A cinco años de la masacre de Tlatlaya, en la que al menos 12 personas fueron asesinadas por elementos del Ejército mexicano, el encubrimiento y la impunidad en el caso son un mensaje negativo sobre la intervención militar en la seguridad pública en el momento en que ha entrado en operación la Guardia Nacional, consideró el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
“Si los hechos no son esclarecidos y los responsables a todos los niveles sancionados, se estará entendiendo que la privación de la vida en el contexto de la intervención militar en la seguridad pública no tiene consecuencias, lo que sin duda puede repercutir en nuevas y graves violaciones a derechos humanos”, consideró el Centro Prodh en un comunicado difundido el mismo día en el que oficialmente arrancó la implementación de la Guardia Nacional en el país.
La organización de derechos humanos lamentó que a la fecha no hay ningún responsable rindiendo cuentas ante la justicia por el caso.
Los hechos
El 30 de junio de 2014, 22 personas fueron privadas de la vida en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México.
Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señaló que esto fue resultado de un enfrentamiento entre un grupo de la delincuencia y elementos del 102 Batallón de Infantería.
Sin embargo, versiones periodísticas revelaron que entre 12 y 15 muertes fueron resultado de ejecuciones cometidas cuando los civiles ya se habían rendido y que existió alteración de la escena del crimen para encubrir a los responsables, además de la tortura a las sobrevivientes para que no revelaran lo que verdaderamente sucedió.
El Centro Prodh logró acreditar, además, que días antes de los hechos la unidad castrense implicada en las ejecuciones había recibido de sus mandos una orden que literalmente instruía “abatir civiles en horas de oscuridad”.
La PGR inició y consignó la Averiguación Previa AP/PGR/UEITA/161/2014, en la que acusó a siete militares por el homicidio de 8 civiles y por encubrimiento, pero debido a que no ofreció pruebas contundentes para señalar la identidad individual de los soldados responsables, estos fueron liberados.
El el comunicado, el Centro Prodh destaca que “gracias a la incansable búsqueda de justicia de Clara Gómez González, quien perdió en los hechos a su hija Ericka, adolescente al momento de los mismos, el 31 de julio de 2017, el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México ordenó a la PGR, mediante una sentencia dictada dentro del Juicio 545/2017, que realizara con debida diligencia la investigación de los hechos”.
A pesar de esta sentencia y a pesar de los pronunciamientos a favor de la justicia en el caso por parte de organismos internacionales, a la fecha no hay un avance que se dirija al esclarecimiento de la verdad ni existe resolución alguna que sancione por homicidio a los funcionarios militares implicados en el caso, lamenta la organización en defensa de los derechos humanos.
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