de producción de Liconsa y Diconsa, Segalmex será el proveedor de dependencias federales y estatales., pero aún falta resolver el problema de la distribución, como lo advirtieron dirigentes de agrupaciones campesinas. 

Pelea por el mercado

En nuestro país el crecimiento de usuarios de teléfonos inteligentes es mucho mayor que el de las computadoras, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2017, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

›Los números muestran que de 60.6 millones de usuarios en 2016 creció, al año siguiente, a 64.7 millones y es a este mercado al que busca llegar Segalmex en las principales ciudades.

Del total de mexicanos con celular inteligente 36.4 millones instalaron aplicaciones en sus teléfonos, de ellos 92.1% usa mensajería instantánea, 79.8% herramientas para acceso a redes sociales, 69.7% contenidos de audio y video, y 16% alguna aplicación de la banca móvil. Mientras que el Inegi plantea que la proporción de hogares que disponen de computadora registró un descenso de 0.2 puntos porcentuales, al pasar de 45.6% en 2016 a 45.4% en 2017.

Segalmex pretende tener listas 36 mil tiendas en todo el país entre octubre y noviembre de este año y en ellas dar servicios a los usuarios de nuevas tegnologías. Tendrá una capacidad instalada y de distribución similar a la de grandes cadenas de refresco y pan de caja, al llegar a los lugares más remotos del país. En ellas se encontrará, por ejemplo, venta de tiempo aire, cajeros automáticos y pago de servicios, lo que permitirá disminuir la brecha digital.

De acuerdo a la encuesta del Inegi, en 2017 aumentaron en casi seis millones los usuarios de internet en México, al pasar de 65.5 millones en 2016 a 71.3 millones en 2017. En el ámbito rural 39.2% de la población de seis años y más tiene acceso a este servicio.

Los cajeros automáticos se ubicarán en 270 almacenes rurales y en algunas tiendas, colocados por Banorte, Banco Azteca y el Banco del Bienestar. Además, en las tiendas se podrán pagar servicios y tarjetas bancarias, con lo que se pretende avanzar en la inclusión financiera de comunidades rurales, plantean los documentos de creación.

“Relación virtuosa”

El 18 de enero de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la creación de Segalmex como institución descentralizada, con personalidad jurídica propia y coordinada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Su planteamiento reside en promover el desarrollo de pequeños y medianos productores para lograr la autosuficiencia alimentaria en cuatro granos básicos: maíz, trigo, arroz y frijol, así como leche. Pretende también incrementar la productividad y bienestar en zonas más necesitadas del país y también en comunidades rurales.

Segalmex se encargará de administrar Diconsa y Liconsa, que al unificarse, sostienen los documentos de la dependencia, simplificó estructuras, evitó redundancias y armonizó políticas, que tienen como eje los precios de garantía y otros estímulos.

Funcionarios consultados explicaron que incorporaron el trigo y el arroz para eliminar la dependencia del exterior, que en el caso del trigo panificable llega a 85%, y con una mayor producción se lograría la autosuficiencia alimentaria.

Al estar focalizados los precios de garantía, haber un estímulo para la autosuficiencia en granos, sin restricciones de superficie y que el subsidio no repercuta en el consumidor, ocurrirá una “relación virtuosa entre libre mercado e intervención estatal”. 

Estos serán los esquemas:

1. La leche

Sobre Liconsa, la carpeta informativa de Segalmex señala que para el acopio de leche hay una captación diaria de 1.5 millones de litros en los 47 centros. Participan ocho mil pequeños productores que tienen entre una y 35 vacas, y medianos entre 36 y 100 vacas, que fueron inscritos en el padrón desde el pasado primero de enero. 

Esto resulta en 929 millones de litros al año para nueve mil puntos de venta. El padrón que obtendrá el producto supera seis millones de beneficiarios: tres millones son menores de seis meses a 12 años, 1.5 millones, adultos mayores de 60 años; el restante millón y medio es para población de escasos recursos. 

El precio de garantía para la leche es de 8.20 pesos el litro y se comprarán hasta 15 litros por vaca. Funcionarios de Segalmex señalaron que, sobre todo en el sur-sureste, se buscan más centros de acopio con tanques fríos, cerca de pequeñas cuencas lecheras para que el productor traslade fácilmente su producto. Otra alternativa es  comprar camiones y compartirlos.

Antes, 90% de lo que compraba Liconsa se les pagaba tres meses después; ahora, con el precio de garantía les entregarán el dinero de inmediato.

2. Granos

En cuanto al maíz, Segalmex pagará 5 mil 610 pesos por tonelada a un millón 600 mil productores que tienen hasta cinco hectáreas de temporal. Lo máximo que les comprarán serán 20 toneladas a cada uno de los mil 600 productores, sólo en este caso se les dará un apoyo para flete de 150 pesos por tonelada.

En el caso del frijol, el costo por tonelada se plantea a 14 mil 500 pesos si cuentan hasta con 20 hectáreas de temporal o cinco hectáreas de riego. Con un límite de compra de 15 toneladas por cada uno de los 300 mil productores.

Para el trigo panificable les pagarán, planean, cinco mil 790 por tonelada, y el único límite es el de 100 toneladas por cada uno de los 40 mil productores registrados. En el caso de seis mil productores de arroz se les comprará la tonelada a seis mil 120 pesos y el límite serán 120 toneladas por productor.

Funcionarios explicaron a ejecentral que apenas inicia el programa y los primeros beneficiarios son productores de leche y frijol, pero después se apoyará con precios de garantía a los pequeños y medianos productores de los cuatro granos básicos.

Los problemas: distribución y calidad

Los precios de garantía han sido muy criticados desde que los utilizó el Sistema Alimentario Mexicano entre 1980 y 1983. En ese momento tenían dos objetivos: que el Estado suministrara los recursos financieros y materiales necesarios para incrementar la producción de alimentos básicos, y recuperar la autosuficiencia alimentaria del maíz y frijol, y de otros productos básicos. 

En sus escasos tres años de vida, el SAM fue un fracaso, ya que incrementó la dependencia alimentaria, que de acuerdo con el artículo “El Sistema Alimentario Mexicano (SAM): ascenso y decadencia” pasó de 8.1% en 1979, antes de que se implementara a 34.7% en su último año, 1983.

Estos antecedentes, sumados a que no se consultó a los productores, generó un malestar entre ganaderos y campesinos, que si bien consideran que el programa es un avance, presenta serios problemas para el traslado de los productos, además la calidad que se exige es muy alta, y si no se cumple se reduce mucho el precio de garantía.

Tampoco está contemplada la capacitación y mejora de semillas, ni hay propuestas de organización para la movilidad de la carga, por lo que al tratarse de pequeños y medianos productores es difícil que cuenten con los recursos para adquirir transportes.

Para el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, Segalmex sólo atiende un porcentaje de tres a 5% de la producción, cuando el país requiere toda una política agropecuaria.

“Los programas ahora son buenos, pero no constituyen una política agrícola. Segalmex es pequeño y con poco peso productivo, cuando deja afuera la comercialización de cerca del 90% de la producción agrícola y ganadera”, apuntó.

El legislador consideró que en el nuevo esquema las organizaciones campesinas ,como se tenían concebidas, tienen un papel intrascendente, porque antes se dedicaron a fomentar el clientelismo y se arraigaron enormes prácticas de corrupción.

“Creo que el paso que se dio para cambiar el enfoque de cómo llevar los apoyos a las comunidades y a los agricultores fue algo positivo. Ahora también de manera paralela tiene que garantizarse que exista organización social de las comunidades, de los indígenas, de los productores pequeños y medianos, tiene que estimularse y promoverse, porque a final de cuentas tienen que ser organizaciones que defiendan su producción y su precio”, sostuvo el barzonista.

Aunque reconoció: “el problema es que se destruye lo que existía antes y no se está elaborando una política agrícola, lo que hay son programas fragmentados, quizá con grandes insuficiencias”.

El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados adelantó que trabajan en la creación de una nueva Ley Agrícola que será presentada al pleno en el próximo periodo de sesiones, para que en 2020 se cuente con una nueva normatividad que favorezcan otras figuras de apoyo y organización.

“Vamos a crear un nuevo banco, el Sistema Nacional de Crédito, que integre garantías, coberturas, seguros, no tanto como agencia de desarrollo como está la Financiera ahora, con una serie de servicios dispersos; será una sociedad nacional de crédito, que ofrezca posibilidades de acceder al ahorro, que es un gran hoyo. El tema debe verse de manera integral”, recalcó.

ADN infectado 

Hasta ahora, Diconsa y Liconsa gastan mucho más de lo que venden, así lo demuestran las estadísticas de los últimos 29 años. El año pasado, los 27 mil puntos de venta de Diconsa facturaron 14 mil 761 millones de pesos y Liconsa reportó ventas por casi seis mil 650 millones de pesos. 

Pero datos de la Secretaría de Hacienda, muestran que los gastos totales de Diconsa superaron 16 mil 700 millones. Es decir, la paraestatal requirió de 1.13 pesos para ingresar un peso a sus arcas. Por tanto, el gobierno federal inyectó esos 13 centavos.

Además, los gastos en nueve mil puntos de venta de Liconsa superaron 10 mil 62 millones; es decir, que desembolsó 1.48 pesos por cada peso facturado. En este caso, el gobierno federal destinó 50 centavos por cada peso vendido.

Por tanto, ese esquema de comercialización necesitó en 2018 más de cinco mil 650 millones de pesos en transferencias provenientes del presupuesto, de ellas 60% se canalizaron a Diconsa. Es decir, el año pasado 36 mil tiendas que ahora integrarán Segalmex vendieron poco menos de 21 mil 500 millones de pesos; mientras que casi 18 mil locales Oxxo ingresaron ocho veces más, 167 mil 450 millones de pesos. 

Peligro de subejercicio

El  líder de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), José Dolores López Domínguez, aseguró que para que Segalmex funcione debe incluir programas que apoyen a los campesinos con bodegas y transportes, ya que la producción “no es pareja” y la falta de estrategias de distribución puede afectar a los pequeños y medianos productores sobre todo de estados como Oaxaca y Chiapas.

Contrario a lo dicho por el morenista Ramírez Cuéllar, aseguró que el gobierno no les daba recursos económicos directos a las organizaciones campesinas y ganaderas, por lo que exigió al gobierno que no tasen con la misma moneda a todos al acusarlos de corruptos.

A la pregunta sobre si el debilitamiento de las organizaciones campesinas no implicaría el fortalecimiento de Morena, López Domínguez consideró que es una forma de “contención social y de decir ‘quítate tú para que me ponga yo’”, pero que se equivoca, puesto que las organizaciones “no han sido parte del control político”, sino que han apoyado el desarrollo del país.

Otro de los graves problemas que el dirigente planteó en entrevista con
ejecentral es la falta de recursos y el riesgo de subejercicios para la atención del campo. En el primer trimestre este gobierno ya superó por dos mil millones de pesos el recorte presupuestal del Programa Especial Concurrente y tiene un subejercicio de 13.3 mil millones pesos.

Precisó que para el primer trimestre de 2019, de 800 millones de pesos autorizados para el Crédito Ganadero solamente han utilizado 90 millones y del presupuesto para fertilizantes, que asciende a nueve millones, el gobierno no gastó un solo peso en estos tres meses. Mientras que en los precios de garantía, cuyo presupuesto autorizado era de 2.5 millones de pesos, no queda ni un centavo. 

Para Nabor Ojeda, de la Confederación Nacional Campesina (CNC), el gobierno federal debió hacer primero un análisis de qué cultivos se requieren en distintas zonas del país. 

En algunas regiones, como el Bajío con los frutos rojos o Michoacán con el aguacate, dijo, se han logrado grandes avances para el consumo interno y la exportación. Mientras que en el sur-sureste sí se requieren los precios de garantía, porque tiene principalmente tierras de temporal; aunque es posible cambiar sus cultivos a algunas frutas tropicales que les permitirían exportarlas.

Respecto a la decisión del gobierno federal de no entregar recursos a las organizaciones campesinas, Nabor Ojeda consideró que es una oportunidad para fortalecerse y ofrecer nuevas alternativas.

Criticó también que en la propuesta de Segalmex no esté considerada la distribución de los productos, pues los campesinos y ganaderos no cuentan con los recursos suficientes para ello; aunado a que las tiendas rurales no funcionan adecuadamente, ya que principalmente “venden productos de las grandes empresas como Bimbo y Lala más que de los productores del campo”.

La calidad es un problema. Por ejemplo, Fidel Hernández, de la CNC, explicó que que Segalmex exige alta calidad sin aportar fertilizantes ni mejores semillas. 

También en el diseño de la estrategia para la leche hay “un grave problema: la compran cada tercer día cuando las vacas deben ordeñarse diariamente”, lo que provoca que parte de la producción la tengan que “malvender a las grandes empresas”, sumado a las “serias dificultades” que tienen con su transportación a los centros de acopio.

“A ver si los acuerdos con Estados Unidos son como dice el Presidente de ese país y nos darán una sorpresa en las importaciones y exportaciones del sector agropecuario, que tendrán repercusiones en los programas del campo. Además pueden significar un incremento de la importación de granos, lo que nos alejaría de la autosuficiencia alimentaria que busca la Cuarta Transformación”, apuntó Hernández. 

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