Andrés Domínguez Por haber condicionado el voto a favor del PRI en las elecciones del 2015 en Tapachula, Wendoly Susana “N”, funcionaria de Prospera en Chiapas, fue sentenciada a seis meses de prisión y cincuenta días de multa, resolvió la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
Dos años después de los hechos, la Fepade de la Procuraduría General de la República (PGR) señaló que quien fuera vocal del Prospera, amenazó con suspender a beneficiarios del programa si no realizaban actividades a favor del entonces candidato del PRI a la presidencia municipal, el hoy alcalde Neftalí del Toro Guzmán.
Por ello, fue señalada por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito electoral, con base en el artículo 7, fracción VII, párrafo tercero de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Según cifras de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Chiapas es la entidad con más familias beneficiadas con el programa de inclusión social Prospera, con un total de 694 mil 131, de un millón 189 mil 145 registradas. Es decir, 58.4% de las familias chiapanecas recibe algún beneficio de este programa social. A la inculpada, se le atribuye haber reunido en su domicilio, en la ciudad de Tapachula, a beneficiarias de dicho programa el 5 de junio de 2015, a quienes amenazó con darlas de baja si no votaban por el PRI, partido al que ella apoyaba, y señalarles que debían acudir a un evento en la Feria de los Mesoamericanos, vestidas con blusa blanca en apoyo de uno de los candidatos del tricolor.
Con su actuar, Wendoly Susana “N”, “vulneró el bien jurídico tutelado por la norma, como es la libertad del voto, y también los derechos sociales reconocidos por el Estado mexicano al condicionar el beneficio que otorga el gobierno federal, a las personas en el programa Prospera”, informó la Fiscalía para delitos electorales.
En 2015, en Tapachula se realizaron elecciones extraordinarias para elegir a su presidente municipal y 2 diputados locales. En dichos comicios el ganador a la alcaldía fue el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Este no es el primer caso en que un programa social se usa con fines políticos. El más reciente ocurrió el 22 de abril pasado, cuando el senador Roberto Albores Gleason, presentó su informe ciudadano en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el cual dos reporteros fueran expulsados del lugar y entregados a policías municipales por haber expuesto la situación que vivían mujeres al interior del Estadio Víctor Manuel Reyna, quienes señalaron haber sido obligadas a asistir para no perder su afiliación ha dicho programa.
Esta denuncia, puso al descubierto además, que Rubén Zuarth Esquinca, senador suplente de Albores Gleason, ocupa un puesto como coordinador de Prospera en la entidad.
Chiapas sigue siendo uno de los estados con mayor pobreza del país y el primero en afiliaciones a Prospera, por lo que la pronta actuación de la Fepade ayudará a inhibir que políticos se promuevan violando la ley y amenazando a los chiapanecos con su continuidad en programas sociales federales. EC